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Familias denuncian presión de Gobierno para vender sus terrenos

El Ministerio de Hacienda tiene proyectada, para 2025, la construcción de la  nueva aduana San Cristóbal en los terrenos donde residen las familias.

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LPG/Óscar Reyes.  Las propiedades que pretende adquirir el Ministerio de Hacienda para construir la  nueva aduana San Cristóbal están situados  en el kilómetro 95 de la carretera Panamericana, a dos kilómetros de  donde actualmente se ubica la aduana.

LPG/Óscar Reyes. Las propiedades que pretende adquirir el Ministerio de Hacienda para construir la nueva aduana San Cristóbal están situados en el kilómetro 95 de la carretera Panamericana, a dos kilómetros de donde actualmente se ubica la aduana.

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Familias del caserío Plan El Aguacatal, en el cantón Piedras Azules, de  Candelaria de la Frontera, en Santa Ana Oeste, denunciaron que en las últimas semanas han sido presionados por personal de la Dirección General de Aduanas, dependencia del Ministerio de Hacienda, para que vendan los terrenos donde actualmente residen.

Son 60 familias,  en su mayoría conformadas por personas de la tercera edad, las que  recibieron una convocatoria a una charla informativa para el 12 de octubre en la Casa de Atención Integral (CATI) de la alcaldía local para dar a conocer el proyecto de “diseño de ampliación y equipamiento de la aduana San Cristóbal”, que abarcaría precisamente sus terrenos. 

Las personas convocadas fueron identificadas por medio del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la primera sección de Santa Ana, según les dijeron. Esta situación ha causado preocupación entre las familias, ya que temen ser obligados a vender sus terrenos y  que el pago sea menor al valor real de sus propiedades. 

“Vinieron a inicios de este mes personas de Hacienda y de la empresa constructora para notificarnos que es lo que piensan hacer, cómo lo iban a hacer y para qué quieren nuestros terrenos, dijeron que próximamente vendrán peritos a evaluar casa por casa. Nos van a desalojar, y ni sabemos cuánto nos van a dar por nuestros lotes y si realmente nos van a ofrecer lo que hemos gastado en nuestras casas”, comentó uno de los afectados que solicitó no revelar su nombre.

En la reunión las familias recibieron dos notas de notificación de interés de compra de terreno. Una de estas donde se mencionan que el actual gobierno busca la “modernización de las fronteras del país como parte del plan de desarrollo nacional y que para ello han identificados como puntos interés nacional varios inmuebles de esa zona”.

Añade que “el inmueble de su propiedad es uno de los que han sido considerados de interés y prioridad nacional para el desarrollo y modernización de la frontera San Cristóbal (…) por lo que hago de su consentimiento que el Estado de El Salvador tiene el interés de comprar su terreno pagándole un precio justo acorde al valor de mercado de la zona, siendo necesario realizar un valúo comercial en su inmueble”. La nota está firmada y sellada por el gerente de proyectos de la empresa consultora contratada por la Dirección General de Aduanas. 

La segunda carta entregada es una solicitud de permiso para el ingreso a las propiedades para realizar estudios, mediciones técnicas, levantamiento topográfico y valúo comercial del terreno por personal técnico de la empresa, pero no detallan las fechas de las visitas. 

“Hubo una persona  en la reunión que nos dijo que era obligación venderles. Nos hicieron firmarles el permiso de ingreso, porque en caso de no hacerlo dijeron que  desde la orilla de la calle,  a puro ojo, iban a hacer un cálculo del terreno y evaluación de cómo vivíamos y así sería la oferta que nos harían. Yo tengo 18 años trabajando y los he invertido acá para que mi familia tenga un techo donde vivir y que vengan a ofrecerme lo que quieran y que sea obligación aceptarles es injusto”, opinó el propietario de uno de los terrenos.

Las propiedades  que pretende adquirir el Ministerio de Hacienda para construir la  nueva aduana están situados en el kilómetro 95 de la carretera Panamericana, a dos kilómetros de  donde actualmente se ubica la aduana San Cristóbal.

El proyecto está contemplado por el Ministerio de Hacienda en el listado de proyectos de inversión pública para 2025 con un presupuesto de $6 millones,  financiados con un préstamo con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por un monto de $75 millones, que fue ratificado por la Asamblea Legislativa en julio de 2023. 
Se prevé que la  nueva aduana esté finalizada en diciembre del próximo año.
 

LA PRENSA GRÁFICA se  comunicó vía telefónica con personal del área de comunicaciones del Ministerio de Hacienda para solicitar una postura sobre las declaraciones de los habitantes, y pidieron que  las preguntas  se enviaran vía Whatsapp, lo que se hizo, y aunque fueron confirmadas de recibido, hasta el cierre de esta nota, ayer por la tarde, no respondieron.

                      

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