El Salvador tuvo una de las cuarentenas más rigurosas del mundo, según la Universidad de Oxford, periodo en el que, durante más de 80 días, las empresas de servicios, como gimnasios y academias, dejaron de recibir clientes en los locales. La reapertura ha dejado ver la enorme falta que hace una regulación que indique qué hacer ante el choque de derechos entre los clientes que pagaron por un servicio que no pudieron recibir y las empresas que no cuentan con la solvencia económica para hacer un reintegro de dinero.
Fotografía de Archivo
Vera Mejía pagó por un servicio que no recibió. En enero, se inscribió en un nuevo gimnasio. El lugar le pareció atractivo porque le quedaba cerca de la casa. Al comenzar, pagó la membrecía anual y una promoción por tres meses. Llevaba mes y medio cuando se declaró el Estado de Emergencia Nacional y cerraron las instalaciones. Ella continúo haciendo ejercicio en su casa, con la certeza de que al reabrir la economía podría volver al gimnasio a completar el tiempo que le había quedado pendiente.
El 24 de agosto el gimnasio anunció que podían acercarse o hacer una llamada para comenzar el proceso de reingreso. Vera llamó para informarse sobre cómo iba a funcionar todo con la reapertura. Para su sorpresa, le comunicaron que tenía que pagar una nueva mensualidad, pues las que había cancelado ya no tenían vigencia. “Los meses se vencieron”, le informaron.
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