La mayoría de los proyectos habitacionales se han concentrado en un segmento de venta de $100,000 en adelante, pero las opciones de vivienda por debajo de ese precio no han sido atendidas.
El sector de la construcción ejecuta actualmente más de 60 proyectos habitacionales que en su mayoría son viviendas de altura y cuyos precios sobrepasan los $100,000, un valor que la clase media no puede costear.
El presidente de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (CASALCO), José Antonio Velásquez, reconoció que hay una reducida oferta de vivienda para segmentos que casas con precios entre los $50,000 y los $80,000. Aseguró que hace unos días se reunió con la ministra de Vivienda, Michelle Sol, para discutir alternativas que permitan más opciones asequibles para los salvadoreños.
“Hay una realidad y es que se deben construir más viviendas que cubran la parte baja de la pirámide. “Debe de haber viviendas abajo de los $100,000”, afirmó Velásquez, en declaraciones a la prensa.
“Ahorita nos comprometimos con la ministra para hacer estudios en conjunto (y analizar opciones de vivienda) de entre $40,000 y $50,000, pero hay otro rango de vivienda que se debe manejar entre los $50 y los $100,000, alrededor de los $80,000”, agregó.
“Hay una realidad y es que se deben construir más viviendas que cubran la parte baja de la pirámide. Debe de haber viviendas abajo de los $100,000”. José Antonio Velasquez, presidente de CASALCO
El arquitecto urbanista y catedrático de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Carlos Ferrufino, reconoce que ha habido un aumento importante en el precio de la vivienda en los últimos años y atribuye este efecto a una combinación de factores que han llevado a encarecerla: las empresas inmobiliarias se han centrado en construir viviendas de altura para segmentos de más altos ingresos porque estas tienen una mayor rentabilidad.
Además, el gobierno dejó de involucrarse desde hace muchos años en la construcción de vivienda social y dejó que el mercado decidiera los precios de acuerdo a la oferta y demanda. Por su parte, el sector privado no tiene incentivos para producir viviendas a precios más asequibles para los ingresos de la mayoría de las familias salvadoreñas y por ser un país con un territorio limitado, el suelo está agotado.
Según Velásquez, durante la reunión que tuvo con la ministra Sol, la funcionaria dejó claro que el gobierno no se involucrará en un control de precios.
“La ministra decía claramente: ‘no, nosotros no nos podemos meter a regular precios’”, aseguró Velásquez.
Ya en otra oportunidad, el mismo presidente Nayib Bukele, aseguró en un conversatorio virtual: “Yo no creo en el control de precios”. Según Bukele, en vez de regular precios, lo que están haciendo es fomentar la construcción de viviendas.
Para Ferrufino, “lo peor que se puede hacer es no hacer nada. Es seguir dejando que la vivienda sea una mercancía”, señaló el urbanista, que recordó que la vivienda es un derecho.
La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2022 indicaba que de los 1,984,825 hogares incluidos en esta medición, 1,027,695, es decir, el 51.78% son propietarios de su vivienda. El resto de hogares son inquilinos temporales, guardianes, colonos u ocupantes gratuitos de su vivienda.
“Lo peor que se puede hacer (en el tema de vivienda) es no hacer nada. Estado tiene que involucrarse en la produccion de vivienda, producir vivienda accesible, de entre $20,000 y $50,000”. Carlos Ferrufino, arquitecto y urbanista de la UCA
Entre las alternativas que Ferrufino plantea para reducir el costo de la vivienda están, principalmente, que el gobierno se involucre en la construcción de viviendas. “El Estado tiene que involucrarse”, afirmó.
En el pasado, el gobierno de Mauricio Funes lanzó el programa Casa para Todos, un plan que prometía la construcción de un total de 25,000 casas de las cuales solo 5,000 se edificaron. Sin embargo el proyecto no tuvo seguimiento y fue olvidado por las siguientes administraciones.
Para Ferrufino, este proyecto no tuvo éxito porque no se le dio seguimiento y no se supo comercializar bien.
El experto indicó además, que la construcción de estas viviendas tiene que estar dirigida a segmentos de venta de entre $20,000 y $50,000. “Se tiene que favorecer la producción de vivienda social”, afirmó.
Fundaciones como Techo, Habitat El Salvador, FUSAI y otras, han construido más de 200,000 unidades habitacionales en los últimos 50 años, y son ejemplo de los planes que podrían replicarse a nivel nacional, con el apoyo del gobierno.
Otra de las alternativas es el involucramiento de las municipalidades en la construcción de viviendas. Guatemala, por ejemplo, tiene una empresa municipal que se encarga de desarrollar los proyectos habitacionales en las localidades.
Jorge Regazzoli, un arquitecto salvadoreño que lidera el colectivo ID Urbe y Regazzoli+RDA, ha presentado ocho propuestas para reducir el precio de la vivienda y asegura que sí hay alternativas para que las familias salvadoreñas puedan costear una casa.
“Hay alternativas. No necesariamente tiene que ser un control de precios”, afirmó.
Entre sus propuestas ha incluido no solo incrementar la vivienda social, sino también, reformar la ley de inquilinato, facilitar acceso a créditos, establecer impuestos a viviendas ociosas y regular plataformas como Airbnb, entre otras.
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