Movimientos sociales realizarán una segunda “marcha blanca” el próximo sábado 23 de noviembre para exigir, nuevamente, que no se congelen los escalafones en 2025, así como el reinstalo de personas despedidas. Afirmaron que al menos 80 trabajadores públicos han sido cesados tras haber participado en la primera marcha.
El Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora convocó a diferentes movimientos sociales, empleados públicos y privados, y personas afectadas por el régimen de excepción, a la segunda "marcha blanca", que se realizará el próximo 23 de noviembre.
Al igual que en la primera marcha, realizada el pasado 19 de octubre, exigirán que no se suspendan los escalafones de salud y educación, como está previsto en el anteproyecto de presupuesto de 2025; pero también pedirán el reinstalo de trabajadores despedidos.
Sonia Urrutia, del Bloque de Resistencia Popular (BRP), habla sobre la convocatoria para la marcha del 23 de noviembre. Piden revisión al presupuesto para no ejecutar los recortes de plazas en instituciones públicas, reinstalo de trabajadores y otros. Video LPG/ Williams Sandoval pic.twitter.com/8viJE25SyR
— La Prensa Gráfica (@prensagrafica) November 10, 2024
Silvia Navarrete, del Sindicato de Trabajadores de la Salud (SITRASALUD), indicó que las medidas fiscales implementadas por el Gobierno afectan a los trabajadores del sector público con medidas como la suspensión de los escalafones, supresión de plazas y disminución en la asignación de fondos en el Presupuesto General de la Nación 2025, por lo que convocan a esta nueva marcha para exponer sus demandas.
"Este hecho marca un momento determinante en el movimiento popular y sindical, que demuestra que la unidad de la clase trabajadora, el movimiento social y el pueblo en lucha es el camino para detener y derrotar las medidas fiscales que el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) pretenden implementar, recortes en las carteras de Estado y eliminación de miles de beneficios a la clase trabajadora", afirmó en una conferencia de prensa ofrecida este domingo, a las afueras de la Catedral Metropolitana de San Salvador.
Otras exigencias de las organizaciones son implementar medidas para el fortalecimiento de los servicios en salud y educación, respetar el derecho al agua, la no reactivación de la minería metálica, el no congelamiento de la pensión para los veteranos y excombatientes, un presupuesto digno para la Universidad de El Salvador (UES), libertad para personas que habrían sido capturadas de forma arbitraria y luchadores sociales detenidos por el régimen de excepción, entre otros.
La marcha iniciará en la Plaza Salvador del Mundo, en San Salvador, a partir de las 8:00 de la mañana del próximo sábado 23 de noviembre.
Previo a la marcha de octubre, el Gobierno logró neutralizar la participación de varios de los sindicatos de docentes, quienes en los días siguientes han estado dialogando con el Ministerio de Educación con miras a mantener el escalafón en 2025. Según informaron el 24 de octubre, “las gremiales y sindicatos magisteriales con los titulares de Educación y la comisionada presidencial (para Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos) se concretizaron los siguientes acuerdos: se declaró en firme el acuerdo de la continuidad del escalafón al sector docente para el año 2025”.
De igual forma, la Unidad de Sindicatos y Asociaciones de Trabajadores de Salud Pública de El Salvador (USTRAPES), informó el 18 de octubre, en Facebook, que estaban dialogando con el titular de Salud, Francisco Alabi, para mantener el escalafón. SITRASALUD aclaró que se han separado de USTRAPES y no han sido incluidos en estas conversaciones.
Las organizaciones denunciaron este domingo que tras la primera "marcha blanca", realizada el pasado 19 de octubre de este año, se han despedido a 80 trabajadores del sector público que participaron en dicha actividad.
Idalia Zúniga, secretaria general del Frente Magisterial Salvadoreño (FMS), explicó que empleados públicos fueron notificados de la supresión de sus plazas de manera verbal. Silvia Navarrete, de SITRASALUD, añadió que en la notificación verbal les han informado que el despido se debe a su participación en la marcha.
Zúniga también aseguró que han conocido que a algunos despedidos les han pedido firmar una carta de confidencialidad para que no revelen las razones del cese de sus funciones, bajo presuntas amenazas de quitarles su número de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica (JVPM).
"Lo complicado del sector salud es que los están despidiendo de boca, sin darles carta de despido. Sabemos que esto es ilegal y pedimos que sean reinstalados", indicó.
La lideresa del FMS detalló que tienen reportes de despidos en el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM), entre ellos cuatro sindicalistas; médicos de la Unidades Médicas de Acajutla y Nahulingo; de los hospitales nacionales Benjamín Bloom, Zacamil y El Salvador. Además, aseguró que tienen conocimiento de despidos en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y en el Ministerio de Hacienda.
De acuerdo con el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD), desde 2019 hasta septiembre pasado han registrado casi 23,000 trabajadores públicos despedidos, destacados en 46 dependencias del Gobierno, 25 alcaldías, así como la Asamblea Legislativa y el ministerio público. En cuanto a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), este movimiento indica que son 1,000 las personas que se han sometido a la renuncia voluntaria.
A ellos se les suman las supresiones de plazas a ejecutarse de cara al próximo 2025 en el sector público
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