El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres ordenó hoy sacar de prisión a tres exagentes del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP) señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) de ser cómplices en el feminicidio de la agente Carla Ayala, ocurrido el 29 de diciembre de 2017.

La jueza decidió, según confirmó el fiscal Arturo Cruz y los abogados defensores, que los exagentes Ovidio Antonio Pachecho, Wilfredo Deras Hernández y Juan Antonio Linares Flores permanezcan desde hoy en delegaciones policiales separadas, sin poder salir, mientras esperan el juicio en su contra. Es una especie de arresto domiciliar en delegaciones policiales. Los imputados también deben portar un brazalete electrónico.

Según las investigaciones fiscales, los expolicías Wilfredo Deras y Ovidio Pacheco iban en el automóvil en que el alcoholizado exagente Juan Josué Castillo Arévalo, prófugo de la justicia conocido como "Samurái", disparó a la policía Carla Ayala. Por eso la Fiscalía les imputa el delito de feminicidio agravado como coautores, además del delito de incumplimiento de deberes. Mientras que Linares Flores, sostiene la FGR, permitió la fuga de "Samurái": le imputan incumplimiento de deberes.

La decisión de la jueza especializada de sacar de prisión a los imputados obedece a que el 29 de diciembre próximo se cumplen dos años desde que los tres están detenidos de manera provisional mientras la Fiscalía ampliaba la investigación del feminicidio. La ley salvadoreña permite un plazo máximo de dos años para que una persona esté en prisión provisional, antes de que conozca si es culpable o inocente. Luego tiene que ser liberada hasta que llegue el juicio. 

"Van a pasar a ser resguardados en sedes policiales mientras se señale la audiencia de vista pública (juicio), así como también la colocación de los dispositivos electrónicos.  No hay manera de que la representación fiscal se pudiese oponer (a decisión)", dijo esta mañana a LA PRENSA GRÁFICA el fiscal Arturo Cruz, tras salir de la audiencia especial de revisión de medidas. 

La juzgadora intentó evitar que los exagentes salieran de prisión por el vencimiento del plazo y tenía programado para el viernes pasado el inicio del juicio en su contra. Con eso pretendía resolver si los tres son culpables o inocentes de los delitos que Fiscalía les acusa, antes de que se cumplieran los dos años. Pero algunos abogados defensores interpusieron apelaciones a la resolución del Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, que el 28 de noviembre pasado los envió a juicio.

Entonces, mientras no hay resolución a esas apelaciones de la defensa, la juzgadora tuvo que suspender el juicio y lo dejó pendiente hasta que la Cámara Especializada para Una Vida Libre de Violencia para las Mujeres resuelva. El proceso será hasta el próximo año. Los abogados Belma Rivas y Joaquín Moreno, defensores de los imputados que salen de prisión, calificaron la decisión de la jueza como "garante del debido proceso y la Constitución".