El padre José María Tojeira, ex rector de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA) habló la mañana de este jueves en la entrevista radial de la institución educativa sobre como el derecho a la defensa está siendo vulnerado a las personas que han sido capturadas durante el régimen de excepción.

Tojeira aseguró que las audiencias masivas que se están realizando en las que a muchas personas envían a fase de instrucción sin mayor investigación le resta credibilidad a los procesos judiciales y al sistema judicial.

"Resta garantía, resta credibilidad, resta seriedad a todo lo que es el proceso judicial. Ese tipo de audiciencias masivas, 300 personas en las que todas pasan a instrucción, en las que no se leen ni se discuten los alegatos, ni siquiera los enraizaimientos, los arraigos, y que un juez no se proecupe por eso, quiere decir que tiene miedo que lo echen, que es cobarde o es un juez corrupto simple y sencillamente", dijo.

El ex rector afirmó que la Procuraduría General de la República (PGR), institución que por oficio debe ofrecer el servicio de defensa, es una de las peor dotadas por el Estado. Resaltó que las personas que no tienen la capacidad económica para un abogado particular, buscan de apoyo en dicha institución, pero es dificil que lo encuentren debido a que para alrededor de 300 personas se asignan de dos a tres defensores gratuitos.

"La Procuraduría General de la República es una de las intituciones de las peor dotadas del Estado, creo que son 250 procuradores, para atender a 30 mil en menos de 2 meses, no tiene sentido eso. El Derecho a la defensa está aboslutamente tirado por los suelos y pisoteado por el propio sistema de justicia", indicó.

Familiares de personas detenidas en el régimen de excepción han denunciado que en sedes de la PGR al interior del país no les reciben documentación que permite comprobar que sus parientes no tienen vinculación con pandillas. Los familiares denunciaron que les han dicho que la PGR dará prioridad a los casos que tenían desde antes del régimen. 

Casos como estos dan cuenta de la falta de personal y recursos con las que cuenta la institución que debería de verlar por el derecho a la defensa de los miles de detenidos que no cuentan con la capacidad económica para pagar un abogado particular que defienda su caso.

Según un informe de Acción Ciudadana sobre las asignaciones presupuestarias de la Fiscalía General de la República (FGR) y la PGR, estas no darían abasto para atender a los capturados durante el régimen por la elevada cantidad de casos que deben atender.

"Lo que atendía la Procuraduría en un trimestre lo está atendiendo en menos de 15 días. Preguntémonos si la PGR hará una defensa efectiva de los acusados de los delitos. Esto puede afectar la capacidad de la institución en atender esta creciente demanda y puede generar violaciones al derecho de la defensa de los acusados", dijo durante la presentación del informe Eduardo Escobar, director de la organización.

Según información de la Procuraduría, en su portal de transparencia, durante el régimen de excepción se habían dado, hasta el 15 de abril, un total de 11,868 asistencias legales en menos de tres semanas. Haciendo una comparación con el primer trimestre de 2021 se nota un aumento, puesto que el año pasado se brindaron 10,900 asistencias.

De acuerdo a cifras oficiales, desde el pasado 27 de marzo que se aprobó el régimen de excepción, ya se contabiliza la captura de más de 32,000 mil personas con presunta vincluación a grupos criminales a quienes se les acusa de un repunte de asesinatos, el número más alto de homicidios registrado en la historia reciente de El Salvador.