Tras cuatro años de negociaciones oficiales, esta semana el directorio del FMI aprobó el acuerdo con El Salvador. ¿Qué implica?
El Salvador y el Fondo Monetario Internacional (FMI) llegaron a un acuerdo de Servicio Ampliado esta semana después que el directorio del organismo lo aprobara. La negociación para llegar a este punto ha sido larga, oficialmente se anunció en marzo de 2021, pero desde 2020 ya habían negociaciones, explica el economista Luis Membreño y asegura que incluso eso facilitó que El Salvador saliera a los mercados internacionales ese año.
En 2020 el gobierno salvadoreño salió a los mercados internacionales a colocar deuda por $1,000 millones; en el prospecto de esa emisión 2052 se aseguraba que muy pronto existiría un acuerdo con el Fondo. Hasta este 2025, es la primera vez que el país cuenta con un acuerdo SAF, anteriormente se habían logrado un acuerdo “stand by” en 2008 que fue actualizado en 2010.
El acuerdo aprobado este 2025 por el directorio es el de Servicio Ampliado del FMI (SAF) y este “proporciona asistencia financiera a los países que afrontan graves problemas de balanza de pagos a mediano plazo debido a deficiencias estructurales que tardarán tiempo en resolverse”, dice el FMI y por ello los “programas son con plazos de reembolso más amplios”.
Este acuerdo implica compromisos y estos son los que se conocen a la fecha.
“Ya se ha aprobado un plan para aumentar los amortiguadores de liquidez de los bancos, y el financiamiento del FMI también respaldará los amortiguadores gubernamentales y las reservas del banco central”, señalaba el comunicado del FMI del miércoles. Los detalles sobre este compromiso los dieron en diciembre pasado donde explicaron que las reservas de liquidez que actualmente rondan “un 11.5% de los depósitos, alcanzarán gradualmente el 15% a finales de junio de 2026”. Además que “se avanzará en reformas para adaptar la normativa bancaria a las normas de Basilea III sobre supervisión basada en el riesgo”.
Uno de los factores más esperados por los economistas, además del programa, es que obligaría al gobierno a una mayor transparencia. El FMI asegura que ya se dieron los primeros pasos con “la promulgación de una nueva legislación anticorrupción” también se espera “la publicación por parte del Tribunal de Cuentas de las auditorías de los estados financieros de los organismos gubernamentales y las auditorías de COVID”. Seguirán, detalla el FMI mejoras de los procesos de contratación y rendición de cuentas.
Además, de que se harán “esfuerzos tempranos para mejorar el marco de responsabilidad fiscal, al igual que la información que se publica sobre la deuda pública, las pensiones y las empresas estatales”, asegura el FMI y los contratos públicos con transparencia sobre los beneficiarios finales.
Este quizás ha sido el compromiso más conocido; el gobierno y el FMI han acordado que se hará una consolidación del 3.5% del PIB. ¿Qué significa? Bajar el gasto y la deuda pública. Y para bajarlo se “reducirán la masa salarial, el gasto en bienes y servicios y las transferencias a los municipios”; es decir recortes de empleos públicos y menos gasto. En este apartado el Fondo ha aclarado que “la mejora de las finanzas públicas se llevará a cabo de forma que se refuerce el apoyo a los más vulnerables y se proteja la inversión pública prioritaria”; pero aún se desconocen los detalles de cómo y con qué medidas de compensará a los más vulnerables.
El bitcóin fue uno de los puntos de honor para el FMI y es uno de los temas que estuvo en la mira desde la aprobación de la Ley bitcóin en 2021; en este caso el gobierno tuvo que ceder y eliminar la palabra “moneda” de la ley. Además, se reformó la ley para que la aceptación del bitcóin por parte de los privados sea voluntaria y para que no se paguen los impuestos en bitcóin. Asimismo, el compromiso incluye: limitar la participación estatal en actividades económicas relacionadas con bitcóin y las compras; aunque aún se desconocen cuáles serán esos límites. La participación del gobierno en la billetera cripto (Chivo)también se irá reduciendo gradualmente.
El programa con el FMI dará acceso a $1,400 millones para atender las necesidades de balanza de pagos y respaldar las reformas económicas del gobierno; y el FMI asegura que “catalizará apoyo financiero multilateral adicional, para un paquete de financiamiento general combinado de más de $3,500 millones”.
El primer desembolso será de $113 millones y El Salvador hará pagos de este crédito de manera semestral, de acuerdo a un calendario de amortización a una tasa que rondaría el 5%.
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