El gobierno de El Salvador acaba de colocar, cerca de las playas de La Unión, la primera piedra de lo que será el Aeropuerto del Pacífico, cuya primera fase, según los planes oficiales, será inaugurada en el segundo semestre de 2027 y tendrá un costo de $386.4 millones, la mayor parte proveniente de un préstamo de $320 millones, aportado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
Una vez en operaciones, el aeropuerto tendrá capacidad para recibir a 300,000 pasajeros, una cantidad equivalente a la que actualmente se mueve en tres semanas por el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez (AIES). Luego vendrán dos fases más, la última de las cuales espera alcanzar un movimiento de pasajeros de 5 millones al año, similar al AIES en 2024. No hay detalles sobre el financiamiento de estas fases ni planes concretos para su ejecución.
El presidente de la república destacó que el proyecto generará, en términos inmediatos, más de 10,000 empleos directos e indirectos, y que en el mediano y largo plazo dinamizará la economía de la zona oriental y del país. Además, enfatizó que este acto representaba una promesa cumplida y que desmontaba las dudas de quienes creían que nunca se haría realidad.
Es importante recordar que una de las principales propuestas de la campaña electoral que llevó al presidente al cargo en 2019 fue la realización de megaobras, entre ellas dos proyectos que generaron particular escepticismo: una línea de trenes de alta velocidad de oriente a occidente y la construcción de un aeropuerto en la zona oriental.
Las dudas, unas más razonables que otras, surgen principalmente de la magnitud de las obras prometidas y del análisis sobre cuáles deben ser las prioridades en infraestructura pública. Lo ideal es que estas inversiones fortalezcan y amplíen con criterio estratégico la infraestructura existente. En este momento, es difícil determinar con certeza si este aeropuerto es una necesidad estratégica para el país o si responde más a intereses electorales. Incluso, podría ser ambas cosas. El problema es que este gobierno, fiel a su estilo, ha brindado poca, por no decir nula, información sobre los estudios de factibilidad de la obra.
Esta preocupación no surge de un escepticismo exagerado, sino de una duda razonable que cualquier ciudadano responsable debería tener cuando un gobierno pretende invertir grandes sumas de dinero en una obra pública de tal magnitud. Es legítimo preguntar, por ejemplo, si esta obra es más urgente que otras. Hay que recordar que la zona oriental sigue sin estar conectada a la capital por una carretera de cuatro carriles, lo que facilitaría una movilización más segura y rápida de la población.
El problema con este gobierno es que ha desarrollado un estilo de administración caracterizado por la falta de transparencia y la escasa participación ciudadana. Es difícil saber con certeza si el gobierno tiene un plan maestro de infraestructura. Lo que sí es seguro es que el presidente actual no publicó su plan de gobierno 2019-2024, pese a la exigencia constitucional, ni hay señales de que vaya a publicar un plan para el período 2024-2029.
El desarrollo de la infraestructura pública —en transporte, energía, agua y saneamiento, entre otros sectores— debe obedecer a un plan maestro basado en una visión compartida sobre las necesidades del país. Más importante aún, es fundamental establecer prioridades para que cada dólar invertido genere el mayor beneficio para la población.