El mayor tribunal penal de Argentina ratificó el miércoles la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación al Estado impuesta en 2022 a la expresidenta Cristina Fernández, la principal figura política de las últimas dos décadas.

La medida no implica que la también exvicepresidenta (2019-2023) y titular del peronismo pierda su libertad o deba abstenerse de aspirar a un cargo público en los meses venideros, ya que tiene previsto apelar el fallo ante la Corte Suprema, que puede tardar años en pronunciarse.

Fernández recibió a fines de 2022 la condena de cárcel impuesta por un tribunal federal que consideró que cometió fraude al Estado mediante la asignación irregular de 51 obras viales a un empresario allegado durante su mandato presidencial (2007-2015). La entonces vicepresidenta consideró que era víctima de una persecución judicial orquestada por opositores para sacarla del escenario político.

El empresario de la construcción Lázaro Báez, de la provincia sureña de Santa Cruz, y varios exfuncionarios del gobierno de Fernández también fueron sentenciados a cumplir distintas penas de cárcel.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó ahora ese fallo en una audiencia que tuvo lugar en la sede de los tribunales federales en Buenos Aires, a la cual Fernández y los otros condenados no asistieron.

En las inmediaciones, militantes del kirchnerismo —la corriente de centroizquierda del peronismo que tiene a la exmandataria como referente— se manifestaron en contra de lo que consideran un ejemplo del “lawfare” o uso de mecanismos del sistema de justicia para destruir a personalidades políticas.