Durante la vigencia del régimen de excepción, desde el 27 de marzo de 2022 hasta hoy, un total de 406 privados de libertad que padecían enfermedades consideradas graves han muerto dentro de los centros penales, de acuerdo con registros del sistema penitenciario a los cuales tuvo acceso LA PRENSA GRÁFICA.

El mismo sistema arroja que las distintas cárceles del país hay 18,000 reo que presentan al menos una enfermedad, siendo los penales de Mariona, Izalco y Apanteos los que más enfermos arrojan. De acuerdo con los datos, hay 18.756 personas con enfermedades crónicas graves, mientras que por otras enfermedades más leves hay 4.987 registros.

El Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas La Esperanza, más conocido como Mariona, registra 2,534 personas enfermas; el Centro Penal de Izalco, 3.457; y el Centro Preventivo y de Cumplimiento de Peñas de Apanteos, 2.678. Otros 5,100 están en las granjas penitenciarias de Zacatecoluca y Usulután, en conjunto, según los datos.

Las enfermedades más registradas son tuberculosis, hipertensión, diabetes y VIH. Según el sistema, los penales con mejor atención médica para los enfermos son el Centro Preventivo de Jucuapa en Usulután, la Granja de Zacatecoluca y el Penal de Quezaltepeque.

El pasado miércoles 8 de marzo se realizó un traslado masivo de reo enfermos. Ese día por la noche 800 privados de libertad fueron movilizados hacia el Centro de Detención Menor de Zacatecoluca, conocido como "La Granja".

Según la información obtenida por LA PRENSA GRÁFICA, estos reos trasladados padecen diabetes avanzada, insuficiencia renal, tuberculosis y cáncer.

Otros 200 fueron enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en Tecoluca, pero son reos en fase de confianza que estaban recluidos en el sector 7 de Mariona.

Los datos confirman las publicaciones de LA PRENSA GRÁFICA durante el régimen de excepción, en la que ex privados de libertad han relacionado las precarias condiciones vividas dentro de las cárceles por el hacinamiento y las enfermedades infecciosas que padecieron, además de la falta de atención médica. Las enfermedades que más mencionan son escabiosis, tuberculosis y varicela.

OPINIÓN DE EXPERTOS

El médico infectólogo internista Jorge Panameño habló sobre la situación que atraviesan actualmente los reos y las consecuencias del hacinamiento, que aumentó en un 300 % desde que comenzó el régimen de excepción, según ha documentado este medio.

El especialista dijo que el hacinamiento es un factor clave para que enfermedades respiratorias se propaguen en la población carcelaria. Dijo que los centros penitenciarios siempre han registrado altos índices de tuberculosis y que hoy en día ese dato es mucho más alto. La enfermedad afecta a personas con defensas bajas, como los diabéticos, los que padecen infecciones renales, hepáticas, crónicas o pulmonares.

Luego siguen enfermedades de la piel, como lo son la escabiosis o la sarna humana. Para el médico, el hacinamiento es un ambiente propicio para que estas enfermedades se propaguen, igual que las infecciones de hongos, covid-19 y varicela.

"Si una persona que tiene diabetes no recibe el tratamiento de manera oportuna y apropiada puede fallar de manera temprana por la complicación y por falta de medicamentos. Los diabéticos se mueren muy rápido porque desarrolla múltiples complicaciones, ya no digamos quien padece del corazón, tiene la presión alta, una insuficiencia cardiaca congestiva o insuficiencia renal", aseveró el especialista.

"Quien convenció esta estrategia (régimen) tuvo que haber tomado en cuenta estos factores, pensar y abordar de manera apropiada esto", añadió.

Las organizaciones sociales llevan sus propios registros de personas que han sido capturadas y tienen problemas de salud. Hasta el 6 de marzo Cristosal apareció 3.252 casos, 257 con enfermedades crónicas, según las denuncias.

Rina Montti, directora de Investigación en Derechos Humanos de Cristosal, dijo que el encarcelamiento salvadoreño nunca ha sido garantía de los derechos mínimos, pero en este contexto parece que las condiciones son aún peores. "El problema más grave es todo lo que no podemos ver, la opacidad del gobierno frente a las personas privadas de libertad, no permite dimensionar toda la gravedad en que podrían estar", aseguró.

Montti dijo que se han acercado a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para que la institución realice gestiones para conocer el estado de salud de las personas y que sea posible llevarles medicamentos. Han logrado hacerlo en algunos casos, pero en otros no. "Los privados de libertad están en muy malas condiciones. Algunas personas entran con salud y están saliendo con problemas que no tienen. Esto definitivamente se constituye como una negligencia del Estado, que no solo no garantiza los derechos mínimos, sino que también está descubriendo, por acciones o negligencia, nuevas condiciones que ponen en riesgo a las personas”, aseveró.

Por su parte, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA produjo 597 casos atendidos hasta la fecha. De estos, 88 son de personas enfermas. 

Jorge Rodríguez, coordinador del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH), dijo que por la situación actual es necesario aplicar un enfoque y un trato diferenciado con todas las poblaciones vulnerables en la población privada de libertad. "El hacinamiento carcelario dificulta garantizar los derechos básicos a la salud, por lo que es urgente estudiar medidas alternativas para las personas con enfermedades y padecimientos crónicos".