La Fundación Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) compartió este 23 de octubre los resultados de su monitoreo al espacio cívico ciudadano en El Salvador, correspondiente al período de enero a agosto de 2024, en el cual registraron 73 violaciones dirigidas hacia la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de reunión pacífica.

De los 73 casos de violaciones al espacio físico que registraron en los primeros ocho meses del año, el 49.3 % (36) fueron afectaciones a la libertad de expresión y en el 42.5 % se trató de ataques hacia periodistas y medios de comunicación independientes.

FESPAD, a través de su Sistema de Monitoreo de Libertades Cívicas (SMLC), identificó ataques a periodistas en redes sociales e incluso intentos de ocupar el sistema judicial contra periodistas, como sucedió con la periodista Carolina Amaya, fundadora del medio Mala Yerba, cuyo padre fue capturado arbitrariamente en el marco del régimen de excepción.

Al respecto, Hugo Sánchez, relator de libertad de expresión de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), sostuvo que han identificado ataque sistemáticos a medios y periodistas que no siguen la línea de la comunicación gubernamental.

“Hemos visto como a periodistas les prohiben grabar operativos policiales, donde les restringen las coberturas o les amenazan para que se borre el material. Y lo preocupante es que como gremio periodístico hemos llegado a normalizar la situación”, declaró Sánchez.

Afectaciones por protestas

Desde FESPAD también señalaron las represalias por protestas pacíficas que se han realizado o las amenazas que se realizan para evitar marchas contra el gobierno.

“Lo que queremos dejar en evidencia es cómo se están cerrando los espacios cívicos para los ciudadanos y que eso pone en peligro la buena gestión pública de parte del Estado, porque no se aceptan cuestionamientos. Eso es lo que se preocupa cuando revelamos las afectaciones a estos tres derechos fundamentales”, dijo Héctor Carrillo, director ejecutivo de FESPAD.

Pusieron como ejemplo los recientes despidos de maestros y de personal de salud que participaron en la marcha del pasado 19 de octubre.

Carrillo hizo un llamado al diálogo y a que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) verifiquen la situación.