El Centro para Estudios de Género y Refugio (CGRS) denunció la decisión del gobierno de Donald Trump de cancelar el programa de asistencia legal para niños inmigrantes no acompañados, gestionado por el Acacia Center for Justice. La medida, anunciada el 21 de marzo de 2025, deja sin representación legal a más de 26,000 menores que dependen de este programa para defender sus derechos en procesos de deportación.

Christine Lin, directora de Capacitación y Asistencia Técnica de CGRS, condenó la suspensión del programa, calificándola como una violación masiva al debido proceso. 

“Hemos trabajado en miles de casos de niños que han sobrevivido a traumas inimaginables en sus países de origen, solo para ser arrojados a un sistema de inmigración hostil donde deben defenderse solos mientras un abogado del gobierno pelea por su deportación”, afirmó.

El Programa de Niños No Acompañados ha sido clave en la protección de menores migrantes, quienes a menudo llegan a Estados Unidos escapando de la violencia y la explotación en sus países de origen. Sin representación legal, los niños enfrentan procesos de deportación acelerados sin la posibilidad de presentar adecuadamente sus casos, lo que, según CGRS, puede significar el retorno forzoso de menores a situaciones de grave peligro.

“Abandonarlos mientras se acelera su deportación es una condena a la injusticia. En muchos casos, esto significa devolver a los niños a países donde enfrentarán persecución, abuso o incluso la muerte”, advirtió Lin.

Esta medida se enmarca dentro de una serie de acciones de la administración Trump dirigidas a endurecer la política migratoria. Desde enero de 2025, el gobierno ha reinstaurado “Quédate en México”, ha aumentado las redadas y ha implementado nuevas restricciones para solicitantes de asilo.

El Congreso de Estados Unidos ya había aprobado fondos para la continuidad del programa en cumplimiento de la Ley de Reautorización de Protección para Víctimas de Trata William Wilberforce de 2008 (TVPRA), la cual establece procedimientos esenciales para proteger a los niños no acompañados del tráfico y el abuso.

En las últimas semanas, más de 24,000 personas han enviado cartas a sus representantes en el Congreso exigiendo la defensa de este programa y oponiéndose a su cancelación. CGRS ha instado a los legisladores a tomar medidas urgentes para revertir esta decisión y garantizar que los menores migrantes cuenten con asistencia legal.

Esta medida se suma a otras políticas de la administración Trump que han afectado directamente a las comunidades migrantes, incluidos los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) y los solicitantes de asilo. Organizaciones han alertado que estas acciones buscan reducir al mínimo las protecciones para los inmigrantes y aumentar las deportaciones masivas sin evaluar los riesgos que los retornados enfrentan en sus países de origen.