De los 36 indicadores que se evaluarían, solo se pudieron verificar 14 de manera completa, mientras que 6 se evaluaron de manera parcial. Estas son las respuestas que dieron instituciones como la PNC y la FGR.
Organizaciones representantes de la Plataforma por la Seguridad Ciudadana brindadon sus datos en conferencia de prensa este 8 de octubre de 2024.
Las organizaciones que conforman la Plataforma por la Seguridad Ciudadana presentaron su tercer informe sobre estrategias estatales en el combate de la violencia y delincuencia en El Salvador. Dicha investigación detalló que por falta de información oficial no se pudieron evaluar los 36 indicadores, sino que solo14 se pudieron medir de manera completa y 6 de manera parcial.
En estos indicadores se evalúan cuatro ejes temáticos: persecución del delito, prevención de violencia, atención a víctimas y rehabilitación e inserción. Según los resultados, por falta de información no se pudo realizar un análisis completo.
“No fue posible efectuar la medición de 16 indicadores debido a la denegatoria de acceso a la información pública por parte de las instituciones estatales, al igual que a la falta de actualización de datos oficiales en los portales web institucionales”, indica el informe.
Sobre el eje de persecución del delito, y aunque el informe señala algunas mejoras, se enfatiza su preocupación en el “uso excesivo de la fuerza”, porque se sigue manteniendo el estándar internacional del 10 % en el índice de letalidad.
Sobre la prevención del delito, también reflejó mejoras, pero en la investigación se identificaron “inconsistencias” en la promoción de temáticas con “abordaje de conflictos, derechos humanos, equidad y respeto”.
Hazel Bolaños investigadora del informe, aseveró que por falta de información oficial ha tocado a las organizaciones sacar sus propias estadísticas. Agregó que uno de los problemas que notó es que no concuerdan las estadísticas oficiales.
Sumado a ello, la información que solicitaron es sobre datos estadísticos, que es información que por obligación deben publicar las instituciones públicas.
“Con el poco acceso a datos oficiales y con el poco acceso a la información pública, es bien difícil elaborar un verdadero estado de la situación, ni siquiera hemos llegado a hacer una radiografía o una toma de fotografía de la situación actual. Lo único que podemos hacer es documentar lo que vemos y lo que se deja ver, y empezar a hacer supuestos teóricos de lo que podría estar sucediendo”, aseveró.
Dina Martínez, de la Fundación para la Aplicación del Derecho (Fespad), aseguró que otro de los hallazgos es que con las actuales medidas de seguridad no hay una “política integral”, ya que solo están enfocada en reducir homicidios y no en otros tipos de violencia.
“Estamos hablando de políticas represivas, de corte punitivo, todas las acciones están enmarcadas en el régimen de excepción, eso ha dejado de lado otra serie de delitos o hechos de violencia, si bien hay una reducción de homicidios, el porcentaje de feminicidio se ha mantenido y hay otros hechos de violencia hacia las mujeres, como por ejemplo, el tema de agresiones sexuales, violencia intrafamiliar que lejos de reducirse o se ha mantenido en algunos años o ha aumentado”, aseveró Martínez.
Para la Plataforma, el gobierno de Nayib Bukele incrementó “el deterioro en el acceso a la información pública”, dificultando la contraloría social y la “fiscalización del uso de fondos públicos”. Además, de impedir la evaluación de los impactos provocados en la población por las políticas públicas de seguridad ciudadana.
Los dos ejes menos evaluados por falta de información fueron la protección de víctimas y rehabilitación e inserción, el primero reflejó un aumento de presupuesto porque se fusionaron instituciones, pero no reflejó aumento en la cobertura a nivel nacional.
Por otra parte, en el eje de rehabilitación, las organizaciones aseguraron que por la “opacidad de información”, en este caso por parte de la Dirección de Centros Penales, no pudieron analizar si hay un avance o retroceso en los centros penitenciarios.
Aunque dan fe que por otros informes de organizaciones se puede apreciar que hay un incremento del hacinamiento dentro de algunas cárceles y que el actual régimen de excepción ha limitado la visita de familias a las y los privados de libertad, su derecho a la defensa, entre otros.
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