En los pilares de transparencia, participación ciudadana, y vigilancia presupuestaria El Salvador sale mal evaluado, según la Encuesta de Presupuesto Abierto 2021 de International Budget Partnership (IBP).

El país pasó de tener 46 puntos en transparencia en 2019 a 41 en 2021, y es la nota más baja de la región, 24 puntos menos que Guatemala, 22 abajo de Costa Rica, a 16 puntos de diferencia de Honduras y 1 abajo de Nicaragua.

La encuesta que se realiza cada 18 meses, es una evaluación de los presupuestos públicos de 120 países y en la evaluación global, El Salvador está en el puesto 75. Anteriormente ocupaba el puesto 56 de 117 naciones.

Según reconoció, Andrés Ponce, representante del International Budget Partnership (IBP), a pesar de la pandemia, muchos países fueron capaces de mantener o aumentar su puntaje en la evaluación; el puntaje promedio de transparencia a nivel mundial subió más del 20 % desde 2008. Esto ha sido, principalmente, gracias a la mayor digitalización de la información y a la institucionalización de las prácticas de rendición de cuentas.

Pero no en todas las regiones se han dado avances, en la región centroamericana, hubo un estancamiento en materia de transparencia y rendición de cuentas; y una caída en la participación ciudadana, explica el economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Ricardo Castaneda. Que señaló que El Salvador, en la evaluación de 2015 a 2021, muestra una "caída acentuada".

"El país estaba al mismo nivel de Costa Rica, pero conforme han ido pasando los años esto ha sido todo lo contrario, lejos de ir avanzando ha mostrado retroceso", aseguró. En 2015 el puntaje de El Salvador era de 53.

La encuesta evalúa 145 indicadores en total, parte del análisis en transparencia (109 indicadores) implica la disponibilidad publica de 8 documentos presupuestarios. "Son documentos básicos que cualquier entidad hacendaria debería de tener disponibles", asegura Castaneda.

Para Rommel Rodríguez, coordinador del área de macroeconomía y desarrollo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), que fue la institución que realizó la investigación para el país, en tres de esos documentos el país no cumple. La política presupuestaria fue entregada tarde, y se publicó a días antes de presentar el presupuesto. Tampoco se elaboró la revisión de medio año, "no es un informe de seguimiento a seis meses que elabora el gobierno porque no cumple con los requerimientos", dijo; mientras que el informe de auditoría, no es de conocimiento público.

"Se debería de ver (en la evaluación de medio año) el escenario macroeconómico para ver si la economía está creciendo como se había previsto en el presupuesto que se aprobó, y si están fluyendo los ingresos a la velocidad prevista; si se está financiando correctamente el gasto y el déficit fiscal o hacer las correcciones debidas para reencauzar las finanzas públicas", detalló.

¿Qué viene?

Para el presupuesto de este año, poco ha cambiado, señalaron los economistas e incluso se han dado retrocesos, en materia de participación ciudadana. Por lo cual la siguiente evaluación, el país podría seguir en los mismos niveles o empeorar.

Castaneda, agregó que no puede seguirse utilizando a la transparencia como excusa para decir que la gestión va a ser menos eficiente. "Como se utilizó en la pandemia (que se dijo) ‘o se era transparente o se daba una respuesta rápida y efectiva a la pandemia’. La evidencia muestra que eso no es cierto, la falta de transparencia lo que genera es corrupción", finalizó.