El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador reprogramó para el 13 de noviembre la audiencia preliminar contra los 11 implicados en el asesinato de los seis Jesuitas, una colaboradora y su hija, hecho ocurrido el 16 de noviembre de 1989. 

Según las partes en el proceso, la audiencia se suspendió porque de los ocho acusados presentes en el país, solo cinco se hicieron presentes: Rafael Humberto Larios (exministro de Defensa), Carlos Camilo Hernández (decano asistente Interino del Colegio Militar); Nelson Iván López y López (estuvo a cargo del Centro de Operaciones Tácticas del Estado Mayor),  Óscar Alberto León Linares (comandante del Batallón Atlacatl) y Manuel Antonio Rivas (jefe de la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos).

De los tres ausentes, solo Juan Rafael Bustillo (excomandante de las Fuerzas Aéreas Salvadoreñas)  justificó su ausencia por problemas de salud, pero esta causa no estaba acreditada. Los otros dos imputados, Joaquín Arnoldo Cerna (Jefe del C-3 del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada) y  Juan Orlando Zepeda, (vice ministro de Defensa)  no justificaron su ausencia. Y a pesar que todos los abogados de los acusados sí se presentaron, de acuerdo al Código Procesal Penal de 1998, en el cuál se está basando este juzgado, la audiencia no puede realizarse si faltan acusados. 

Otro problema que se presentó es que a Inocente Montano, el ex viceministro de Seguridad, (ya condenado en España a 133 años por este caso, en 2020), no pudo ser trasladado del penal en el que se encuentra recluido al consulado salvadoreño de Madrid, España, para participar de manera virtual. 

Otros dos reos ausentes son Alfredo Cristiani  Burkard, que en el momento de los crímenes era el presidente de la República y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas;  y el exdiputado Rodolfo Antonio Parker Soto, quien fungió como asesor jurídico de la Comisión de Honor, que era la que investigaba los asesinatos. 

Cristiani, Bustillo, Zepeda, Larios, Hernández, López, Cerna y Montano son  acusados del delito de  asesinato, actos de terrorismo  y proposición y conspiración para actos de terrorismo. Mientras que a  Parker, Linares y Rivas se les imputan los delitos de fraude procesal y encubrimiento personal. 

En noviembre de 1989, fueron asesinados el entonces rector de la UCA, Ignacio Ellacuría; el vicerrector Ignacio Martín Baró; el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA,Segundo Montes; y los profesores Armando López, Joaquín López y Juan Moreno. También la colaboradora Julia Elba Ramos y su hija de 15 años, Celina  Ramos.