El Ministerio de Hacienda de El Salvador reportó al FMI la culminación del proceso para sustituir títulos de corto plazo por bonos de mediano plazo. Esta deuda alcanzó $1,357.8 millones al cierre de 2024.
El Ministerio de Hacienda concluyó la reestructuración de la deuda de corto plazo. La culminación de este proceso está consignada en el Plan Fiscal 2025-2027, un documento que Hacienda le presentó al Fondo Monetario Internacional (FMI), antes de someterse a un programa para equilibrar las finanzas públicas y cuyo cumplimiento permitirá al Gobierno salvadoreño obtener hasta $1,400 millones.
“Con esta operación se disminuyó la exposición de los bancos en instrumentos soberanos de corto plazo a la vez que se descomprimió la presión de caja. Esta operación ha sido completada al ciento por ciento”, dice el Plan Fiscal 2025-2027, en un apartado sobre la estrategia fiscal del gobierno.
Esta iniciativa se remonta a agosto de 2023, cuando la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA) publicó un comunicado en el que propuso al Ministerio de Hacienda una nueva estructura para la deuda de corto plazo, es decir, aquella cuyos títulos no sobrepasan los 365 días.
La propuesta era colocar títulos a plazos de 2,3,5 y 7 años con el fin de “obtener un mejor perfil de vencimientos de las obligaciones financieras de El Salvador a mediano plazo”.
El Ministerio de Hacienda comunicó en septiembre de 2023 que aceptaba el plan de la banca privada. Ese mes, la deuda de corto plazo alcanzó los $2,710.7 millones, entre Letras del Tesoro (LETES) y Certificados del Tesoro (CETES), una cifra histórica.
En octubre de 2023, el Ministerio de Hacienda comenzó las emisiones de bonos locales en la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES) para sustituir los títulos de corto plazo por títulos de mediano plazo.
Hacienda confirma en su plan fiscal que dicha operación inició en octubre de 2023 y reveló que fueron $1,000 millones de deuda con vencimiento a un año la que se trasladó a deuda de mediano plazo en tramos de 2, 3, 5 y 7 años incluyendo un plan de amortización para los bonos de 5 y 7 años.
En septiembre de 2023, el ministro de Hacienda, Jerson Posada, estimó que la institución iba a reestructura un 54% de la deuda de corto plazo, que en ese momento se acercaba a los $2,800 millones, por lo que la sustitución de títulos rondaría los $1,500 millones en títulos que estaban en poder de los bancos.
“Hemos trabajado mucho en esta propuesta de forma coordinada con la banca. Esto constituye una mejora a la sostenibilidad de la deuda, lo que buscamos es trasladar la deuda de corto plazo, que nos ejerce bastante presión en la caja fiscal, a mediano y largo plazo”, dijo Posada en 2023.
En esa ocasión Posada dijo que uno de los objetivos tras esta operación era “no volver a tomar esa deuda”.
La deuda de corto plazo, conformada por LETES y CETES, cerró en 2024 con un saldo de $1,357.8 millones, las LETES alcanzaron un monto de $1,104.7 millones, una cantidad todavía elevada si se compara con los niveles previos a la pandemia de covid, mientras que los CETES llegaron a $253.1 millones.
En 2023, esta deuda totalizó $2,390.2 millones: $1,300.4 millones en LETES y $1,089.8 millones en CETES. Por lo que la partida que más ha disminuido es la de los CETES, de acuerdo con los datos publicados por Hacienda.
¿Por qué la deuda de corto plazo se disparó? Esta porción de la deuda pública salvadoreña subió en 2020, año de la pandemia, tras fuertes colocaciones de ambos instrumentos en la BVES.
En marzo de 2020, Hacienda colocó más de $400 millones en LETES. De esa emisión se tomaron $375 millones para el pago de un bono de $300 a familias que perdieron sus ingresos por la paralización de actividades para contener la expansión del virus, según indicó el Gobierno salvadoreño en esa época. Para mayo de 2020, el saldo de la deuda en LETES había alcanzado los $1,527.4 millones.
Ese mismo año, el gobierno emitió $645 millones en CETES, monto con el que afirmó iba a “fondear” un fideicomiso de apoyo a las mipymes, y el cual incluía el otorgamiento de un subsidio para el pago de planillas y líneas de crédito para los sectores formal e informal de la economía.
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