El oficialismo en la Asamblea Legislativa aprobó un paquete de leyes que otorga al Banco Central de Reserva (BCR) la facultad de prohibir o limitar el pago de intereses, bonificaciones o comisiones a los ahorrantes en bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito.

Estas disposiciones, incluidas en la Ley de Bancos Cooperativos y la Ley Especial de Sociedades de Ahorro y Crédito, buscan regular y mejorar el funcionamiento de las cooperativas en el país, pero han desatado cuestionamientos por su posible impacto en los derechos de los usuarios.

El economista Rafael Lemus señaló que esta legislación parece responder a los problemas legales surgidos con la intervención de la Cooperativa Santa Victoria (COSAVI), en la cual la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) suspendió devoluciones de depósitos y el pago de intereses sin una base legal clara.

“No es usual, no existe en ninguna legislación del mundo que el banco central le diga a la institución que no pague intereses por equis razón; eso es una locura”, afirmó Lemus, añadiendo que esta normativa deja “un gran margen de discrecionalidad” y no resuelve los problemas legales del pasado.

Según Lemus, con esta legislación dejan cuestiones críticas sin resolver.

“El problema de esta regulación es el pasado (…). Si uno se pone más realista, hay varias cooperativas que tienen problemas, no solo COSAVI. ¿Dónde está la facultad para decidir que no se devuelva el dinero o no se paguen intereses?”, cuestionó el economista, refiriéndose al vacío legal que permitió que la Superintendencia interviniera esta cooperativa sin claridad normativa.

Claudia Ortiz, diputada de Vamos, criticó la falta de garantías en el contexto actual de El Salvador, señalando que estas facultades generan preocupación debido al abuso de poder que puede existir. 

“Lo que hay que hacer es estar atentos de cómo se usan estas facultades (…). En el contexto en el que estamos, cuando una ley da esa facultad, llama la atención porque uno empieza a hacerse los escenarios de cómo podría abusar del poder”, indicó la parlamentaria de Vamos.

“En un Estado de derecho estas facultades no llamarían tanto la atención (…), pero uno empieza a hacerse los escenarios de cómo podría abusar del poder en detrimento de los derechos de la gente”, advirtió Ortiz, quien instó a vigilar el uso que se le dé a esta legislación.

Marcela Villatoro, diputada de ARENA, sostuvo que esta reforma busca legitimar lo que ya ocurre con COSAVI, donde los ahorrantes no han recibido intereses ni respuesta sobre sus depósitos.

Según Villatoro, el gobierno estaría utilizando esta situación como modelo para aplicarlo a otras cooperativas con problemas financieros: “Es una forma para ellos de legalizar lo que ya se estaba haciendo con COSAVI (…), pero no les están respondiendo a las personas”, afirmó.

Según Villatoro, la situación refleja una estrategia gubernamental que podría extenderse a otras cooperativas en problemas. “Es una forma de aplicar el ejemplo de esta cooperativa a todas las demás (…). Están buscando una salida fácil para no responderles a las personas, aunque el dinero sí está y se les podría pagar, pero están buscando una salida que es la más fácil para ellos”, afirmó, cuestionando la gestión de los fondos y la falta de transparencia en los procesos.

Agregó que la SSF tampoco ha sabido responder a los usuarios de COSAVI.

Estas nuevas leyes han generado debate entre economistas y legisladores por las implicaciones para los derechos de los depositantes y la seguridad jurídica en el sistema financiero salvadoreño.

La falta de claridad sobre las facultades de la SSF en situaciones como la intervención de cooperativas sigue siendo un punto crítico.

La Fiscalía General de la República mantiene un caso penal abierto desde mayo pasado contra COSAVI  por supuesta defraudación a la economía pública por 35 millones de dólares. Además, de los delitos de lavado de dinero y agrupaciones ilícitas, lo que ha dificultado que los usuarios retiren sus ahorros.