Armando Jirón, alcalde de La Paz Centro, recibió sobreseimiento provisional por la quema de ramadas a vendedores en la Costa del Sol, pero irá a juicio por el delito de actos arbitrarios.
El viernes 29 de noviembre se llevó a cabo la audiencia preliminar en contra de Napoleón Iraheta Jirón, alcalde de La Paz Centro, y César Augusto Ticas González, jefe del departamento de Catastro de esa municipalidad, quienes son acusados de ordenar el desmantelamiento y quema de negocios ubicados en la entrada de un balneario municipal de la Costa del Sol por petición del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU).
La audiencia se desarrolló en el Juzgado de Instrucción de San Luis Talpa y según afirmó la parte fiscal a ambos se les acusaba por los delitos de incendio y actos arbitrarios en perjuicio de la seguridad colectiva y la administración pública.
Este sábado 30 de noviembre fuentes cercanas al proceso judicial confirmaron a LA PRENSA GRÁFICA que ambos recibirieron un sobreseimiento provisional por la quema de ramadas de vendedores en la Costa del Sol, hecho ocurrido entre el 10 y el 13 de mayo de este año; pero irán a juicio por el delito de actos arbitrarios.
#Audiencia I Este día, se lleva a cabo Audiencia Preliminar contra Napoleón Iraheta Jirón, alcalde La Paz Centro y César Augusto Ticas González, jefe del departamento de Catastro de esa municipalidad.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) November 29, 2024
Ambos son acusados de ordenar el desmantelamiento de negocios que estaban… pic.twitter.com/BlFE3KNWyT
El Tribunal de Medio Ambiente con sede en Santa Teclaya había emitido una resolución para el desalojo de los negocios, sin embargo, los procesados sobrepasaron la decisión de dicha sede judicial, según denunció la Fiscalía, lo cual originó que cometieran el delito por el que sí irán a juicio.
Jirón fue detenido el 13 de mayo pasado y a mediados de junio fue beneficiado con medidas sustitutivas a la detención por la Cámara de la Tercera Sección del Centro de San Vicente para continuar el proceso judicial en libertad, tras el pago de $10,000. Tras la audiencia preliminar se decidió que se mantendrá con ese beneficio.
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