El cambio climático nos está pasando factura.  Las recientes lluvias han dejado significativas pérdidas en la agricultura al igual que en el patrimonio familiar.  Los cambios en los patrones de precipitación y las temperaturas extremas amenazan la producción de cultivos esenciales.  Frijoles, maíz, arroz, sorgo y otros, son cultivos afectados con las recientes lluvias provocadas por Sara. Un millón ochocientos mil quintales en pérdida; 9.2 millones de quintales de déficit para el 2025.  Acá no se termina la pérdida porque después de Sara, vienen otros.  
Estamos expuestos a eventos meteorológicos extremos.  Las sequias, las inundaciones y los huracanes son más frecuentes.  El incremento de plagas y enfermedades deterioran la calidad y la cantidad de las cosechas.  La disminución en el rendimiento de la producción agrícola motiva la migración forzada, el aumento de la inseguridad alimentaria y la malnutrición de las comunidades más vulnerables.  Los cultivos más vulnerables son el frijol, el maíz y el arroz parte de la canasta básica alimentaria de la población salvadoreña y entre otros, el café y la caña de azúcar importantes productos de exportación. El cambio climático está generando transformaciones en la biodiversidad agrícola que no se resuelven con bonos para los afectados. 
Hemos degradado los ecosistemas y deforestado gran parte del territorio y las consecuencias se están viviendo y sintiendo.  Hay leyes aprobadas y olvidades. No hay políticas ni estrategias eficaces.  Hay burocracia formalmente vinculada con los temas ambientales y territoriales más sensibles.   
Los productores de granos básicos, la gran mayoría en condición de pobreza, se ven afectados porque pierden sus inversiones y con los bonos gubernamentales no logran reponerlas.  Y por más bonos que proporcione el gobierno para paliar la situación, las condiciones adversas, provocadas por la acción humana, permanecerán si las prácticas no cambian.
Los ciudadanos no deberían acostumbrarse a que anualmente se enfrenten situaciones similares.  En la actualidad, se vale hacer cualquier cosa que genere beneficio personal de corto plazo con la indiferencia de la administración pública sobre las implicaciones en la vulnerabilidad y los riesgos para la gente común y corriente.  Debemos preguntar  ¿hasta cuándo vamos a aguantar?
No hay respuesta a la pregunta porque la opción es la ayuda humanitaria dentro y fuera del país.  Reorientación y fondos y préstamos internacionales sin rendición de cuentas es la práctica sin respondernos  ¿cuánto vamos a aguantar?
Llamó la atención las donaciones que la presidencia ha hecho para la construcción de 1,000 escuelas en el país vecino, Honduras. Hay tantas carencias y necesidades en las nuestras que los US$135,000 dólares habrían hecho diferencia en muchas de ellas.  También llamó la atención la ayuda humanitaria que envió a Costa Rica por las implicaciones sociales generadas por lluvias torrenciales iguales a las que hemos vivido esta semana. ¿Sobran los recursos en nuestro país?
Las ganas de lucirse internacionalmente con recursos públicos son ilimitadas.   Sobre la ayuda humanitaria a Costa Rica los medios de comunicación difundieron información sobre la cantidad de gente que viajó a ese país y el volumen de la ayuda humanitaria para los afectados por las inundaciones.  ¡Qué bueno por ellos!  Sin embargo, los recursos públicos son limitados y en nuestro país tenemos desbordamientos de ríos y tragantes que han afectado a la población de Santa Ana, Usulután, La Paz, San Salvador y San Miguel.    Más que bonos gubernamentales de solidaridad, se necesita educación, efectiva recolección de desechos sólidos, inversiones millonarias en infraestructura y normativa aplicable al ordenamiento territorial.  Solo así, se podrán enfrentar los riesgos ambientales.