
La FGR informó que el presunto cómplice del dueño de GQ Racing para evadir la justicia enfrenta audiencia de imposición de medidas.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que hoy se lleva a cabo, en el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, la audiencia de imposición de medidas contra Moisés Adonay Panameño Castro, presunto cómplice del dueño de talleres GQ Racing Sport, Gerardo Quijada.
"Este día, se lleva a cabo la Audiencia de Imposición de Medidas contra Moisés Adonay Panameño Castro, vinculado a la estructura liderada por Gerardo Quijada", señaló la institución.
#CombateAlCrimen I Este día, se lleva a cabo la Audiencia de Imposición de Medidas contra Moisés Adonay Panameño Castro, vinculado a la estructura liderada por Gerardo Quijada, dueño de los talleres GQ.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 24, 2024
Panameño es procesado por los delitos de favorecimiento a la evasión y… pic.twitter.com/R7eAWqXC7B
Panameño es procesado por los delitos de favorecimiento a la evasión y agrupaciones ilícitas. De acuerdo a las investigaciones, habría proporcionado un vehículo a Quijada para ayudarlo a evadir la captura.
En septiembre pasado, Gerardo Quijada fue condenado a seis años de prisión tras ser hallado culpable del delito de estafa agravada en perjuicio de una sociedad, a la que además deberá pagar $929,673.10 dólares en concepto de responsabilidad civil.
A partir de una reconstrucción del caso elaborada por LA PRENSA GRÁFICA, se determinó que la condena es fruto de un largo proceso judicial (de más de 10 años), emprendido por la sociedad Desarrollos Inmobiliarios Comerciales, S.A. de C.V. (DEICE), contra Racing Sport Team, S.A. de C.V., dueña de GQ Automotores.
Según la reconstrucción, Quijada dejó de pagar las cuotas de alquiler del terreno que ocupaba para la sucursal de GQ Racing en Santa Elena (que eran propiedad de DEICE), luego de llegar a un acuerdo con la sociedad para prorrogar su estancia más allá de 2009 -año en que vencía el contrato de alquiler que establecieron ambas sociedades-, bajo la condición de cancelar una cuota más elevada de arrendamiento y una penalidad de $400,000 si los inmuebles no eran entregados en el plazo acordado.
Sin embargo, a partir de ese momento, dejó de pagar su cuota de alquiler y emprendió una batalla legal para dilatar el proceso de desalojo, la cual duró 15 años y terminó con la condena de cárcel de septiembre pasado.
El taller GQ de Santa Elena también fue cerrado.
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