En este caserío hay tres iglesias evangélicas y una católica. Son, dice Santos Odir, el baluarte de Condadillo, del cantón Volcancillo, en Conchagua, La Unión. "Es lo que nos da la ventaja, si antes peleábamos hasta por un mango, ahora ya no", explica quien también es pastor de una de ellas. Si es necesario mover las viviendas para dar paso a la construcción del Aeropuerto del Pacífico, "¿qué va a pasar con esto, que es de todos?", cuestiona. ¿Qué va a pasar con la vecindad que estas personas han desarrollado a lo largo de no menos de seis décadas?

Santos Odir llegó a Condadillo en 1987. Él no pregunta solo por el dinero que los vecinos podrían recibir, tras demostrar ser propietarios del espacio que ocupan las tierras o viviendas que se necesita para uno de los proyectos insignia del gobierno. Pregunta, más, por las posibilidades que tengan de seguir juntos. Mientras habla, una veintena de vecinos lo escucha. Todos quieren saber qué va a pasar con la comunidad más allá del pedazo de tierra que habita y se han reunido de manera espontánea para participar en esta entrevista colectiva.

En términos generales, los representantes del caserío Condadillo tienen fe en que el Gobierno cumplirá con los compromisos que selle con los habitantes de esta otra comunidad que se verá afectada por el proyecto. Todos los planes de la comunidad parten de que lo que les dicen los representantes del gobierno es cierto.

Acuerdos que se puedan calificar como oficiales, sin embargo, no hay. Para empezar, no hay nada escrito. Y tampoco ha habido consultas ciudadanas como las que exige un Proyecto de Impacto Ambiental de Moderado a Alto (PIAMA), como es este de la construcción del aeropuerto. Estas forman parte del Estudio de Impacto Ambiental que debe estar terminado antes de octubre, de acuerdo con el plazo que el Ministerio de Medio Ambiente notificó a CEPA (Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma). Sin este requisito, no se puede comenzar a construir, de acuerdo con la normativa vigente.

Los habitantes de los caseríos de Condadillo y Flor de Mangle, que están en el área de diseño del aeropuerto, ya se reunieron el 5 de enero y el 21 de febrero con representantes de CEPA, la titular del proyecto. En esas ocasiones, también hubo representantes del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) y de las alcaldías de Conchagua y de La Unión.

"Estamos claros en que, en tanto no se tengan las viviendas construidas, no nos movemos de aquí", agrega José Vásquez, uno de los vecinos presentes en este encuentro improvisado en un patio lleno de plantas de una familia que quizá salga afectada.

José, de hecho, tiene 60 años y nunca ha vivido en otro lado que no sea este caserío de vocación agrícola, ganadera y pesquera. Su parcela la ha dividido ya entre sus nueve hijos; algunos, cuenta, ya construyeron sus casas; otros, estaban en planes. "Pero, por esto, hemos tenido que parar todo".

Hasta el momento, ninguna autoridad ha especificado la zona de reubicación. Ni siquiera se ha trasladado una cuenta oficial de las viviendas o parcelas de uso agrícola y ganadero que están dentro de los márgenes del proyecto. A las familias de la zona, al menos, no se les ha hecho llegar información acerca de los requisitos ni de los pasos a seguir para poder tener acceso a la compensación en caso de que su terreno sea requerido para la construcción del aeropuerto.

"Ya ni dormimos. Se nos ha ido el sueño, el sueño de poder mantener nuestras casas", resume Juan Álvarez, otro de los vecinos congregados. Aquí, en donde los habitantes habían construido esperanzas de estabilidad, ahora manda la incertidumbre.

Como Israel

En la página web de CEPA aparece publicado que el 24 de febrero, dos días después de la segunda reunión informativa de las instituciones con los vecinos, "el Consorcio internacional Peyco-ALBEN 4000 presentó el Informe Económico-Financiero sobre la nueva terminal aérea".

En Condadillo, ya son más numerosos los contingentes de militares y policías que resguardan la zona. También hay un alto flujo de vehículos con logos de CEPA. Y hay cuadrillas de gente identificada como representante del Ministerio de Obras Públicas que toman medidas y fotografías de las viviendas y las parcelas de agricultura y pastoreo de ganado.

CEPA mantiene el discurso de que el proyecto tiene elementos que ayudarán a desarrollar la zona en donde se construya. "Se consideró la mejor ubicación de la terminal, el impacto social y el lado catastral, para el cual se evaluaron el campo de identificación, caracterización y localización de las parcelas". Federico Anliker, presidente y representante legal de esta institución ha dicho, además, que esperan colocar la primera piedra del aeropuerto este año.

Vásquez asegura que, como ocupantes de la tierra, a los representantes de CEPA, del ISTA, del MOP y de las alcaldías les han solicitado tres cuestiones puntuales: un lugar digno y cercano para la reubicación, trabajo para los locales en la construcción del aeropuerto y, una vez construido, un espacio dentro del aeropuerto para comercializar los productos que los pescadores lleven a la cooperativa.

Vásquez, sin matices, es optimista y cree en la palabra de quienes han presidido las dos reuniones. Cree que a los reubicados se les llevará a un lugar digno, con todas las comodidades que aquí les ha costado mucho conquistar: buenas calles, agua, electricidad y espacio suficiente.

"Las casas que nos van a dar tienen que hacerlas a como se tienen por el momento, que tenemos bien ordenado con baños y todo", explica. Incluso cree que el gobierno encontrará la manera de permitir que la comunidad ingrese al aeropuerto o sea parte del mismo. No todos, sin embargo están en esta misma página.

Santos Odir, el pastor de Condadillo, cree que el impacto más importante de este proyecto tiene que ver con las oportunidades laborales, eso que, aquí, se limita a agricultura, ganadería y pesca. "Yo, que estudié solo seis meses primer grado, ¿cómo voy a tener beneficio en un aeropuerto? Si yo no sé leer. Y hay muchos aquí que solo tienen hasta un sexto, la mayoría se quedó en noveno. ¿Cómo vamos a hacer?".

Esa respuesta, las instituciones estatales la deberían de tener pronto, si el plan de colocar la primera piedra este año sigue en pie. También se debería contar, como lo estipula una resolución ambiental del MARN con fecha de septiembre de 2021, con un estudio de impacto de la zona en la que se reubicará a las familias. Pero de esto aún no se hace pública ninguna certeza. "El presidente nos ha pedido trabajar de manera articulada", es lo que Anliker se ha limitado a señalar.

Uno de los puntos en los que Vásquez y Santos Odir coinciden es en que no están dispuestos a dejar sus tierras sin una opción segura para el traslado. "Tenemos que soportar hasta que nos den el lugar a donde sí podamos ir a vivir, queremos tener las ubicaciones y, ya con eso, nosotros empezamos a arriar las ovejas, las vacas, los patos y, como el pueblo de Israel, salir rumbo a la tierra prometida".