La Fiscalía General de la República (FGR) tomó la decisión de archivar una denuncia interpuesta por una periodista de LA PRENSA GRÁFICA que fue víctima de privación de libertad por agentes de seguridad y de censura a la libertad de expresión en 2022, cuando documentaba la construcción del Centro para el Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

El 13 de diciembre de 2022, un grupo de comunicadores de LA PRENSA GRÁFICA, que incluía a la periodista Claudia Espinoza, fue intimidado y amedrentado por miembros de la Policía, el Ejército y agentes penitenciarios mientras cubrían los avances en la construcción del CECOT en Tecoluca, San Vicente.

En esa ocasión, las tres personas del equipo periodístico fueron retenidas por más de dos horas; se les obligó a borrar fotografías y videos que habían tomado del lugar e intentaron decomisar sus cámaras y otras herramientas de trabajo. Además, se les violó su privacidad al revisar sus teléfonos.

Debido a ello Espinoza, con el apoyo de la Clínica de Primeros Auxilios Jurídicos de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), presentó en noviembre de 2023 una denuncia para que Fiscalía investigara los hechos, pero el ministerio público decidió que no había delitos que perseguir.

"El 24 de octubre de 2024, el equipo legal de la APES fue citado junto a la periodista a una reunión donde la fiscal del caso les notificó el archivo del mismo. La fiscal argumentó su decisión señalando que la víctima se encontraba en una zona de acceso restringido, donde la toma de fotografías y videos está prohibida. Adicionalmente, indicó que el caso no constituye una violación a la libertad de expresión; finalmente, mencionó que las investigaciones no lograron individualizar a los policías involucrados", sostiene que la APES en un comunicado emitido este 27 de marzo de 2025.

El equipo legal de la APES sostiene que ni ellos ni la periodista fueron informados en ningún momento sobre las diligencias de investigación que se realizaron para llegar a la conclusión de la ausencia de delitos.

La fiscal encargada del caso no mostró los resultados de las investigaciones realizadas y tampoco se le permitió ver el expediente como parte de los derechos que poseen las víctimas, según lo establecido en el artículo 106 del Código Procesal Penal", agrega la APES.

"Busqué a la Fiscalía porque debe quedar registro que las y los periodistas sí estamos viviendo restricciones y amedrentamiento de las autoridades de seguridad pública. Y aunque no esperaba resultados positivos, realmente fue peor. Cuando la fiscal me explicó por qué archivaba el caso solo me dio argumentos en favor de las autoridades y cuestionó mi labor periodística", agregó Espinoza.

En diciembre de 2024 se presentó una denuncia ante la PDDH para que se investigará la decisión de la Fiscalía, pero hasta la fecha no hay respuestas.

La APES insta a las autoridades a que brinden acceso al expediente judicial y que se esclarezca lo sucedido.