El director de incidencia de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), Luis González, advirtió sobre la presencia de arsénico en el lago de Güija (ubicado entre Santa Ana y Jutiapa, Guatemala), una situación que atribuye a la actividad minera en Guatemala, específicamente a la mina Cerro Blanco, en Asunción Mita.

“La mina Cerro Blanco en Asunción Mita, Guatemala, ya genera niveles de contaminación que están llegando hasta el lago, ya tiene presencia de arsénico el lago de Güija, este es un metal pesado tóxico para los seres humanos”, explicó González en la entrevista de la radio YSUCA.

Según el ambientalista, la mina Cerro Blanco ha generado escurrimientos de metales pesados, entre ellos arsénico, que han llegado hasta el lago de Güija.

González destacó que la situación del lago de Güija es un ejemplo de los impactos de la minería transfronteriza, lo que considera una amenaza para los recursos hídricos compartidos entre El Salvador y Guatemala. Explicó que la falta de regulaciones estrictas en torno a la minería en la región puede derivar en consecuencias ambientales de largo plazo.

“Pero lo otro también es que ahora estamos unidos en la lucha contra la minería en el país. ¿Cómo vamos a seguir esa lucha con la minería transfronteriza que también nos afecta y también puede ser grave para para el territorio nacional? Hay que ponerle atención”, aseguró el ambientalista.

González también expresó su preocupación por la posible criminalización de los defensores ambientales de Santa Marta, en el marco del régimen de excepción vigente en El Salvador. Señaló que la militarización en zonas donde podrían desarrollarse proyectos mineros, como en Cabañas y La Unión, podría limitar la organización y protesta de las comunidades afectadas.

“Con esto de régimen de excepción, en Cabañas, hemos visto que ha habido una militarización y probablemente quieran empezar a hacer proyectos donde hubo exploraciones muy avanzadas. El caso del Dorado, en San Isidro, Cabañas, en la Mina San Sebastián. Es de poner atención de cómo a los defensores ambientales, cómo a los líderes ambientalistas se les puede criminalizar en el marco del régimen de excepción para que no permitan la minería o que no protesten”, denunció González.

Por último, González hizo un llamado a la población a involucrarse en iniciativas para proteger los recursos hídricos del país y a exigir transparencia en torno a los proyectos mineros. También mencionó que diferentes organizaciones están impulsando procesos legales para solicitar la derogación de la Ley General de Minería y su declaratoria de inconstitucionalidad.