De esta región, todos los días parte gente que migra hacia algún país del norte de América. ¿Cuántos de ellos llegan? No todos. Algunos mueren y sus familiares tienen la suerte de poder identificarlos. Otros, desaparecen. ¿Cuántos? No se sabe con exactitud. Ningún gobierno de los países involucrados los cuenta. La Organización Internacional de las Migraciones calcula de más de 3,000 desde 2014 a la fecha. A los migrantes desaparecidos en ruta solo los buscan sus familias organizadas, la sociedad civil.
Grupal. Las caravanas de migrantes han sido una de las formas de movilización que más han evidenciado la crisis social de Centroamérica.
María de Mejía revisó foto por foto. Cientos de fotos. A unos todavía se les distinguían rasgos. De otros, huesos. Vio ropa, se acercó a los tatuajes en busca de pistas. Revisó nombres, el cabello, las manos. Esta salvadoreña hurgó en los archivos de las personas halladas fallecidas en McAllen, Texas, Estados Unidos, durante los últimos nueve años. Por encima de todo, agradeció la oportunidad, agradeció la información y el acceso.
María no es detective. Tampoco forense. Desde el año 2012, María es madre de un migrante desaparecido. Ha participado en varias caravanas de mujeres que, una vez al año, se meten por territorios de México en busca de sus seres queridos de quienes dejaron de recibir noticias mientras estaban en ruta, por lo general, hacia Estados Unidos. Su labor no es fácil. Su trabajo casi ni se ve. Porque tiende a calificarse como una cuestión casi personal. Algo que solo les duele a ellas.
De entre el universo cada vez más amplio de personas desaparecidas, el colectivo de los migrantes es el más invisible. Para empezar, no se cuentan, no hay datos. No los hay, porque tampoco se ha creado un sistema de registro de denuncias. Hay pocas guías. ¿Quién sabe qué se debe hacer si una persona que va en ruta a Estados Unidos sin documentos dice que va a llamar en dos o tres días y nunca llama? ¿En qué momento pasa a ser un desaparecido?
En las delegaciones de la Policía Nacional Civil, el procedimiento es difuso. El PAU (Protocolo de Acción Urgente) indica que todo reporte de persona desaparecida debe ser ingresado. Pero, como los familiares no pueden especificar qué ropa llevaba, en qué momento exacto desapareció, qué día, con quién estaba ni en qué lugar, pocas veces esa denuncia se oficializa.
María de Mejía comenzó el proceso de denuncia tres meses después de hablar por última vez con su hijo. Lo hizo a ciegas. Lo hizo como ella se imaginaba que debía ser. Antes de comenzar a realizar gestiones, tuvo que pasar por ese doloroso proceso de aceptar que a Edwin Colindres le había pasado algo, que, por eso, ya le debía llamar desaparecido, con todas sus letras e implicaciones.
Para un desaparecido en ruta, el proceso inicia con una gestión en el país en donde su familia lo ubica por última vez. Y de ahí, "es como buscar una aguja en un pajar", señala Claudia Interiano, coordinadora regional para Centroamérica de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Esto, porque no hay una estrategia automática de búsqueda y tampoco un sistema de comunicación efectivo e inmediato entre las autoridades de los países de la ruta. Es decir, no hay voluntad política para buscar. Y, mucho menos, para evitar más desapariciones. Por eso, mujeres como María dedican sus fuerzas a hacer el trabajo que corresponde a las autoridades, a las de varios países.
"La localización de una persona es muy compleja y requiere recursos y voluntad política para activarla. Ante una denuncia de desaparición, lo primero que debe entrar en acción es la red consular y el personal técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero, la red consular no funciona como debería, y es por eso que el porcentaje de personas no localizadas es muy alto", explica Celia Medrano, defensora de derechos humanos.
Como representante del Comité de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos (COFAMIDE), María de Mejía participó en varias caravanas por México. Edwin, sin embargo, desapareció en territorio estadounidense. Y ha sido hasta este año que la caravana de madres que buscan por fin llegó hasta allá. Junto a ella, iban madres de Honduras y de Guatemala.
Describir la emoción de María no es fácil. No se le puede llamar alegría. Tampoco tristeza. Revisar esos archivos en la oficina del comisario de McAllen es un triunfo para las organizaciones que no se cansan de buscar. "Y es algo muy duro ver cómo quedan los cuerpos", explica ella.
Formar a las autoridades
Edwin migró el 5 de septiembre, el día del cumpleaños de María. Iba a Estados Unidos a buscar trabajo, porque, aquí, en El Salvador, no encontró una oportunidad real de mejorar su calidad de vida.
Para esa fecha, a María se le "combinan" los sentimientos. Mientras da "gracias a Dios" por un año más de vida, recuerda que la última vez que vio a su hijo fue en un día como ese. Entonces, en sus oraciones de agradecimiento también pide por encontrarlo. Y lo mismo pasa en las cenas de navidad y año nuevo. Porque, desde aquel día, en su mesa hay "una persona ausente".
En 2020, 476 personas fueron reportadas como desaparecidas o fallecidas en la frontera entre México y Estados Unidos, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Ocho de ellos, menores de edad. "La compilación de datos sobre muertes y desapariciones de migrantes en la región es sumamente complicada y faltan fuentes informativas accesibles, ya sea gubernamentales o de carácter oficial", señala esta organización en un reporte del Proyecto Migrantes Desaparecidos.
Para elaborar informes, la OIM echa mano de "los datos compartidos por las autoridades de migración de México, y también los informes emitidos por los examinadores médicos y forenses de condado, las oficinas de los comisarios en la frontera sur de los Estados Unidos", esos archivos muestran fotografías, son los que, en McAllen, pudo ver María de Mejía.
"Sin embargo, estos datos están fragmentados y no son fácilmente accesibles, por lo cual los informes no son consistentes", retrata la misma OIM que, aun así, ha compilado 3,538 casos de migrantes desaparecidos o muertos. El subregistro, sin embargo, es incalculable. Entre los archivos de la comisaría de McAllen, María no halló nada sobre su hijo, desaparecido en alguna parte de esa ciudad en 2012, dos años antes de que la OIM comenzara a recabar datos.
Ante la falta de registros en la ruta, "las principales fuentes de información sobre muertes y desapariciones de migrantes dentro de México son las agencias noticiosas locales, las cuales con frecuencia presentan información que no es precisa ni completa". De acuerdo con los datos que ha logrado reunir la OIM, en 2021, hasta noviembre, han desaparecido o muerto más migrantes que en el 2020 completo: 613, entre ellos, 18 menores de edad.
La OIM muestra interés en contar con datos más confiables de lo que sucede con las personas en situación de movilidad. Para abrir el proceso de denuncia por desaparición de un centroamericano, recomienda a una serie de organizaciones. Para el caso de El Salvador están: Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), de la que forma parte Claudia Interiano, y el Comité de Familiares de Migrantes fallecidos y desaparecidos (COFAMIDE), en el que se encuentra María de Mejía.
En COFAMIDE todos los miembros tienen a un familiar desaparecido o fallecido. Todos. Ellos mantienen seguimiento a 298 casos. "Estas fechas son bien difíciles para las familias del comité. Es bien duro enfrentarse a esto y tener que seguir. Porque significa pensar y cuestionarse, de nuevo, qué pasó, si está con vida o si falleció. Si murió, en qué circunstancias ocurrió. No es fácil", cuenta María del Rosario, la hermana de Edwin.
Ante los silencios de las autoridades, han sido las familias las que han empujado acciones de búsqueda internacional. Interiano, de la FJEDD, asegura: "Es la Sociedad civil la que le ha enseñado a las instituciones públicas cómo hacer búsquedas en México. Si lo hemos podido hacer hasta allá, ¿por qué no se puede hacer en El Salvador?".
La FJEDD lleva 124 casos de personas desaparecidas de Guatemala, Honduras y El Salvador. Estos casos han encontrado eco en las autoridades solo porque la fundación y los comités de familiares han hecho gestiones. De lo contrario, formarían parte de la larga lista de los que no cuentan.
En diciembre de 2015, por Decreto Ejecutivo de México, se creó el Mecanismo de Apoyo Exterior (MAE), que es un conjunto de medidas e instituciones que buscan facilitar que los y las migrantes y sus familiares puedan acceder a la justicia. En teoría, lo persigue es que cualquier persona, en cualquier lugar del mundo en el que exista un consulado o embajada de México pueda denunciar una desaparición o cualquier otro delito cometido contra un migrante en territorio mexicano. Es decir, existe un protocolo. Lo que falla, de nuevo, es que no hay voluntad política que permita ejecutarlo como se debe.
La localización de personas desaparecidas en el trayecto migratorio irregular no ha sido prioridad para las últimas gestiones gubernamentales, explica Medrano. Y por últimas se refiere a las de ARENA, el FMLN y, ahora, GANA. Medrano fue directora de Gestión Humanitaria y Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, entre 2012 Y 2014, y finalista para ocupar el cargo de secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Desde ahí destaca que, en el primer gobierno del FMLN, el de Mauricio Funes, fue creado el Banco de Datos Forenses de Migrantes No Localizados de El Salvador, en 2010. Este organismo está formado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, COFAMIDE, la Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos y el Equipo Argentino de Antropología Forense. "Lamentablemente, en el segundo periodo de gobierno del FMLN no se dieron pasos más significativos que los que ya se habían dado en la primera gestión", añade.
El Banco de Datos Forenses, entre 2010 y 2019, ha reunido 950 perfiles genéticos de familiares que buscan a 343 migrantes no localizados. En el mismo periodo, ha facilitado 49 identificaciones de personas que fueron encontradas en ruta de México o Estados Unidos. "Esto es algo que estamos intentando promover con el gobierno actual. Sin embargo, a la fecha, no hemos tenido mucha respuesta de la Asamblea Legislativa, por ejemplo, para que se escuchen esas buenas prácticas y que puedan ser retomadas. Que se vea que no es de cero que se está comenzando a trabajar en este tema de desapariciones y masacres de migrantes", agrega Interiano.
La última vez que Edwin habló con su mamá, le contó que el coyote con el que viajaba le había ofrecido trabajo. "Le dijo que se quedara en México, y que iba a ganar lo mismo que en Estados Unidos", cuenta María. Pero Edwin no aceptó. En la misma llamada, dejó saber a su familia que todo en el viaje iba "muy bien".
Aquí, en El Salvador, Edwin hacía "de todo". Reparaba electrodomésticos y cocinaba. Nada de eso, sin embargo, le garantizó un ingreso económico estable. Digno, ni pensarlo. Y como ya había vivido un tiempo en Estados Unidos, sabía que el trabajo allá podía ofrecerle un "futuro mejor" a su familia, a su hijo. Desde aquella vez en que dijo que estaba en McAllen, nadie aquí volvió a escuchar la voz de Edwin. Y el coyote no respondió las llamadas. La familia Mejía esperó. Y esperó. Y esperó hasta que, a los tres meses de no recibir ninguna noticia, Edwin fue declarado como desaparecido: primero, en el dolido seno de esta familia y, después, tras una denuncia.
María del Rosario, hermana de Edwin, también es parte de COFAMIDE. Ella ahora trabaja para que otros familiares de migrantes no se encuentren sin una guía cuando están ante una desaparición. "Nosotros buscamos hacer un poquito más fácil el proceso, para que sepan qué hacer. Cuando llegan, tratamos de decirles: "Este es el paso uno. Porque es bien difícil cuando uno no sabe nada, cuando tiene nulos conocimientos de a quién abocarse", explica.
Cuando un familiar de persona desaparecida se acerca a COFAMIDE, le ayudan a llenar una ficha del caso en la que recogen información para saber, por ejemplo, cuándo fue la última vez que hubo comunicación y en qué lugar estaba la persona. Eso sirve, luego, para ponerse en contacto con las autoridades del país en el que se registró la ubicación más reciente. Después, en El Salvador, se coloca la denuncia en Cancillería, para que active la red consular, y en la PDDH.
El riesgo de las relaciones conflictivas con otros países
Desde que Edwin se fue, María no tiene descanso. No hay día, cuenta, en que no piense en él. Y eso es para ella un "sufrimiento constante": no saber dónde está, si está vivo, si ha comido o si está muerto. No saber, esa es su agonía. Esto lo cuenta tres días después de finalizada la caravana por Estados Unidos. Ahí le tomaron una prueba de ADN para buscar, entre los miles de archivos de personas fallecidas, a su hijo. Esa es, por ahora, su esperanza. Que le avisen que está ahí. Que le digan que ya no tiene que seguir buscando. Tener, finalmente, un lugar para "llevar una flor".
Uno de los objetivos del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular - del que El Salvador es firmante y, en su momento, uno de los principales impulsores- establece que es crucial "salvar vidas y emprender iniciativas internacionales coordinadas sobre los migrantes desaparecidos".
Las relaciones conflictivas que el gobierno de El Salvador tiene con Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos afectan el ya débil proceso para ubicar a migrantes fallecidos y desaparecidos. "Cuando hablamos de cooperación entre estados, las relaciones diplomáticas son bien importantes para establecer acuerdos mínimos de intercambio de información genética o en materia de investigación para hacer las búsquedas. También es importante que las fiscalías se pongan de acuerdo, y eso es algo imprescindible", explica Interiano.
Pese a los miles de registros que tiene la OIM solo en la ruta México-Estados Unidos, que es la que más transitan los hondureños, guatemaltecos y salvadoreños, hasta el momento, no se ha creado nxinguna alerta de búsqueda de migrantes para la región. Este proceso, en la mayoría de casos, se hace desde el supuesto de fallecimiento. No hay mecanismos de rescate de un migrante que deja de comunicarse con su familia. No hay herramientas para buscarles vivos. Aunque María de Mejía y su hija hubieran colocado la denuncia el mismo día en que Edwin dejó de comunicarse, nadie habría ido a buscarle a McAllen. Esa ruta, nueve años y miles de desaparecidos después, no se ha creado.
En este marco, la red consular es uno de los enclaves importantes, pero es, también, una ruleta rusa. La calidad del servicio depende mucho de quién ocupe la silla de cónsul, no hay estándares mínimos y, lo mismo puede estar al frente un diplomático de carrera o "un odontólogo", como señala Interiano.
"La actual gestión, lo he dicho en ocasiones anteriores, no tiene como prioridad la atención a los derechos de los migrantes salvadoreños. Ni de los que van en el trayecto de la ruta migratoria, ni de los que han logrado llegar a sus países de destino. Retomar con mayor responsabilidad la obligación de atender las necesidades de los migrantes es una deuda que tiene el gobierno actual", concluye Medrano.
Mantener estas oficinas abiertas, de todas formas, ofrece a los migrantes la oportunidad de encontrar auxilio. Desde el inicio de la gestión del presidente Nayib Bukele, sin embargo, se han cerrado al menos dos en territorio mexicano: el de Arriaga y el de Comitán, ambos en Chiapas.
"El cierre de consulados en la ruta migratoria, de aquellos que se abrieron en la administración Funes, está complicando más la situación. El de Arriaga, que ha sido siempre un punto obligado en la ruta de migrantes, porque es un lugar al cual usualmente llegan enfermos, heridos, cansados, entiendo que se ha eliminado", explica Jeannete Aguilar, investigadora en violencia y seguridad.
María ya no busca solo a su hijo. No. Cuando va a las caravanas, lleva en mente a los de las otras madres del comité, porque no todas pueden viajar. Porque no todas pueden dedicarse solo a buscar.
Algunas tienen niños pequeños a los que deben cuidar; a veces, son sus nietos, los hijos de sus hijos desaparecidos. Otras madres, la mayoría, no pueden pagar los documentos que permiten viajar. Y para otras no hay permisos en el trabajo, porque no existe algo como una licencia por familiar desaparecido. Por eso, María busca a muchos. Y cuando tuvo acceso a los archivos de migrantes fallecidos no solo pensó en Edwin, su hijo.
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