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Nueva reforma de pensiones de El Salvador debe estar lista en 2026

El FMI agendó la publicación de un estudio actuarial para julio de este año y la presentación de la propuesta de reforma de pensiones a inicios de 2026. la deuda podría llegar al 28.3% del PIB en 2027.

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La propuesta para una nueva reforma de pensiones debe de estar publicada el 10 de febrero de 2026 (fecha de referencia), según los documentos relacionados con el acuerdo que el Gobierno de El Salvador selló con el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

El objetivo de esta nueva reforma es que el Estado salvadoreño logre la “sostenibilidad del sistema de pensiones y generar ahorros fiscales”, dice el organismo en uno de los documentos que ha publicado en su sitio web.

El directorio ejecutivo del FMI aprobó el 26 de febrero un acuerdo de servicio ampliado, lo que le permitirá a El Salvador obtener $1,400 millones más $3,500 millones en financiamiento de los multilaterales.  El programa se implementará en un periodo de 40 meses.

El Gobierno de El Salvador aprobó la última reforma de pensiones en diciembre de 2022.

El equipo técnico del FMI destaca que, en la actualidad, el país cuenta con dos sistemas previsionales:  el Sistema Público de Pensiones (SPP), que ahora sólo cubre a quienes formaban parte del antiguo sistema de reparto (protegido en la reforma de 1998), y el Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), un sistema de beneficios definidos que es gestionado por las AFP.

El sistema público cuenta con 88,000 beneficiarios, pero sólo tiene 2,300 contribuyentes. El resultado es que este sistema viene registrando déficits “crónicos” desde al menos 2017, los que han sido financiados por los Certificados de Obligación Previsional (COP) y transferencias del fondo general.

El FMI proyecta que el déficit del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) -institución a cargo del componente público del sistema- pasará del 2% del PIB (producto interno bruto) en 2025 a 2.9% del PIB en 2027 “por el mayor costo de servicio de la deuda” y la conclusión de un periodo de gracia en el pago de intereses a los antiguos Certificados de Inversión Previsional (CIP), que se aprobó en la reforma de 2022.

Por ello, las transferencias estatales pasarán de $0.5% del PIB en 2025 al 1.1% del PIB en 2027, mientras “que se espera que las emisiones de COP cubran el resto del déficit”.

“Como resultado, se espera que el stock de deuda del ISP alcance el 28.3% del PIB en 2027”, prevé el FMI. En 2030, el déficit se estabilizaría y luego disminuiría, “a medida que se reduzca el grupo de pensionados”. 

¿Qué pasa con el SAP? 

El SAP es operado por dos fondos de pensiones privados, cada uno consta de cuentas de capitalización individual y una cuenta de garantía solidaria (CGS).

Las AFP pagan en la actualidad pensiones a unos 128,000 jubilados, pero reciben contribuciones de 950,000 trabajadores. 

Durante 2024, las contribuciones a las AFP alcanzaron $1,500 millones, mientras que los beneficios pagados alcanzaron los $1,200 millones, lo que implica un aumento neto de los activos administrados de alrededor de $300 millones. En junio de 2024, las dos AFP administraban $14,900 millones, o el 42% del PIB.

“Debido a que la ley de pensiones de diciembre de 2022 obligó a las AFP a comprar todos los COP emitidos por el ISP, se estima que alrededor del 89% de los activos bajo administración de las AFP se mantienen en títulos de deuda pública, ya sea directa o indirectamente a través de bancos e instituciones financieras”, dice el equipo del FMI.

“En la práctica, los ahorros del sistema privado de pensiones son la principal fuente de financiamiento del ISP”, añade el documento. Otro hallazgo relevante es el agotamiento de la CGS en 2027. De ahí la necesidad de una nueva reforma. Por ello, el próximo paso es la publicación de un estudio actuarial independiente del sistema de pensiones, a finales de julio de 2025.

Patricio Pineda, de la Mesa por una Pensión Digna, adelantó ayer en un programa televisivo que la organización presentará su propia propuesta de reforma. “Hay que pagar la deuda de pensiones ya (más de $10,000 millones), hay que revertir el canje de deuda, hay que cambiar la fórmula de cálculo (de la pensión) y hacer ajustes actuariales al sistema”, dijo sobre sus propuestas.

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