Este miércoles 20 de noviembre, representantes de personas afectadas por el desfalco de la Cooperativa Santa Victoria (Cosavi) con el apoyo de la Unidad de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc) presentaron un escrito ante el comisionado de derechos humanos y libertad de expresión, Andrés Guzmán, solicitándole una mesa de diálogo para resolver la situación del impago de sus ahorros. 

Manifestaron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Libertad de Expresión tiene la facultad, según decreto presidencial, de proteger los derechos humanos y de crear una “mesa de diálogo con las instituciones con las instituciones que están vulnerando este derecho humanos a todas las familias afectadas y llegar a una solución concreta”. 

La carta que iba suscrita por al menos 120 víctimas del fraude de la cooperativa, evidencia que en dicho caso se han vulnerado “gravemente los derechos humanos”, entre ellos, el artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el derecho a la libertad de propiedad, como ha sucedido a estas familias “al no poder tener control o administrar los fondos que por años han estado ahorrando”, aseveró Rudy Joya, abogado de la Unidehc. 

Señalaron también la falta de transparencia sobre la información que las instituciones deben brindar a las víctimas, como la Fiscalía General de la República (FGR) y la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF). Dijeron que esta última aún no ha contestado los escritos presentados a mediados de septiembre, en la que le pedían rendición de cuentas de cómo están manejando los fondos. 

“Lamentamos que ya casi más de seis meses, el comisionado no se ha pronunciado. Él puede argumentar que desconoce del caso, pues hoy queremos darle a conocer el caso y que se pronuncie y que tutele esos derechos que se nos han violado. Incluso, el derecho a la información que es un derecho humano fundamental y hasta ese derecho se nos ha violentado con la última resolución arbitraria que toma la Superintendencia del Sistema Financiero”, dijo Juan José Ortiz, representante de las personas afectadas. 

Esto último lo dijo en referencia a la declaratoria de reserva que realizó en junio de este año la SSF sobre todo lo relacionado a Cosavi.

Las personas afectadas manifestaron que no comprenden por qué, si son fondos que no están congelados sino que están siendo administrados por el Estado, la SSF no quiere informar sobre cómo está manejando este dinero, algo que califican como ilegal, ya que siendo una cooperativa debería funcionar de manera autónoma con sus asociados; así como la asignación de las capas.

Dijeron que entre los afectados y afectadas hay deudas de $15,000 a $50,000 y no tienen cómo pagarlas. 

“Recordemos que hay personas adultas mayores,  con enfermedades crónicas, personas que tienen deudas y que no han podido cubrir todas estas necesidades que amerita un nivel de vida digno”, indicó Joya.