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Organizaciones interponen demanda de inconstitucionalidad contra la minería respaldada por al menos 59,000 firmas

Con las firmas presentadas se totalizan más de 200,000 firmas en contra de la aprobación de la ley de minería. 

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Organizaciones civiles y movimientos sociales de El Salvador presentaron este lunes una demanda de inconstitucionalidad en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la que señalan violaciones a la Constitución en la Ley General de Minería aprobada en diciembre pasado por la Asamblea Legislativa

El respaldo para la derogación de la minería cuenta con más de 200,000 firmas, entre las presentadas por la Iglesia Católica y organizaciones civiles. Foto LPG: José Cardona. 

En el comunicado oficial, los representantes que conforman la Alianza contra la Minería, compuesta de 27 agrupaciones sociales entre organizaciones, colectivos y plataformas, aducen seis inconstitucionalidades en la ley referida: una de forma y cinco de contenido. 

La Alianza considera que la inconstitucionalidad por el vicio de forma surge ante el nulo debate y discusión que la normativa tuvo en el Congreso para su aprobación, "quebrantando" el principio constitucional de deliberación parlamentaria. 

Organizaciones interponen demanda de inconstitucionalidad. Foto: Cortesía. 

Los colectivos argumentan que la ley fue presentada, ingresada y enviada a la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión el 20 de diciembre, para luego ser analizada al día siguiente en una sesión "exprés" de 98 minutos, donde no hubo representantes de la sociedad civil. 

Manifestantes que acompañaron la caminata contra la minería hasta la Biblioteca Nacional. Foto LPG: José Cardona. 

"Solo participó el director de la Dirección General de Energías, Hidrocarburos y Minas", reprocha la Alianza. 

Después, la ley se aprobó el día 23 tras una sesión plenaria de solo dos horas, y finalmente fue sancionada por el presidente Nayib Bukele y publicada en el Diario Oficial el mismo día, completando el proceso en apenas tres días. 

Amalia López, de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua. Foto: Cortesía.  

Los vicios de contenido, según los colectivos, se hallan en la vulneración de los artículos 6, inciso 2º de la Constitución, el 117 y el 246 inciso 1º.

"En esencia, los artículos 6, 7, 8, 9, 11 'e' y 34 de la Ley vulneran de forma general y abstracta el derecho a un medio ambiente sano, contenido en el art. 117, así como los tratados internacionales que lo tutelan", reza el comunicado. 

"Es evidente que todo proyecto de minería metálica causará grave contaminación, y lo más grave es que la cuenca del Río Lempa alimenta a más de 60 % de la población, y todo proyecto minero que se apruebe en la zona norte perjudicará a esta cuenca", señaló al respecto Jonathan Sisco, de Cristosal. 

La Alianza pondera que al vulnerar ese artículo y los convenios internacionales, el Estado "ignora la obligación que tiene de controlar las condiciones ambientales que pueden afectar la salud y el bienestar de la población, contenida en el artículo 65 inciso 2º, y finalmente, violentando el artículo 246 inciso 1º, que impide que las leyes secundarias alteren los derechos establecidos en la Constitución". 

Foto: Cortesía. 

"Fraude constitucional"

Las organizaciones alegan un "fraude constitucional" en la ley, al permitir que se formen asocio público-privados junto al Estado para la explotación minera sin el requisito de que las concesiones sean aprobadas previamente por la Asamblea Legislativa. 

"Esta ley lo que permite es que no se tenga en cuenta los procesos de formación de ley para autorizar las concesiones que deben pasar por la Asamblea Legislativa. Lo que permite es que a espaldas de la población nuevamente se autoricen procesos de extracción minera", señaló Ruth Eleonora López, de Cristosal. 

Las organizaciones esperan que la Sala resuelva como inconstitucional la Ley General de Minería, y se restablezca la vigencia de la ley de prohibición de minería de 2017. 

Los representantes también piden a los magistrados de la Sala que realicen una inspección judicial en el Río San Sebastián, en La Unión, contaminado por la minería histórica. 

200,000 firmas

La demanda de inconstitucionalidad tiene el respaldo de 59,906 firmas, según Ruth López, sumadas a las 150,000 presentadas al Congreso el 18 de marzo por la Iglesia Católicarecolectadas desde el 7 de febrero y en las que feligreses y ciudadanos respaldan la derogación de la normativa que permite la actividad extractiva. 

La iniciativa se dió en el marco del 45 aniversario del asesinato de Monseñor Óscar Romero, por lo que la actividad fue parte de una peregrinación en memoria del mártir que partió desde el Hospital Divina Providencia hasta el Centro Histórico, pasando por el Divino Salvador del Mundo, el Parque Cuscatlán y Centro de Gobierno. 

Foto de Monseñor Romero en la capilla Divina Providencia. Foto LPG: José Cardona. 
Misa en la Capilla Divina Providencia. Foto LPG: José Cardona. 

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