Campesinos de la Hacienda Escuintla, en el departamento de La Paz, denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Rubén Alvarado, recién nombrado magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), pues consideran que él cometió el delito de falsedad ideológica al “plasmar información que no tiene asidero legal en un documento público”, una acción que se tradujo en el despojo de sus tierras hace ya más de 10 años.

La denuncia, a la cual tuvo acceso LA PRENSA GRÁFICA, fue interpuesta el 15 de agosto de este año, casi 40 días antes de que Alvarado fuera elegido por la actual Asamblea Legislativa como magistrado propietario del TSE. 

Los campesinos de Escuintla sostienen en la denuncia que Alvarado, en el año 2012 y  en su calidad de notario, validó una compraventa de tierras que eran propiedad de los habitantes de la hacienda, pero que este proceso no cumplía con lo que la ley exigía.

Además, los campesinos también sostienen que, un año después, Alvarado les cobró $50,000 para defender sus intereses en un proceso judicial para recuperar esas tierras, pero que por el contrario él benefició a los empresarios azucareros que los habían despojado de ellas.

“Nosotros sentimos que el señor Rubén Alvarado Fuentes nos estafó con esos $50,000 y ese señor hizo escrituras sin permiso del ISTA (Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria). Por eso nosotros le pedimos a la Fiscalía que lo investigue”, declaró José Alvarino Cruz Cañas, representante de la cooperativa de campesinos de la hacienda Escuintla. 

Wilfredo Alfaro, el abogado que representa hoy a los campesinos, explica que también han pedido a Fiscalía que investigue a Alvarado por el posible cometimiento del delito de agrupaciones ilícitas, al considerar que él desde un principio estuvo aliado con los empresarios para despojar de sus tierras a las víctimas.

“Rubén Alvarado tenía que actuar en defensa de la cooperativa durante la subasta de tierras y en la ejecución de un pagaré, pero él nunca los defendió, no interpuso recursos, no se negó a la subasta, ni tampoco denunció ante las autoridades las ilegalidades que estaban sucediendo. Por eso ahora nosotros creemos que era parte de la estructura para perjudicar a la directiva”, opinó Alfaro.

Alfaro dijo que denunciaron penalmente hasta agosto de este año porque en 2023 presentaron el caso ante la Sección de Investigación Profesional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero que ahí no prosperó el proceso.

“No hay delito”

LA PRENSA GRÁFICA habló vía telefónica con Rubén Alvarado y él afirmó que, en efecto, el proceso en la Sección de Investigación Profesional existió, pero que se determinó que no había ilegalidad. 

También dijo que ahora, con la denuncia penal, no hay delito que perseguir y que considera que hacer público este caso en este momento es únicamente “un ataque político” ahora que asumió en el TSE.

“Ellos (denunciantes) ponen delitos, pero no ponen (en la denuncia) hechos de cómo se cometieron esos supuestos delitos. Lo que ellos señalan en la denuncia son faltas de requisitos (para la compraventa), pero con eso lo que procede es una nulidad y eso lo puede validar también cualquier abogado. No hay delito alguno y eso fue en 2012, ya hasta prescribió”, explicó Alvarado respecto a la acusación por falsedad ideológica.

El magistrado del TSE elegido de la terna propuesta por el FMLN consideró que esta denuncia es un “refrito”, pues sostiene que esto es algo que los campesinos de Escuintla siempre han denunciado pero nunca han logrado demostrar.

Respecto a la acusación por agrupaciones ilícitas, en la denuncia relacionan al abogado con otras personas que, según él, eran empleados de su despacho legal, por lo cual esta tipificación tampoco aplica.

“Cuando ellos dicen estructura es algo maquiavélico. Ellos ponen a mis colegas de oficina, no es una estructura. Ellos lo que quieren es fregarme a mí, es una situación personal. Si hubiese existido delito lo hubiesen denunciado al inicio”, añadió.

Los campesinos de Escuintla han librado una larga lucha por recuperar sus tierras y en agosto de este año también denunciaron al diputado Wálter Coto, de Nuevas Ideas, por una supuesta estafa relacionada con este proceso.