La reforma judicial, que, además de establecer la elección de jueces por el voto popular, crea un órgano disciplinario para vigilar las sentencias que dicten, es vista por sus detractores como un intento de vulnerar la independencia judicial, la democracia mexicana y la división de poderes.
El Senador del Partido Acción Nacional Miguel Angel Yunes (izquierda) se dirige a los legisladores de la cámara alta de la legislatura durante la legislación de la reforma judicial propuesta por el gobierno en el Congreso Nacional en la Ciudad de México el 10 de septiembre de 2024. (Foto de César SÁNCHEZ / AFP)
Tras unas 12 horas de un intenso debate, interrumpido por la irrupción de manifestantes en la cámara y un intento de la oposición de tomar la tribuna, el Senado mexicano aprobó en los primeros minutos de este miércoles la cuestionada reforma al Poder Judicial que a partir de 2025 permitirá elegir a los jueces por voto popular.
La reforma propuesta por el Gobierno del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, que implica enmendar la Constitución de México, fue aprobada con 86 votos a favor del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, los Partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM), y 41 en contra de los partidos de oposición Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC).
Tras esa votación los senadores iniciaron el debate en lo particular de 60 artículos reservados en el dictamen de la reforma, que se discutieron durante la madrugada de este miércoles.
El oficialismo buscará ahora replicar el mismo modelo de reforma en los congresos de los 32 estados de México.
En una sesión que acabó en la antigua sede del Senado mexicano, en el Centro Histórico de la capital, custodiada fuertemente por decenas agentes de la policía, los senadores de Morena y aliados, junto con los opositores, discutieron amplia y fuertemente la polémica reforma.
A la supermayoría oficialista en el Senado le faltaba un voto para los 86 que exige la mayoría calificada, dos terceras partes de 128 senadores, pero el senador opositor Miguel Ángel Yunes, del PAN, votó a favor y la reforma pudo salir adelante.
La larga jornada fue interrumpida durante la tarde por un grupo de opositores a la reforma judicial que irrumpieron entre agresiones y empujones en el Senado para intentar detener la aprobación del texto, lo que obligó a los legisladores a trasladarse a la antigua sede de la cámara alta para continuar con su sesión legislativa.
Los manifestantes accedieron hasta el Pleno del Senado, donde gritaron consignas y reventaron la sesión en curso, que debió trasladarse a la antigua sede de esa cámara, donde también trataron de ingresar y en cuyas inmediaciones protagonizaron choques y escaramuzas con policías.
El grupo de manifestantes se identificó como trabajadores del Poder Judicial, los cuales cumplen un paro de labores desde hace casi tres semanas en protesta por esta reforma.
En un último intento por frenar la discusión de la reforma judicial, alrededor de las 22:00 horas (04:00 GMT del miércoles) los senadores del PRI, PAN y MC intentaron tomar la tribuna del Senado, pero los legisladores de Morena y aliados lo impidieron.
La reforma judicial, que, además de establecer la elección de jueces por el voto popular, crea un órgano disciplinario para vigilar las sentencias que dicten, es vista por sus detractores como un intento de vulnerar la independencia judicial, la democracia mexicana y la división de poderes.
Las críticas no solo han provenido de la oposición mexicana, sino de organismos de la ONU, asociaciones como Human Rights Watch, organizaciones internacionales de abogados y los socios del tratado de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá.
Una vez aprobada la reforma, habrá elecciones populares y campañas en el Poder Judicial a partir de 2025, se reducirá de 11 a nueve el número de integrantes de la Suprema Corte y se creara un Tribunal de Disciplina Judicial.
La discusión en el Senado mexicano comenzó entre denuncias de la oposición, que acusaron al oficialismo, incluyendo las fiscalías, de intimidar a legisladores para garantizar los 86 votos, dos terceras partes del total de 128, necesarios para modificar la Constitución.
El presidente López Obrador buscaba que el Senado aprobara esta reforma, ya avalada por la Cámara de Diputados el miércoles pasado, antes de entregar el cargo el 1 de octubre a la mandataria electa, Claudia Sheinbaum.
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