La construcción en altura era toda una novedad en la región en los cincuenta. Algunos apartamentos fueron pensados directamente para los sectores de profesores de primaria, secundaria y la Universidad pública. Sin embargo, para poder habitar en ellos, de manera general, los interesados fueron investigados y se les entregaron manuales con reglas entre las que se prohibía tener mascotas, molestar con ruidos a los vecinos, dormir con hijos mayores de dos años en la misma habitación o ausentarse más de una semana sin solicitar previamente un permiso. ¿Qué más se conoce de ellos?
Vista aérea del Centro Urbano "José Simeón Cañas" en la colonia Zacamil, construido entre 1966 y 1987. Foto de LA PRENSA/Dennis Argueta
Los primeros edificios multifamiliares en El Salvador y Centroamérica aparecieron en los años cincuenta como una alternativa de vivienda barata para miles de familias que urgían de un techo digno para vivir pero no tenían los recursos para comprar una casa a precio del mercado. Sin embargo, esta solución habitacional no ocurrió de la noche a la mañana; sino fue el culmen de una serie de acontecimientos en los años anteriores.
Para comprender mejor cómo ocurrió su surgimiento, que además era un hito en el tipo de construcciones de la región, es imprescindible saber qué pasó previamente.
Hasta antes de que los edficios multifamiliares hicieran su aparición en el paisaje salvadoreño, los mesones constituyeron una opción de vivienda precaria pero accesible en San Salvador para las familias de bajos ingresos durante la primera mitad del siglo pasado, incluso hasta entrada la década del setenta, mientras la ciudad organizada en barrios absorbía una masiva migración desde las áreas rurales y ocurría el crecimiento de la capital.
Ahí, “una reducida capa media conformada por profesionales, estudiantes y algunos empleados públicos y del sector privado tenían sus residencias en los diferentes barrios de San Salvador, algunos de los cuales compartían su vida en los mesones con grupos de obreros y artesanos”, recoge América Rodríguez Herrera en el libro San Salvador, historia urbana.
Relata que “se aglomeraban en los mesones los sectores populares que constituían las amplias capas de artesanos, pequeños comerciantes y población rural recién emigrada”, para lo cual fue clave el traslado de las familias acaudaladas que sucedía al mismo tiempo, a partir de los años treinta, hacia las colonias nacientes alrededor del centro de San Salvador: Escalón, Flor Blanca, La Rábida, entre otras.
“Este paulatino abandono de la élite del centro capitalino, que dejó atrás sus antiguas residencias en el centro, fueron fraccionadas y transformadas en viviendas colectivas ante las nulas opciones de viviendas para los pobres de la capital; surgen así los denominados mesones donde las condiciones de vida eran de mucha pobreza e insalubridad”, relata el arquitecto Juan Carlos Chicas Molina en un artículo sobre la vivienda popular en San Salvador, publicado para una revista de la Universidad Dr. José Matías Delgado.
“Así también, se construyeron mesones que llegaron a albergar hasta a mil familias. Fueron famosos los mesones La Bolsa, Serpas y Renson”, reseña Rodríguez. Sin embargo, esta opción -que carecía de privacidad y condiciones higiénicas- se volvía cada vez más insuficiente a medida que transcurrían los años y el número de capitalinos crecía.
Chicas recoge que “los mesones pasaron de ser 312 en 1924 a 526 en 1929, situación que empujó a condiciones de insalubridad, informalidad comercial y de vivienda, ocupando sitios como los arenales y antiguas líneas del ferrocarril”.
Ante la referida situación, la incipiente clase media empezó a “empujar demandas de mejoramiento de sus condiciones materiales de existencia”, de acuerdo con Chicas.
Era la época de la crisis mundial de la Gran Depresión en 1929 y, en un ámbito local, el descontento social por las desigualdades en el territorio salvadoreño quedó retratada en la publicación de la obra literaria y de crítica social “El Mínimum Vital” del profesor Alberto Masferrer. En ella definió “al mínimum” las “necesidades primordiales vitales, supremas” de las personas que debían ser garantizadas, entre las cuales situó la “habitación amplia, seca, soleada y aireada”, junto con el trabajo, la alimentación, el descanso, la asistencia y la justicia, entre otras. Tres años más tarde, estallaría el levantamiento campesino de 1932, la represión y la matanza de miles bajo la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez que había iniciado solo unas semanas antes, en diciembre de 1931.
Con ese contexto por delante y mientras el Gobierno trataba de “solventar las demandas cada vez más persistentes a raíz de la crisis económica mundial, se elaboran algunas reformas que se decretaron después del levantamiento campesino de 1932, algunas de ellas incluyeron la creación del Fondo de Mejoramiento Social, el cual se encargaría de proporcionar viviendas económicas y de realizar reformas a la posesión de tierras agrícolas, uno de los puntos más álgidos de las demandas de la época”.
Dos años antes, en 1933, se había creado la Ley sobre el bien de familia, “la cual dictaminaba la importancia de la propiedad inmueble para las familias salvadoreñas, no importando su condición económica”. El Fondo inició la construcción de casas individuales, pero no tuvo éxito para cumplir los objetivos trazados, puesto que no eran suficientes ni en la cantidad ni en el monto al que se ofrecían para solventar la necesidad de las mayorías.
Tras el fin de la dictadura Hernández Martínez, un golpe de estado y la “Revolución del 48”, El Salvador solicitó a una consultora estadounidense de Chicago un estudio integral sobre la problemática de vivienda en El Salvador, la cual estimó que era necesario construir prontamente unas 75 mil viviendas y la creación de lo que poco después fue el Instituto de Vivienda Urbana (IVU), indica una investigación de la Universidad de El Salvador (UES) sobre la política habitacional en el país entre 1948 y 1960.
Iniciaba la segunda mitad del siglo XX en un El Salvador que estrenaba una reforma constitucional y un reciente gobierno centrado en la solución del problema habitacional y el despegue de la modernización del país, que incluyó la construcción de presas hidroeléctricas, carreteras, autopistas y puentes, aeropuertos, inversiones en sistemas de telecomunicaciones y electrificación, entre otros, reseña Chicas.
En el mundo era la época de la posguerra y había una presión desde el recién creado Organismo de Naciones Unidas (ONU) y de la política internacional estadounidense para que los países trabajaran por erradicar la pobreza.
En El Salvador había un intenso reclamo social para obtener una solución a la vivienda accesible, el cual se arrastraba desde las décadas anteriores. Para entonces aún no se había realizado proyectos de vivienda media o popular a gran escala.
“El Gobierno de (Óscar) Osorio impulsó la institucionalización y la tecnificación de las anteriores oficinas del Fondo de Mejoramiento Social, creando la Dirección de Urbanismo y Arquitectura (DUA) y el Instituto de Vivienda Urbana (IVU)” con el fin de construir casas subvencionadas para los sectores de trabajadores y campesinos, según Chicas.
Para ello se emplearon arquitectos de diferentes nacionalidades. Además de salvadoreños, había suecos, argentinos y alemanes. También, tuvo que solucionarse el problema de la escasez de cemento, para lo cual se procuró el desarrollo de empresas en este rubro para que proveyeran al Estado de la materia prima para la construcción de casas.
El IVU intensificó la edificación de inmuebles de interés social en los siguientes treinta y cinco años en la capital, con el principal objetivo de proveer viviendas urbanas, higiénicas, cómodas y económicas para familias de escasos y medianos recursos. Junto a ello se crearon varias leyes para facilitar la labor, entre ellas la Ley de Expropiación de terrenos (1952) para las obras del IVU, que le permitía adquirir las tierras que necesitaba para las construcciones.
Entre sus primeros proyectos figuran la colonia Las Delicias en Santa Tecla, en 1951, con casas que contemplaban un antejardín y patios amplios, de tres tipos, según eran para trabajadores, empleados y “mínimo”.
Para entonces, la estimación de población en El Salvador era de unos dos millones de personas, y en el Gran San Salvador según un censo de 1950 era de 296 mil personas.
El IVU fue un pionero en Centroamérica en incorporar como componente principal de sus proyectos la vivienda en altura, la cual permitía utilizar menos terreno para ubicar a multitudes de familias. Fue así como hicieron su aparición entre 1950 y 1980 miles de apartamentos en los complejos de edificios diseminados en la capital a los cuales se les denominó: Centros Urbanos.
Muchos de los que llegaron a vivir en ellos provenían de los mesones del Gran San Salvador. Para habitar en ellos, los interesados fueron investigados, seleccionados y recomendados previamente por el servicio de trabajadores sociales del Instituto de Vivienda Urbana.
Al sacar un promedio de los ingresos de los habitantes de todos los centros urbanos hasta 1979, se estimaba que era de 400 colones mensuales. Sin embargo, si se desglosaba por proyecto se podía ver que los del Centro Urbano Santa Anita eran los que menor ingreso, con alrededor de 300 colones mensuales; frente a los del Centro Urbano Libertad, quienes eran los que más percibían, con salarios promedio de 700 colones. Esto último coincidía en que además estos eran los apartamentos más grandes y también los más caros en términos de inversión individual, según un documento en el que se refleja un análisis del costo de construcción de los diferentes centros urbanos del IVU y las capacidades económicas de los ocupantes.
Algunos Centros Urbanos fueron equipados con escuelas y espacios de recreación como parques y casas comunales, incluso un teatro. En los primeros niveles de los edificios se construyeron también mercados o locales comerciales. “La visión era dar una solución espacial a necesidades cotidianas”, destaca el artículo de Alejandra Barahona en un ensayo publicado en la Revista Realidad de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas titulado “La vivienda social en El Salvador (1940-1980)”.
El Centro Urbano Monserrat II (ahora conocido como IVU) y el “José Simeón Cañas” de la Zacamil son los dos más grandes de todos, con un total de 1,040 y 4,696 apartamentos, respectivamente. En tanto, el Centro Urbano Libertad es el que tiene los apartamentos más grandes con la inversión individual más cara.
La construcción de los 288 edificios en la Zacamil se hizo en varias etapas a partir de 1966 y hasta 1987. Además, entre 1961 y 1967 se construyeron por primera vez en Latinoamérica edificios multifamiliares bajo el sistema de autoconstrucción. “En esta modalidad, los beneficiarios de las viviendas participaban en la realización para reducir el costo que habría implicado contratar mano de obra especializada. Para ello se les capacitaba en su tiempo libre y fines de semana”, describe Barahona.
Por otro lado, los docentes organizados en la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños (ANDES) hicieron presión para que se construyeran apartamentos destinados a los maestros de primaria y secundaria, con lo que se construyó la zona magisterial, conocida también como “los quinientos”, conformada por 42 edificios.
“Estos apartamentos eran considerados los más grandes del complejo habitacional, el resto de apartamentos fueron diseñados para sectores de la población cuyos ingresos eran más bajos”, indica Ilsi Peñate en una investigación sobre la “Vivienda popular en altura” de la Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC).
Además se construyeron como parte del complejo las zonas de “los cuatrocientos” (72 edificios), “del hoyo” (29 edificios), del exmercadito, del parque y de la supermanzana (72 edificios). Esta última fue la que se construyó al final, con edificios de cinco niveles, y es la que resultó más afectada durante la guerra civil salvadoreña.
Centro Urbano IVU (1968): Este comenzó a construirse en 1965 por etapas y terminó en 1968, totalizando 65 edificios de cuatro niveles con 1,040 apartamentos.
Centro Urbano Libertad (1961): Son 18 edificios de cuatro niveles con 140 apartamentos de 70 metros cuadrados, un kinder y un parque que se construyeron entre 1959 y 1962.Tuvo un costo de 1.6 millones de colones. Se trató de los apartamentos más grandes y caros respecto al resto, pues la inversión individual rondaba los 11 mil colones.
Particularmente, este proyecto estaba dirigido a empleados de la Universidad de El Salvador, que estaba al frente, y se consideraron para familias de seis miembros, de acuerdo con una investigación de la Universidad Tecnológica sobre “La vivienda popular en altura como solución habitacional”.
Centro Urbano Lourdes (1956): Consta de 64 edificios con 522 apartamentos, complementados con una casa comunal, una escuela, un kinder y una cancha de fútbol. Las primeras etapas se construyeron entre 1956 y 1958, y otras más entre 1980 y 1985, mezclando edificios de cuatro y de cinco niveles.
Centro Urbano Santa Anita o Málaga (1956): Se construyeron 21 edificios de cuatro niveles cada uno con un total de 340 apartamentos de 52 metros cuadrados, una casa comunal, un parque y una cancha de baloncesto a un costo de 3.6 millones de colones, entre los años 1956 y 1957.
Centro Urbano Monserrat (1958): Se erigieron 336 apartamentos repartidos en 20 edificios entre 1958 y 1959, así como una casa comunal, una escuela, dos kinder, un parque, una cancha de fútbol, una unidad de salud y un teatro infantil. El proyecto tuvo un costo de 2.5 millones.
Centro Urbano Atlacatl ( 1961): Comenzó a construirse en 1960 y en 1961 se mudaron los primeros habitantes; sin embargo, continuó la edificación de más etapas en los siguientes años, siendo la última construida en 1976 para hacer un total de 49 edificios con 772 apartamentos en edificios de cuatro niveles, una casa comunal, una escuela y una cancha de fútbol.
Centro Urbano 5 de Noviembre (1961): Se construyó entre 1959 y 1960 y comenzó a operar a partir de 1961. Con 16 edificios y 128 apartamentos y una cancha de baloncesto, tuvo un costo de 1.1 millones de colones.
Centro Urbano Candelaria (1962): Entre 1961 y 1962 se construyeron 112 apartamentos en 7 edificios y una cancha de baloncesto, a un costo de 911 mil colones.
Centro Urbano Mejicanos (1962): En el Gran San Salvador es el complejo más pequeño, con 10 edificios que contienen 80 apartamentos. Además, no se construyó ningún complemento como en los demás. Tuvo un costo de 796 mil colones.
Centro Urbano Guatemala (1965): Está constituido por 20 edificios de cuatro niveles con 160 apartamentos y una cancha de baloncesto.
Centro Urbano San Carlos (1966): Comenzó a construirse en 1965 y terminó en 1966 con un total de 160 apartamentos divididos en 10 edificios.
Actualmente todos son de propiedad privada y están disponibles bajo venta o alquiler con personas particulares; sin embargo, estos iniciaron siendo administrados por el Estado bajo alquiler durante las primeras décadas.
Funcionaban bajo la “Ley sobre contratos del IVU”, creada en 1954, la cual establecía que el Instituto entregaba los inmuebles mediante un contrato formal de arrendamiento con promesa de venta o compraventa de hasta 20 años, el cual se podía ampliar a 30 años.
Sin embargo, un documento de 1979 revela que en nueve de los centros urbanos que existían hasta entonces los ocupantes seguían viviendo bajo el concepto de alquiler simple incluso dos décadas después; es decir, que lo que aportaban como renta no iba acumulándose como abono para la compra del inmueble.
Transcurridos esos años sin un documento que amparara su tenencia, los inquilinos se organizaron y presentaron el referido documento en el que expresaban el “deseo de todos los moradores de tener en propiedad las unidades habitacionales” que ocupaban “en los distintos centros urbanos” en los cuales el IVU ya había recuperado el 75 % de la inversión mediante las rentas.
En síntesis, pidieron al IVU que diera cumplimiento a las leyes en lo referente a dar en propiedad, bajo el sistema de venta a plazos los apartamentos que alquilaba “en algunos casos desde hace veinte y dos años”. Si bien no exigían que lo pagado en alquiler se descontara del monto de venta, sí solicitaban que se les otorgara a “precios justos y cuotas de acuerdo a la capacidad económica general” de los residentes.
El IVU desarrolló un manual ilustrado para “instruir a los ocupantes” de los multifamiliares sobre sus responsabilidades para su conservación y buen ambiente comunitario.
Las reglas incluían las siguientes:
El declive de la IVU tuvo diversas causas en las que se mezclaban la falta de financiamiento y de terrenos apropiados que podía costear así como el conflicto armado salvadoreño.
Según Barahona, “el Gobierno fue la entidad que más aportó constantemente al IVU a lo largo de su historia”. Cada año se estimaba en el Presupuesto General de la Nación un monto que iba dirigido al IVU para la adquisición de terrenos y las obras de urbanización. En promedio, la suma anual rondaba los ocho millones de colones.
Sin embargo, este aporte decayó al entrar a la década de los ochenta debido a la guerra civil. “El IVU sufrió debido a que el Estado no lo proyectó como necesidad primordial en ese momento histórico, por lo que en 1894 se eliminó del presupuesto de la nación al IVU. La institución terminó sus labores en 1991, luego de políticas de privatización que se gestaron a partir de 1989”, recoge Barahona.
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