Otra advertencia de los abogados es que recibir venezolanos sin una base legal y a cambio de dinero podría ser “trata de personas”.
Tras analizar la amenaza de la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, de “cazar a todo migrante ilegal criminal” y enviarlo a prisión a El Salvador, abogados advierten violaciones a tratados internacionales relativos a derechos humanos, por ambos países, pero sobe todo por parte de El Salvador.
Los tratados internacionales sobre prisioneros incluyen reglas basadas en su protección como el respeto y dignidad, no discriminarlos por ningún motivo, no deben ser torturados o sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes, según explica la abogada penalista Marcela Galeas.
“Existe una situación sobre este punto en cuanto al debido proceso, derechos humanos y la legalidad de las detenciones, que obedecen no únicamente al ordenamiento jurídico de cada país sino a tratados internacionales”, sustentó.
Con la expulsión de los 238 venezolanos desde los Estados Unidos, la preocupación por las vulneraciones a sus derechos humanos ha sido puesta en discusión por organismos internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y un juez de la Corte Federal del distrito de Columbia.
El abogado constitucionalista, Enrique Anaya, ha respaldado esta postura sosteniendo que El Salvador se encuentra en una situación más complicada al recibir a los migrantes venezolanos sin ninguna base legal, en un acuerdo negociado con la administración de Donald Trump a cambio de $6 millones al año por el resguardo en prisión de 300 de ellos.
“En El Salvador, la situación es aún más preocupante. En Estados Unidos, al menos se invocó una ley para justificar las deportaciones. En cambio, en El Salvador no se ha invocado ninguna ley. Ni la Constitución ni ninguna normativa vigente permiten recibir detenidos en el extranjero bajo estas condiciones”, expuso Anaya.
Advirtió, además, que esto podría constituir “un negocio de tráfico de personas, ya que el Estado salvadoreño está recibiendo dinero por retenerlas sin ninguna base legal, claramente estamos ante una violación grave de derechos”.
También sustentó el análisis de la abogada Galeas, aludiendo que El Salvador ha sido firmante de tratados como la Declaración Americana de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros, y está obligado a cumplirlos y a respetarlos.
“Si la retención de estas personas es ilegal, como yo sostengo, entonces pueden derivarse consecuencias jurídicas”, enfatizó Anaya.
La coordinadora de Justicia Migrante de Alianza Américas, Yanira Arias, sostuvo que el discurso antimigrantes en Estados Unidos no es nuevo.
“No es un mensaje novedoso, sino más bien una continuidad del discurso dominante sobre la migración irregular: restringir, castigar y el uso de fuerza. La persona que mas recientemente dijo 'no vengan' fue la expresidenta Kamala Harris. La diferencia entre una administración y otra es que la anterior utilizó una diplomacia disfrazada, pero impuso órdenes claras a la región para servir como frontera extendida y como sus policías migratorios”.
Desde el inicio de su campaña electoral, Trump dejó claro como uno de sus principales objetivos la deportación de todos los inmigrantes que se encuentran de forma irregular en Estados Unidos. Noem, también ha desarrollado su discurso en una postura antimigrantes y lo enfatizó en su visita a El Salvador.
La secretaria Noem advirtió, en su reciente visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), que todos los “migrantes criminales” que sean serán arrestados en los Estados Unidos podrían ser recluidos en la megacárcel que fue ofrecia hace una semanas por el presidente Bukele al gobierno estadounidense.
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