Por décadas, el Centro Histórico de San Salvador ha sido el epicentro de la actividad comercial informal. La densidad de vendedores ambulantes, el bullicio de los mercados y la resiliencia de los microempresarios han sido el reflejo de una economía local activa, aunque precaria. Sin embargo, las recientes medidas de desalojo han generado impactos diversos en las familias que dependen de este sector. Mientras, según las autoridades, muchos comerciantes han recibido apoyo de las municipalidades para reubicarse en otras zonas, otros no han logrado encontrar una alternativa viable. Al mismo tiempo, la reversión de las ordenanzas municipales que imponían altas tasas a los negocios urbanos abre un nuevo capítulo en la regulación económica local en la dirección correcta.

El éxodo de los comerciantes informales

La falta de alternativas formales de reubicación ha profundizado, para muchos, la incertidumbre en un sector que ya lidia con barreras como la falta de acceso al crédito y la informalidad laboral.

Según datos del Estado Actual de la MYPE 2023 del Observatorio MYPE de FUSAI, el 75 % de las unidades económicas en El Salvador operan en el sector informal. Este fenómeno no solo dificulta el acceso a servicios financieros, sino que también los expone a una vulnerabilidad crítica ante cambios regulatorios de este tipo.

María López, vendedora de textiles en la Calle Rubén Darío desde hace más de dos décadas, expresa su preocupación: “Nos prometieron alternativas, pero lo único que hemos visto es incertidumbre. Algunas personas han logrado reubicarse, pero otros no sabemos qué hacer. Sin un espacio para vender, no podemos sobrevivir”. Su historia se repite en muchas familias que dependen del comercio informal para subsistir.

La reversión de las ordenanzas fiscales: un respiro para los pequeños negocios

Mientras los desalojos impactan a los vendedores informales, un cambio en las tasas municipales ha conseguido aliviar la presión sobre los pequeños empresarios formales. En un giro inesperado, y bajo una exigencia fuerte del presidente Bukele, varias alcaldías del país han decidido derogar o modificar ordenanzas que imponían tasas elevadas a los negocios que operan en entornos urbanos. La medida responde a las experiencias en la región. Un análisis del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala que la alta carga impositiva sobre pequeños negocios en países en desarrollo puede generar un efecto contrario al deseado: en lugar de aumentar la recaudación, empuja a los empresarios hacia la informalidad.

El alivio impositivo recientemente aprobado podría representar una oportunidad para que los pequeños empresarios incrementen sus inversiones y formalicen sus operaciones. No obstante, persiste la incertidumbre sobre la implementación de medidas complementarias, como incentivos para la formalización, acceso a mercados y mejores programas de financiamiento.
Un reordenamiento necesario, pero un reto para el sector emprendedor y la política pública

Los cambios en la regulación urbana y de las tasas municipales evidencian dos realidades que deben conciliarse en la política económica local. Por un lado, los gobiernos locales apuestan por la modernización y la regulación de espacios públicos; por otro, las realidades de las MYPES reflejan un sector que aún carece de las condiciones necesarias para operar dentro de la formalidad sin sufrir pérdidas económicas significativas.

Parece necesario que cualquier proceso de reordenamiento urbano debería ir acompañado de programas de reintegración de los afectados. Sin estas herramientas, los cambios en la infraestructura urbana pueden convertirse en una barrera adicional para el crecimiento de las MYPES, que generan el 70 % de nuestros empleos.

Frente a este panorama, es crucial que la política pública adopte un enfoque de integración que no solo mitigue los impactos negativos del reordenamiento urbano, sino que también abra oportunidades concretas para que las MYPES accedan a los nuevos mercados emergentes, especialmente aquellos vinculados al auge del turismo en el país.

La integración de las MYPES en rutas turísticas, ferias locales, centros culturales y espacios gastronómicos puede convertirse en una vía efectiva para diversificar sus fuentes de ingreso y promover su formalización sin imposiciones tributarias excesivas. Por otro lado, el proceso de modernización urbana no debe suponer una homogeneización cultural que borre las expresiones tradicionales del comercio minorista salvadoreño. Al contrario, debe resaltar y proteger la riqueza cultural que representa la actividad económica de las MYPES: desde la venta de artesanías y productos autóctonos hasta las tradiciones culinarias y los oficios heredados.

Solo con una política que combine desarrollo económico con integración y respeto cultural se podrá construir una economía más fuerte, resiliente y genuinamente salvadoreña.