La Fiscalía de El Salvador tiene seis meses para robustecer las investigaciones contra 10 exfuncionarios del partido de izquierda FMLN acusados de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, tras supuestamente haber recibido sobresueldos entre 2009 y 2014.

Actualmente, el caso se ve desde varias perspectivas en el país: unos creen que la investigación fiscal es débil porque recibir sobresueldos no está tipificado como delito en el Código Penal de El Salvador.

Otros creen que se trata de persecución política contra opositores al gobierno.

Una tercera parte considera que las capturas son el resultado del buen funcionamiento de la justicia, que hoy tiene tras las rejas, de manera provisional, a Violeta Menjívar, Carlos Cáceres, Erlinda Handal, Hugo Flores y Calixto Mejía. El resto no ha sido capturado.

El fiscal general, Rodolfo Delgado, desmiente que la investigación sea débil y asegura que tiene los recibos firmados por los acusados donde constan los montos que recibieron en concepto de sobresueldos, y anticipó que en los próximos días se completarán las investigaciones contra otros 54 exfuncionarios que serán procesados por también haber recibido pagos adicionales a su salario, los cuales no fueron detallados en planilla.

Reconoce además que este tipo de delito “es un poco complejo, porque tienden a confundirse los dineros que son ilícitos con aquellos dineros que se obtienen conforme a la ley”.

Asimismo, aseguró que el caso no es parte de un entramado de “persecución política” contra opositores, como lo ha asegurado el secretario general del FMLN, Oscar Ortiz. Agrega que es una investigación que lleva dos años preparándose.

El coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de la Fundación Nacional del Desarrollo (Funde), Wilson Sandoval, dijo a la Voz de América, que aunque entregar “sobresueldos” a funcionarios públicos no sea delito como tal, “no significa que sea ético”.

“Ojo, no estoy defendiendo a los funcionarios acusados, únicamente estoy explicando desde una perspectiva jurídica por qué no aplica ese concepto de denominarlo un delito de sobresueldos como ha tratado de instalarse desde el Ejecutivo”, dijo.

Como la Fiscalía no los acusa específicamente de recibir sobresueldos sino de enriquecimiento ilícito, Sandoval agrega que para robustecer la investigación, debe probar que hubo un aumento en el patrimonio de los funcionarios de manera injustificada.

Y en el caso de lavado de dinero y activos, se debe probar “que el dinero venía de un esquema ilícito, enmascarado a través de transferencias”, y que finalmente ingresó al sistema “con apariencia de licitud”.

Pero el abogado Eduardo Escobar, de la organización Acción Ciudadana, no ve en la investigación un delito como el señalado por la Fiscalía. Mas bien considera que tratándose de pagos extras entregados a funcionarios que no eran subalternos directos del presidente, se habla “de lo que popularmente se conoce como soborno, y esto configura en el delito de cohecho”.

¿Por qué tiene reserva el caso?

Ernesto Feusier, uno de los abogados defensores de los exfuncionarios cree que el caso tiene reserva debido a que la Fiscalía busca que no se conozcan públicamente “las presuntas pruebas que va presentando para sostener sus acusaciones”.

Un caso puede ser declarado como reserva si se trata de proteger bienes jurídicos mayores, como la identidad de una víctima de abuso sexual o abuso de menores, entre otros, no así el caso de los exfuncionarios, agrega.

No obstante, Escobar considera que la declaratoria de reserva no puede considerarse negativa a priori, pues también sirve para evitar que se hagan públicos “datos personales que puedan posteriormente ser alterados”, y añade: “habría que ver la fundamentación que da el juez para decretarla en reserva”.

El abogado reconoce que perseguir la corrupción del pasado en El Salvador era una deuda de los gobiernos anteriores. Sin embargo, sí señala que ahora mismo se está haciendo una “aplicación selectiva de la justicia, ya que no se está persiguiendo ni juzgando a funcionarios señalados actualmente”.

Hace un mes, Estados Unidos difundió la lista Engel sobre transparencia en el Triángulo Norte de Centroamérica, en la que figuraron tanto exfuncionarios de gobiernos del FMLN como funcionarios de la actual administración.

El fiscal general dijo que lo que para Estados Unidos era delito, podía no serlo para El Salvador. Mientras tanto, la nación norteamericana sigue haciendo hincapié en los gobiernos del Triángulo Norte a trabajar con transparencia.

Ni el Ministerio Público ni el presidente salvadoreño Nayib Bukele han comunicado acciones en contra de los funcionarios actuales señalados por Estados Unidos.