Tras el triunfo electoral de Donald Trump en  Estados Unidos, analistas y activistas promigrantes   han advertido que  quien están de forma  irregular en el país norteamericano podrían encontrarse en problemas de cara a los programas que implemente el republicano.

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca está llamado a remodelar la política exterior de Estados Unidos, prometiendo cambios potencialmente radicales en múltiples frentes, uno de los cuáles es la migración.

La primera presidencia de Trump se caracterizó por políticas migratorias agresivas. Y prometió ir aún más lejos de regresar a la Casa Blanca. Declaró que el primer día de su mandato “comenzará la mayor operación de deportación interna en la historia de Estados Unidos”.

El republicano, entre otras medidas,  se ha comprometido a poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados.

Óscar Chachón, asesor de estrategias de Alianza Américas, señaló en una entrevista televisiva que existen dudas sobre cuánto de lo que Donald Trump prometió en campaña se podría volver programa de gobierno, refrente a su promesa de deportación  masiva.

“Hay que conectar un documento conocido como ‘Proyecto 2025’, que es un documento de plan de gobierno, y el vicepresidente electo, J. D. Vance, ha afirmado que quieren impulsar una deportación que pudiera afectar a 25 millones de personas, lo cual es una cifra ridícula; pero sí refleja la idea que, desde su perspectiva, las personas que no encajan con la manera que ellos definen la identidad de la nación... son personas indeseables”, explicó el analista.

Gonzalo Mercado, director de programas transnacionales de la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON, por sus siglas en inglés), dijo  que el hecho que Trump posea, no solo el Congreso estadounidense, sino  también a las cortes, provocaría que el republicano no tenga “ningún freno en realizar su agenda”.

“Un tema que preocupa mucho es que si realmente se van a hacer estas deportaciones masivas. ¿Están preparados los gobiernos receptores para recibir a los miles de personas migrantes? ¿Existe una política pública de retorno en países como Guatemala, Honduras o El Salvador”, cuestiona el analista.

Arnoldo Díaz, activista en pro de los migrantes y tepesianos, dijo temer por el futuro de quienes gozan del Estatus de Protección Temporal (TPS , por sus siglas en inglés).

En junio de 2023, el gobierno de Joe Biden extendió el plazo para los permisos de trabajo para quienes residieran en el país sin un estado migratorio regulado. El plazo se amplió por 18 meses, y este vencería en marzo del próximo año, 2025.

Según Diaz, Trump podría continuar con esa política afectando a los beneficiarios del TPS:  “El resto de los tepesianos va a ser parte del ataque de deportación. Ya prometió que va a deportar a más de 25 millones de inmigrantes. No creo que tengan la capacidad para deportar a esa cantidad  porque el costo es astronómico, pero los objetivos más vulnerables son quienes están con el TPS”, explicó Díaz.

Chacón coincidió en que los beneficiarios del TPS serían los primeros afectados: “Ya han anunciado que van a cancelar DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia ), los TPS y cualquier otra forma temporal en la que viven cientos de miles  de personas en Estados Unidos”.

Agregó que eso es motivo de preocupación porque “las economías en Latinoamérica dependen enormemente de la migración, no solo por las remesas”.

Sobre el DACA, el experto de Alianza Américas dijo que hay cerca de medio millón de personas beneficiadas con ese programa que están en riesgo por  ser “mucho más fácil de quebrantarse; ya que este no tiene un sustento tan sólido en la ley migratorio como el TPS”.

“Trump como presidente intentó ponerle fin a ambos programas, y todo esto está en riesgo”, reiteró Chacón.