Juzgado especializado otorgó el beneficio al imputado basado en el Código Procesal Penal, que ordena poner fin a la prisión provisional en caso de cumplirse los dos años sin sentencia en firme.
Beneficio. Víctor David Castillo Campos fue beneficiado con el arresto domiciliario tras vencerse su prisión provisional. Es uno de los procesados por el feminicidio de la agente Carla Ayala ocurrido el 29 de diciembre de 2017. El autor del crimen sigue prófugo de la justicia.
Víctor David Castillo Campos, alias "Piojo", procesado por el feminicidio agravado de la agente Carla Ayala, en calidad de cómplice, obtuvo el beneficio del arresto domiciliario por haber vencido el plazo de la detención provisional sin que su caso judicial tenga una sentencia en firme.
La unidada de comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez confirmó que el Juzgado Especializado de Sentencia para una vida libre de Violencia contra las Mujeres tomó la decisión basado en el Código Procesal Penal.
Castillo Campos fue detenido el 1.° de junio de 2018, en el cantón Los Hornos, del municipio de San Francisco Javier, en el departamento de Usulután. Ese día, los investigadores le encontraron el teléfono celular de la víctima.
Castillo Campos es uno de los 13 procesados, ocho policías y cinco civiles, tres de ellos familiares de Castillo Arévalo, por el feminicidio de la agente, crimen ocurrido la madrugada del 29 de diciembre de 2017 tras una fiesta de Fin de Año en la sede del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), de la Policía Nacional Civil (PNC). Además, es pariente del exagente Juan Josué Castillo Arévalo, alias "Samurai", principal señalado en el feminicidio y prófugo de la justicia desde aquella madrugada.
El imputado que fue beneficiado con el arresto domiciliario, solicitó una pena menor a cambio de confesar sus delitos en noviembre de 2019, sin embargo, la petición le fue negada por la jueza. Según la valoración de ella, no le quedó claro si el delito de Castillo Campos era solamente receptación o había sido cómplice necesario en el feminicidio agravado, pues recibió el teléfono celular de la agente Ayala de manos del exagente Castillo Arévalo y, además, le proporcionó su teléfono celular para que el principal sospechoso realizara una llamada.
El inicio del juicio del caso estaba programado para el 13 de marzo pasado, pero la jueza optó por reprogramar la vista pública porque un abogado, cuya identidad se reservó por privacidad, estaba en cuarentena tras regresar de viaje del extranjero. Fue uno de los procesos judiciales que resultaron afectados por el impacto del nuevo coronavirus en El Salvador.
La Fiscalía acusa a los procesados por la muerte de Ayala, que desde 2017 estuvo desaparecida hasta que fue encontrada enterrara en Usulután en septiembre de 2018.
La tesis de la Fiscalía es que dos expolicías del extinto GRP colaboraron con su excompañero Juan Castillo en el feminicidio de la agente. Los señalados son Wilfredo Deras, conocido como "Gladiador"; y Ovidio Pacheco, como "Buffer". Ninguno disparó, pero la FGR les reclama que iban en una patrulla policial donde Castillo atacó a la víctima sin que se lo impidieran y lo capturaran.
Actas, chequeos, fotografías, mapas, certificaciones, memorándums, resoluciones judiciales, bitácoras de llamadas, videos, pericias y testigos. Todo consta en el expediente judicial por la muerte de Carla Ayala La Fiscalía busca probar la culpabilidad de los procesados con 172 documentos, 48 pericias, 95 testigos y nueve pruebas de "otro tipo". El principal responsable del crimen fue declarado rebelde por el juzgado especializado en noviembre del año pasado, por lo que su caso penal queda en suspenso hasta que sea ubicado y capturado.
Casi dos años y medio después del crimen, las autoridades continúan sin dar con el paradero de "Samurái", a pesar de que las investigaciones sostienen que el 29 de diciembre de 2017 tomó una Smith y Wesson 9 milímetros, propiedad de la PNC, con la serie 5933 grabada en el cañón, y disparó contra la agente Ayala.
Mensaje de response para boletines
Comentarios