Organizaciones y gremio de abogados ven conflicto de intereses en nombramientos realizados. La nueva Corte Plena tuvo su primera sesión y designó la conformación de las cuatro salas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador ya tiene a siete nuevo magistrados propietarios, elegidos el lunes 23 de septiembre con votos de Nuevas Ideas, PDC y PCN. Tras conocerse el perfil de los escogidos, organizaciones de sociedad civil y el gremio de abogados cuestionan el proceso de elección y la independencia que tendrán estos profesionales en sus puestos.
En total el lunes fueron elegidos siete magistrados. Cinco de ellos fueron asignados para el período 2024-2033 y son Miguel Elías Martínez Cortéz, Óscar Alberto López Jérez, Lidia Patricia Castillo, Vicente Alexander Rivas y Henry Alexander Mejía. Este último fue asignado además como presidente de la CSJ y de la Sala de lo Constitucional.
Mientras que Alejandro Antonio Quinteros y José Fernando Marroquín Galo fueron elegidos para complementar el período 2021-2030, dado que habían dos plazas vacantes. La distribución en las diversas Salas de la CSJ se realizó el martes 24 de septiembre.
Con estas siete plazas el oficialismo ya ha designado a los 15 magistrados que conforman la Corte Plena de la CSJ, puesto que en 2021 eligió cinco plazas y ese mismo año también apoyo el desmantelamiento de la Sala de lo Constuitucional para imponer a cinco nuevos propietarios.
La Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) sostiene que el proceso bajo el cual se eligió a los siete nuevos miembros del Órgano Judicial estuvo lleno de vicios que hacen dudar de que las personas que ocuparán las magistraturas sean las idóneas.
"El proceso ha estado marcado por la limitada participación de la sociedad civil y por una evidente falta de criterios basados en el mérito, lo que pone en duda la legitimidad de los nombramientos. La elección se ha dado en un contexto de control absoluto por parte del oficialismo, lo que refuerza nuestra preocupación por la independencia del poder judicial y el sistema democrático en El Salvador", declaró Gabriela Mundo, oficial de programa senior de DPLF para Centroamérica.
Mundo sostiene además que "los nombramientos sugieren una posible alineación con los intereses del Ejecutivo, lo que podría comprometer la imparcialidad y la autonomía de la Corte Suprema de Justicia".
De los siete magistrados electos destaca el nombre de Lidia Patricia Castillo, quien desde 2022 trabajó para Casa Presidencial bajo la administración del presidente Nayib Bukele. Ella será además una de las tres mujeres que estarán en Corte Plena. Los otros 12 magistrados son hombres.
"Observamos una preocupante falta de diversidad, en particular la escasa representación de mujeres en la CSJ, consideramos que estos nombramientos refuerzan un sistema que favorece al oficialismo y deteriora la independencia judicial", añadió Mundo.
Abraham Ábrego, director de Litigio Estratégico de Cristosal, también se refirió a la poca transparencia que hubo para elegir a los magistrados. "Este proceso debería garantizar que se documente si un candidato reúne los requisitos, entre ellos de independencia e imparcialidad. Las posibles vinculaciones de magistrados electos con partidos políticos o el Ejecutivo pueden representar conflictos de intereses", analizó.
En este sentido las organizaciones también destacan la continuidad de Óscar López Jerez dentro de la CSJ, pues él fue uno de los magistrados que apoyó el golpe a la Sala de lo Constitucional en 2021 y debido a ello fue incluido por Estados Unidos en la Lista Engel junto a otros "actores antidemoctráticos y corruptos".
López Jerez fue designado en la presidencia de la Sala de lo Civil, donde ya antes había estado.
Todos los elegidos como magistrados propietarios el 23 de septiembre salieron de la lista de 15 candidatos que propuso el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), dejando fuera a los representantes de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES).
"Me causa tristeza y cierto grado de malestar que no se haya elegido ni siquiera a uno de los candidatos de la lista de la FEDAES, pese a que iban personas altamente calificadas, tanto en experiencia como en idoneidad. Siento que es una falta de consideración y falta de reconocimiento, pues no se ha considerado el esfuerzo que los candidatos de la FEDAES hicieron. Me entristece que no se tomara en consideración la voz del gremio", expuso José Alvarenga, presidente de la FEDAES.
Aunque el abogado felicitó a los elegidos y a la Asamblea Legislativa por cumplir con los tiempos de Ley, señaló en el caso de la FEDAES los representantes habían sido electos de forma democrática por miles de abogados que votaron, al contrario del proceso del CNJ, donde solo los seis miembros del Consejo decidieron.
Alvarenga se refirió a la elección de Mejía como presidente de la Corte Suprema y consideró que es una persona idónea para el puesto, aunque le pidió actuar con independencia en su puesto. "Espero que él y las personas elegidas puedan generar una diferencia positiva", expuso.
El juez Juan Antonio Durán también tocó el tema en una entrevista televisiva brindada ayer y también cuestionó la independencia de los elegidos.
“No puedo felicitar a los nuevos magistrados porque hay que entender la coyuntura en la que se da esta elección. Estamos en una dictadura. Tengo mucho respeto académico por lo que han hecho los colegas (magistrados), pero por lo que han ofrecido y por como se han expresado dudo mucho que vayan a actuar con independencia”, cuestionó.
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) pidió ayer a los elegidos “centrar su misión en impartir pronta y cumplida justicia” y poner los derechos humanos como “prioridad”.
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