El entramado de empresas, con un mismo propietario y contador, le han vendido cientos de distintos productos a más de 20 entidades estatales por unos $800 millones, pese a que no cuentan con la "infraestructura" necesaria para llevar a cabo el trabajo contratado, aseguró la Superintendencia. En 2015, el caso de defraudación fiscal "La Línea" dio paso a la caída del Gobierno de Otto Pérez Molina.
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) denunció este miércoles un millonario caso de evasión fiscal por parte de varias empresas de dudosa legalidad, que hicieron ventas al Estado por $800 millones de 2021 a 2023.
El director del ente recaudador de impuestos, Marco Livio Díaz, explicó en rueda de prensa que el entramado de empresas no contaba con la capacidad para venderle 6,400 millones de quetzales ($800 millones aproximadamente) al Estado y también evadieron alrededor de $38 millones en impuestos.
El jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria añadió que ya hicieron la denuncia respectiva al Ministerio Público (Fiscalía) por el caso, de gran magnitud en opinión del funcionario.
Díaz detalló que el entramado de empresas, con un mismo propietario y contador, le han vendido cientos de distintos productos a más de 20 entidades estatales, pese a que no cuentan con la "infraestructura" necesaria para llevar a cabo el trabajo contratado.
De igual forma, el superintendente explicó en la conferencia que muchas de las empresas vinculadas al caso no tienen dirección real o se encuentran en "zonas rojas" de violencia en el país, por lo cual resulta complicado determinar su existencia real, ya que dichos sectores son vigilados por estructuras criminales.
Díaz no brindó información con respecto a los sindicados en el caso, pero sí recalcó que varios involucrados cobraron cheques en el sistema bancario en efectivo por cifras que van desde $40,000 hasta $50,000.
De acuerdo al funcionario, el entramado de empresas solamente pagó alrededor de $3 millones en impuestos desde 2021 a la fecha, cuando le correspondían más de $38 millones como mínimo.
Las principales entidades estatales que le compraron productos al entramado ilegal son la Dirección General de Caminos, la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, la Unidad de Construcción de Edificios del Estado y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otras.
Díaz sí identificó a algunas de las empresas que realizaron las ventas al estado como Grupo Basado S.A., Grupo Popela S.A., Inversiones Caddie S.A., Megalodon S.A. y Commerce Madness S.A., entre otras de igual forma. En el mismo sentido, Díaz señaló que hay cinco empresas constructoras vinculadas a la red.
En 2015, el caso de defraudación fiscal "La Línea" dio paso a la caída del Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015) debido a la vinculación del mandatario con el entramado, donde también estaba vinculada su vicepresidenta, Roxana Baldetti.
Mensaje de response para boletines
Comentarios