En un proceso exprés de 20 días, Nuevas Ideas y el resto de partidos del oficialismo le realizaron el primer cambio a la Constitución de la República de El Salvador por medio del nuevo mecanismo con el cual una misma Asamblea puede aprobar y ratificar las reformas a la Carta Magna.

Nuevas Ideas, PDC y PCN se unieron y con 57 votos ratificaron derogar el artículo 210 de la Constitución. En este, el Estado salvadoreño reconocía la deuda política como un mecanismo de financiamiento para los partidos políticos.

Bajo el argumento de que la deuda política significaba que los salvadoreños “mantenían” con sus impuestos a los partidos, el oficialismo impulsó la reforma y la aprobó sin mayor discusión ni análisis legislativo ni técnico para explicar por qué el mecanismo existe y cómo podía regularse para mejorar su uso.

A diferencia de la aprobación de la reforma, ocurrida el 12 de febrero pasado, y en la que hubo 58 votos a favor (los 57 del oficialismo y uno de ARENA, de la diputada Marcela Villatoro); ayer solo los partidos afines al Gobierno votaron el dictamen. Villatoro estuvo ausente en la plenaria por motivos de salud.

La iniciativa de eliminar el artículo 210 llegó luego que el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro (Nuevas Ideas), dijera no estar de acuerdo con esta, ya que consideró que derogarlo podía provocar que financistas privados pudieran colarse e influir más en la toma de decisiones.

Sin embargo, tras las declaraciones de Castro, Nayib Bukele dijo sí estar de acuerdo con derogar el artículo. Luego de esto, todo Nuevas Ideas se unió al llamado e inició el proceso.

Argumentos

En el dictamen aprobado, los legisladores cian repitieron el argumento de que es contradictorio que el Estado entregue una retribución a los partidos en función del número de votos obtenidos.

Según Nuevas Ideas, el único partido que firmó la iniciativa de reforma constitucional, lo anterior puede significar que los funcionarios buscan un beneficio económico de parte del Estado, lo cual es contradictorio con el carácter de servicio que deberían tener los cargos.

Pese a lo anterior, la diputada Alexia Rivas (Nuevas Ideas) también cuestionó que los partidos se financiaran con fondos privados: “los privados financiaron a los partidos políticos y luego les cobraban esos favores. Eso no es algo nuevo ni que se estén inventando. Utilizaban la fachada de recibir fondos estatales con la deuda política para camuflajear cómo recibían dinero de privados, que tenían algún interés en la cosa pública para luego cobrar favores”.

Rivas no profundizó ni explicó cómo el retirar todos los fondos públicos a los partidos ayudará a que estos, al ser ahora más dependientes de fondos privados, no queden más expuestos a presiones por parte de financistas privados que se ofrezcan a financiar campañas electorales.

Ese punto, precisamente, fue uno de los que la organización Acción Ciudadana expuso en un análisis del tema, al indicar que “los partidos políticos quedarán totalmente a merced de financistas privados, los cuales podrán tener mayor influencia sobre la aprobación de políticas públicas y leyes”. “Esta reforma puede provocar que la gestión pública beneficie a particulares dado un posible incremento de favores políticos a cambio de financiamiento”, agregó la organización.

Además, Acción Ciudadana enfatizó el riesgo que representa la reforma dada “la poca transparencia del partido de gobierno, el cual nunca ha revelado quiénes son sus financistas privados, ni la cantidad de recursos que recibe”.

Dado todo lo anterior, la diputada Claudia Ortiz (Vamos) señaló que si bien, en efecto,  el Estado dejará de mantener a partidos políticos, pero ahora podría mantener a uno solo: el de gobierno.

“Si van a quitar la deuda política, que bueno; ojalá quiten también las reservas de información, los colores partidarios a las instituciones de gobierno, la campaña adelantada y el uso de fondos públicos para proselitismo; entonces vamos a creer que los salvadoreños vana dejar de mantener a los partidos, porque en la realidad van a seguir manteniendo a uno: al que está en el gobierno, usando fondos públicos para propaganda”, analizó Ortiz.

Durante las campañas electorales de 2021 y 2024, los partidos de oposición cuestionaron que los fondos de deuda política no les fueron entregados para que pudieran ser usados durante las campañas, sino sobre el cierre de las mismas.

Tras la derogatoria del artículo 210 de la Constitución, quedará pendiente la adecuación de la ley de partidos políticos, donde se regula la deuda política.