El proceso de reforma constitucional en El Salvador establece que una legislatura debe aprobar el acuerdo de reforma, y la siguiente ratificarlo (artículo 248 de la Constitución de la República).

La Sala de lo Constitucional aclaró que el primer paso –el acuerdo de reforma– debía realizarse antes de las elecciones que conformarían la siguiente legislatura. Esto para garantizar que el pueblo decidiera por quién votar, sabiendo que uno de los elementos en juego para esa siguiente legislatura era la ratificación de determinado cambio constitucional.

Después de las elecciones legislativas y un poco más de veinticuatro horas antes de que entrara la nueva legislatura, la anterior aprobó un acuerdo de reforma constitucional. La extemporaneidad con que se aprobó ese acuerdo es una violación más a la Constitución.

El acuerdo era para reformar el mismo artículo 248, el que establece las reglas para cambiar la Constitución. La disposición que se pretende incluir –si es que se ratifica la reforma constitucional– incluye un proceso exprés para reformar la Constitución. Ya no se necesitarían dos legislaturas, sino que una sola podría cambiar la Constitución. Siguiendo el patrón de abuso de las dispensas de trámite, una reforma constitucional podría, incluso, adoptarse en apenas unas horas.

Luego de que el 1 de mayo inició la actual legislatura, la ratificación de la reforma constitucional al artículo 248 no se incluyó en ninguna agenda. Pero el miércoles, el presidente de la Asamblea Legislativa finalmente se refirió al tema. Dijo: “Estamos evaluando que probablemente sea antes de finalizar este año o a principios del próximo”.

Desde hace años El Salvador avanza aceleradamente en un proceso autoritario. Se removió a los magistrados del tribunal constitucional, se suspendieron de manera generalizada e indefinida derechos fundamentales y se consumó la reelección presidencial cuando la Constitución lo prohíbe. La ratificación de la reforma al artículo 248 de la Constitución sería otro paso en nicaraguizar a El Salvador.

Recientemente se publicó la edición 2024 del Rule of Law Index (World Justice Project). El Salvador obtuvo una nota de 0.43/1. La condición del Estado de Derecho del país se ubica en la posición 111 de entre 142 países evaluados. La caída es dramática. Hace 10 años, con una puntuación de 0.51/1, se ubicaba en el puesto 59. La ratificación de la reforma constitucional solo agudizará la caída para el próximo año.

Es probable que el Estado de Derecho sea un concepto ajeno y que no despierta interés en la mayoría de salvadoreños. “De eso no se come”, podrán decir algunos. Pero sin Estado de Derecho no hay inversión; sin inversión no hay trabajo ni negocios; y sin ellos, no hay comida.

El efecto económico del autoritarismo lo podemos ver en el Índice de la Libertad Económica (The Heritage Foundation). Este refleja esa misma caída. En 2024, El Salvador se puntuó 54.4/100, ocupando la posición 117 de 184 países evaluados. Se le califica como “Mayormente No Libre”. En sus notas describe así al país: “El entorno regulatorio de El Salvador generalmente promueve los negocios, la inversión y la competitividad, pero la debilidad institucional continúa ralentizando la transición a una economía más dinámica”.

Es imposible que El Salvador salga de la miseria si continúa la deriva autoritaria. Eventualmente su familia pagará la cuenta de la reforma constitucional cuando la pobreza toque a su puerta.