Denunciar a un grupo de policías por el hurto de $675 llevó a una familia de agricultores a sufrir acoso y amenazas.
LPG/Cortesía. El agricultor asevera que su arresto se trató de una venganza de policías de Ahuachapán.
“El sistema judicial nos ha quedado debiendo tanto... (hemos sufrido) acusaciones falsas y venganza de policías que deberían de estar al servicio de la población, nos han dejado sin nada”, afirma Hélmer Arsenio Corleto, de 48 años, un agricultor de Ahuachapán que fue capturado el 20 de abril de 2022 bajo el régimen de excepción acusado de ser pandillero. Cuatro meses después, al demostrar que la acusación no era cierta, pudo salir del penal de Mariona, en San Salvador.
El agricultor asevera que su arresto se trató de una venganza de policías de la sede de Ahuachapán a quienes demandó por el hurto de $675, en 2018, y que hasta la fecha lo ha llevado tres veces a la cárcel.
Los problemas para Arsenio y su familia iniciaron el 24 de agosto del citado año, cuando varios policías llegaron a su casa, luego de supuestamente recibir una denuncia de que Arsenio tenía un arma ilegal. Aseguran que en el registro a la vivienda los policías encontraron $675 y se los robaron, además detuvieron a Arsenio y lo acusaron de disparar en la calle, lo cual afirman era falso. Tras el pago de una fianza salió libre 72 horas después.
“Mi esposo tenía un revólver para protección porque en ese tiempo la zona era peligrosa, pero no estaba registrado por lo que les entregó el arma, pero no les bastó y nos robaron dinero y dijeron mentiras, porque a mi esposo lo encontraron trabajando junto a ocho personas más, no disparando en la calle como ellos dijeron”, asegura Olga Galicia, esposa de Arsenio.
La pareja demandó a los policías por el hurto del dinero y las falsas acusaciones, durante el proceso judicial se comprobaron los delitos y los agentes tuvieron que devolver el dinero que se habían llevado.
Arsenio y Olga creyeron que sus problemas se habían resuelto, pero fue todo lo contrario, ya que desde ese día comenzó el acoso y la venganza de los policías. El 30 de diciembre del mismo año, un grupo de agentes volvió a irrumpir en su hogar y detuvo al agricultor.
“Ese día lo acusaron de fabricar armas hechizas para dárselas a los pandilleros, y le pusieron un arma que no era de él. Mi hija grabó las amenazas a muerte de esa noche y las presentamos como prueba. Estuvo cuatro días preso. Nos tocó pagar fianza nuevamente para sacarlo de la cárcel e interpusimos una nueva demanda” relata Olga.
En este caso, el proceso judicial iniciado en 2018 contra cuatro policías aún no ha concluido, ya que el juicio ha sido suspendido en tres ocasiones, y se han enterado que uno de los acusados se fue del país.
La pesadilla para la familia se repitió el 20 de abril de 2023, ya en el marco del régimen de excepción, cuando policías bajaron a Arsenio de un microbús, y lo capturaron por agrupaciones ilícitas; está vez su detención se extendió por cuatro meses.
Actualmente, la familia enfrenta una difícil situación económica debido a los gastos en que incurrieron para que Arsenio recuperara su libertad, sus cultivos se perdieron y las vacas que poseían fueron vendidas una a una para saldar prestamos y mantener a la familia.
Durante su último encierro, Arsenio perdió hasta la salud y rebajó al menos 50 libras de peso.
“Después de ser un hombre rollizo salió hecho un costal de huesos, sin pelo y demacrado”, recuerda Olga.
Por ahora, la pareja sigue a la espera de que se les haga justicia y se les indemnice por los daños y perjuicios que las detenciones arbitrarias y falsas acusaciones les han causado. Afirman, vivir con temer por su seguridad y la de su familia ya que siguen recibiendo amenazas.
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