A 35 años de su aprobación, el tratado de derechos humanos más ampliamente ratificado de la historia aún no ha sido sancionado por el Congreso de EUA.
El 20 de noviembre de 1989, apenas 11 días después de la caída del Muro de Berlín, la Organización de Naciones Unidas aprobó uno de sus acuerdos más exitosos y emblemáticos: la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).
El tratado, diseñado para proteger a los menores, fue el primero que reconoció que los niños y adolescentes tienen derechos propios y que los adultos son responsables de garantizarlos.
A partir de la firma, los Estados miembro de la ONU comenzaron a ratificar la CDN a través de votaciones en sus respectivos Parlamentos.
A día de hoy, 196 países han sancionado la Convención, convirtiéndola en el tratado de derechos humanos más ampliamente ratificado de la historia.
Sin embargo, hay un solo país que no ha completado este proceso y que, por ende, no está comprometido legalmente a acatar el acuerdo: Estados Unidos.
Aquí te explicamos cuál es la importancia de la CDN, por qué a 35 años de su aprobación EUA sigue sin ratificarla y qué impacto tiene esa decisión.
Se trata de un tratado internacional que reconoce los derechos humanos de los niños, definidos como personas menores de 18 años.
Hasta la firma de este acuerdo los niños no eran reconocidos como sujetos de derecho. De hecho, hasta la Segunda Guerra Mundial se consideraba legal que trabajasen a la par de los adultos en muchos países.
La CDN no sólo estableció los derechos básicos a los que deben acceder todos los niños, sino que también hizo a las personas adultas responsables de esos derechos.
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), "la convención ve al niño como individuo y como miembro de una familia y una comunidad, con derechos y responsabilidades apropiados para su edad y su etapa de desarrollo".
Definida por el organismo como una "ley internacional", brinda los siguientes derechos a "todos los niños, sin discriminación de ninguna clase":
A pesar de que Washington firmó la CDN en 1995, durante el gobierno del demócrata Bill Clinton, el país nunca cumplió con la obligación de ratificar el tratado a través de su Congreso.
Ninguno de los gobernantes que lideraron el país en estas casi tres décadas desde la firma, ya sean demócratas o republicanos, enviaron el tratado ante el Senado para su ratificación, dejando su aplicación inválida desde el punto legal.
El último intento por llevarlo ante la Cámara Alta fue en 2020, cuando la legisladora demócrata Ilhan Omar presentó una resolución llamando a que se vote, intento que no prosperó.
La principal traba tiene que ver con el hecho de que quienes adhieren a la convención se comprometen a adecuar su marco normativo para incluir los 54 artículos que conforman la CDN, y así garantizar su aplicación en ese país, un paso que EUA nunca ha dado.
Los defensores del tratado en ese país sostienen que la convención representa un estándar internacional básico de protección infantil y advierten que la falta de ratificación deja a EUA en una posición única y aislada a nivel mundial.
Sin embargo, hasta ahora los partidarios de la convención no han logrado reunir el consenso necesario para que sea tratado por el Senado.
Incluso a pesar de que muchos gobiernos estadounidenses han dicho que respaldan los derechos descritos en la CDN.
Uno de los principales escollos que enfrentan quienes abogan por su ratificación es que, para que un tratado internacional sea ratificado en EUA, se necesita el apoyo de una mayoría de dos tercios en la Cámara Alta, un consenso difícil de lograr dadas las objeciones de quienes temen que la CDN pueda limitar la autoridad del país en ciertos temas.
Los grupos que se resisten a la ratificación, principalmente alineados con el Partido Republicano, consideran que suscribir legalmente la Convención podría llevar a interferencias en tres áreas:
La CDN incluye derechos como el de los niños a expresar sus opiniones en asuntos que los afectan (Artículo 12), lo que algunos grupos conservadores interpretan como una amenaza a la autoridad parental.
Estos objetores creen que otorgar a los niños derechos legales podría interferir en la capacidad de los padres para tomar decisiones en la crianza y educación de sus hijos.
Según la ONG Parental Rights, la convención le da demasiado poder al Estado, haciendo que los padres "pierdan su derecho a ser padres", y "socava" a la familia con resultados frecuentemente "trágicos y devastadores" para los mismos niños.
"(La CDN) establece que 'en todos los asuntos relacionados con los niños, la consideración primordial será el interés superior del niño'. Pero, ¿quién decide cuál es el 'mejor interés' de su hijo? Usted, no el gobierno", afirma el organismo en su sitio web.
Jo Becker, directora de incidencia de la división de derechos infantiles de Human Rights Watch (HRW) le dijo a BBC Mundo que "esta fuerte oposición de organizaciones conservadoras" es la principal causa por la que no se ha ratificado la CDN en EUA
"Algunos críticos incluso han dicho que les daría a los asistentes sociales más poder que a los padres para decidir sobre sus hijos", señala.
"Pero esta creencia es falsa. Hay numerosas referencias en la convención a los roles y responsabilidades de los padres y la importancia de su lugar en la crianza de los niños. Así que están leyendo incorrectamente la CDR", asegura.
"Los únicos casos en los que un Estado puede suplantar el rol de los padres es cuando hay claros indicios de violencia, abandono o maltrato de niños. Y creo que la mayoría de las personas estarían de acuerdo en que en esos casos es apropiado que los niños sean puestos bajo el cuidado del Estado", afirma.
Los sectores conservadores también temen que ratificar la CDN afecte la soberanía del país al permitir que una convención internacional tenga influencia sobre las leyes internas relacionadas con los derechos de los niños.
"Nunca entregaremos la soberanía de EUA a una burocracia global no electa e irresponsable... EUA está gobernado por estadounidenses", dijo en 2018 ante la Asamblea General de la ONU el entonces presidente Donald Trump.
"Según el Artículo VI de nuestra propia Constitución, un tratado ratificado se convierte en 'la ley suprema del país'", advierte, por su parte, Parental Rights.
El organismo resalta que, mientras que para otras naciones la ratificación de este tratado "es, en el mejor de los casos, una declaración de aspiraciones (y para muchas, como Irán, China y Corea del Norte, una mera cortina de humo política)", en EUA una ratificación le daría a la convención rango de ley federal.
"Algunos, en especial miembros del Partido Republicano, están preocupados de que ratificar cualquier instrumento internacional socavará la soberanía de EUA, y por eso han pasado unos 20 años desde que EUA ratificó cualquier tratado de derechos humanos", observa Becker, de HRW.
La experta reconoce que si EUA ratificara la convención "efectivamente estaría legalmente obligado a cumplirla", pero asegura que "las leyes estadounidenses seguirían aplicando y no le daría a la ONU la autoridad para intervenir en las vidas de familias o de sustituir la ley de EUA”, como temen quienes se oponen a la ratificación.
Este teórico conflicto entre el derecho internacional y las leyes estatales y federales del país es la tercera cuestión que frena la sanción de este tratado.
En particular preocupa un tema en el que las leyes estadounidenses se contradicen con la convención.
"La CDN establece claramente que los niños nunca deben ser sentenciados a cadena perpetua sin libertad condicional por delitos cometidos antes de los 18 años y en EUA aún tenemos más de 20 Estados que permiten condenas de por vida sin libertad condicional para crímenes cometidos antes de los 18", detalla la defensora de derechos infantiles.
Sin embargo, Becker afirma que esto no debería ser una barrera para la ratificación.
"EUA podría presentar una reserva sobre este tema en particular, diciendo que está preparado para cumplir con todas las otras obligaciones de la convención", sostiene.
Los defensores de la CDN consideran que es fundamental para la protección de niños y niñas porque establece una obligación legal y moral de los Estados a garantizar su derecho a la salud, educación y seguridad social, y su protección contra la violencia, los conflictos armados, el matrimonio infantil y la explotación.
En ese sentido, señalan que la no ratificación de EUA no solo deja a ese país a contramano del mundo, dañando su reputación internacional y socavando su autoridad en cuestiones que afectan a los niños, hasta el punto de quedar como hipócritas en esta área.
También denuncian que no adherirse a la convención deja a los menores estadounidenses desprotegidos.
"HRW realizó una evaluación de las leyes en los 50 Estados del país y podemos afirmar que ni uno solo tiene leyes que cumplan con los estándares de la convención", afirma Becker.
"Por lo tanto todos los días, los niños en EUA están viviendo con menos protección legal de la que tendrían si EUA ratificara la convención".
Sin embargo, algunos defensores de los derechos infantiles creen que organismos como HRW y otros que hace décadas abogan por la ratificación deberían cambiar su enfoque.
"Debido a la oposición conservadora y a la norma de política internacional de EUA de no ratificar los tratados internacionales de derechos humanos, es probable que EUA nunca ratifique la Convención sobre los Derechos del Niño", escribió en la Revista de Derechos del Niño la académica de la Universidad de Plymouth Charlotte Galvin.
"Si bien algunos activistas pueden estar en desacuerdo, probablemente sería mejor invertir los recursos en presionar al gobierno para que reforme las leyes nacionales que actualmente están en conflicto con las disposiciones de la convención", opinó.
Por otra parte, también hay quienes relativizan la importancia de la CDN, remarcando que la ONU tiene poco poder para hacerla cumplir, incluso entre quienes la han ratificado.
El caso que hoy genera más polémica es el de Israel, país que firmó la convención en 1990 y la ratificó al año siguiente.
Según Unicef, la guerra que lleva a cabo ese país contra Hamás en la Franja de Gaza, en represalia por los ataques del 7 de octubre de 2023, ha causado la muerte de más de 14.000 niños palestinos.
En septiembre pasado, a Israel le tocó comparecer ante el Comité de los Derechos del Niño, el grupo de expertos que tiene la responsabilidad de supervisar de manera periódica si los países cumplen con las obligaciones legales establecidas por la convención.
En sus conclusiones, el comité realizó una condena muy enérgica de las acciones militares de Israel en Gaza e instó al país a que ponga fin de inmediato a la matanza y las lesiones de niños allí.
"La muerte atroz de niños es casi única en la historia", denunció a la prensa el vicepresidente del comité, Bragi Gudbrandsson.
Sin embargo, esta condena no ha frenado las acciones de Israel, que acusó al comité de tener una "agenda política" y responsabilizó de las muertes de niños palestinos a los dirigentes de Hamás que "se esconden" entre la población civil.
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