"Llevamos un año abandonados", dijo ayer la doctora Laura Laínez en las afueras de la sede central del Ministerio de Salud (MINSAL). Laura, viuda de Rivas, perdió a su esposo a causa del covid-19 el 29 de junio del año pasado,cuando él se desempeñaba como médico en el hospital San Rafael.

Laura está coordinando un movimiento en el que familiares de personal de salud se han organizado para exigirle al Gobierno que cumpla con la Ley Especial Transitoria para la Constitución del Fondo de Compensación Económica para Familiares del Personal de Salud, aprobada por la Asamblea Legislativa en septiembre de 2020, unos dos meses después de la muerte de su esposo.

Dicha ley, mejor conocida como el decreto legislativo 723, establece la entrega de $30,000 a los familiares del personal de salud fallecido a causa del covid-19 durante el período comprendido entre el 14 de marzo y el 23 de julio del año 2020.

El movimiento que lidera Laura ha aglutinado ya 204 familias, pero solo 88 entran en las fechas estipuladas en esa legislación. Laura explicó que esas 204 familias están en la misma situación e incluyen a familiares de personal de alud que ha muerto por la enfermedad tanto en la red sanitaria pública como en la red privada, dentro y fuera de l plazo estipulado en el decreto 723.

Hace un mes, este mismo movimiento acudió al MINSAL buscando audiencia con el ministro de Salud, Francisco Alabi por este motivo, pero aún no ha habido respuesta. "Respetable ministro de Salud de El Salvador, a través de la presente, volvemos a saludarlo...", inicia la carta que fue dejada ayer en el MINSAL.

Además de exigir la compensación económica, para lo cual proponen que Hacienda incluya una partida en el presupuesto general de la nación de 2022, las familias afectadas piden becas de estudios para sus hijos y la construcción de una plaza pública con visión ecológica en parte del terreno del exhospital de Maternidad, para rendir homenaje a las víctimas caídas en durante el combate a la pandemia.