La organización We Were Dreamers (WWD) advirtió en un comunicado que las recientes órdenes ejecutivas de la administración Trump han intensificado las redadas y acciones policiales contra comunidades vulnerables, generando un clima de miedo e incertidumbre.

Según el documento de WWD, las redadas migratorias se han incrementado en zonas con alta población inmigrante, impactando especialmente a familias con niños y personas con TPS o solicitudes de asilo pendientes. La organización ha documentado casos de arrestos en hogares, lugares de trabajo e incluso escuelas, en lo que describen como una estrategia de “intimidación sistemática” contra las comunidades migrantes.

Desde su regreso a la presidencia en enero de 2025, Donald Trump ha firmado una serie de órdenes ejecutivas para endurecer las políticas migratorias, incluyendo la reactivación de Permanecer en México, la restricción de asilo y la ampliación de redadas en lugares anteriormente considerados seguros, como iglesias y centros comunitarios. 

Estas medidas han sido criticadas por organizaciones como el Centro para Estudios de Género y Refugio (CGRS) y Alianza Américas, que han advertido sobre el impacto devastador que estas políticas tendrán en miles de familias.

El endurecimiento de la política migratoria afecta especialmente a la comunidad salvadoreña, donde al menos 239,000 personas con TPS enfrentan incertidumbre sobre su futuro. Organizaciones como Alianza Américas han alertado que muchas de estas personas aún no han completado su reinscripción, lo que las deja en riesgo de deportación inmediata.

Yanira Arias, activista de Alianza Américas y beneficiaria del TPS, hizo un llamado urgente a los salvadoreños para que tomen medidas de protección. “Las deportaciones masivas ya han comenzado, y quienes no estén al día con su estatus migratorio corren un alto riesgo. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nuestras comunidades son atacadas”, advirtió.

We Were Dreamers ha señalado que las recientes medidas de Trump contradicen los compromisos internacionales de Estados Unidos en materia de derechos humanos y protección de refugiados. En su comunicado, la organización instó al Congreso a tomar medidas para frenar las deportaciones indiscriminadas y restablecer programas de apoyo para las familias afectadas.

Kate Jastram, directora de Políticas y Defensa del CGRS, también criticó las acciones del gobierno. “El impacto de estas medidas no solo es inhumano, sino que socava el debido proceso y expone a miles de personas a la violencia en sus países de origen”, afirmó.

Con la creciente presión sobre las comunidades migrantes, las organizaciones de derechos humanos han intensificado sus llamados a la acción, exigiendo una respuesta urgente por parte del Congreso y la comunidad internacional. Mientras tanto, las familias afectadas enfrentan una realidad cada vez más difícil, marcada por la incertidumbre, el miedo y el riesgo de ser separadas.

La administración Trump no ha respondido directamente a las denuncias, pero ha reiterado que sus políticas buscan reforzar la seguridad nacional. Sin embargo, organizaciones pro-migrantes advierten que estas medidas están generando un impacto devastador en miles de familias que solo buscan estabilidad y protección en Estados Unidos.