De los 32 Centros de Atención a la Primera Infancia autorizados, ninguno ha sido instalado por las alcaldías. Concejos no han abordado el tema y han optado por las otras modalidades contempladas en la ley.
A más de un año de la entrada en vigor de la Ley Crecer Juntos, las alcaldías salvadoreñas han avanzado poco en la implementación de Centros de Atención a la Primera Infancia (CAPI), a pesar que la normativa establece la responsabilidad de los gobiernos locales en la creación y funcionamiento de estos espacios.
Según información del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA), hasta la fecha hay 32 CAPI autorizados para operar en el país, pero ninguno ha sido instalado directamente por alguna de las 44 municipalidades. En su lugar, los concejos municipales han optado por modalidades alternativas, como la adecuación de espacios preexistentes o la contratación de servicios privados, lo que ha generado preocupación entre trabajadores y expertos en el tema.
La Ley Crecer Juntos, aprobada en 2022 y en vigor desde 2023, establece que el Estado debe garantizar el desarrollo integral de la primera infancia, lo que incluye el acceso a espacios seguros y adecuados para el cuidado de niños desde los 45 días de nacidos hasta los cuatro años.
En este marco, la normativa obliga a las alcaldías a instalar y administrar CAPI o, en su defecto, garantizar que las familias tengan acceso a alternativas adecuadas. Sin embargo, hasta la fecha, ninguna de las 44 municipalidades ha cumplido con esta disposición.
El artículo 191 de la ley es claro en que las alcaldías deben coordinarse con el Gobierno central para la implementación de estos centros, ya sea mediante la habilitación de infraestructuras propias, convenios con instituciones privadas o asociaciones con organizaciones comunitarias. No obstante, muchas comunas ni siquiera han abordado el tema en sus sesiones de concejo, lo que evidencia la falta de un plan concreto para cumplir con la normativa.
En algunas municipalidades, la implementación de los CAPI ha sido más bien un proceso de adecuación de espacios existentes, en lugar de la crear nuevos.
En San Miguel Centro, la alcaldía ha optado por remodelar una guardería municipal para convertirla en CAPI. El alcalde Alex Torres explicó que el proceso de autorización inició a finales de 2024, pero en enero de este año recibieron observaciones sobre infraestructura, como la necesidad de ampliar puertas, mejorar baños con accesibilidad para niños con discapacidad e incluir un lactario.
“Ya hemos superado el 90% de las observaciones y esperamos culminar a mediados de marzo para que se realice una nueva inspección y nos autoricen el lugar”, detalló Torres.
La inversión municipal ha sido de $40,000 en mejoras y en la contratación de cinco personas para atender a los menores. Actualmente, hay 27 niños registrados, todos hijos de empleados municipales. Se espera que el CAPI tenga capacidad para 100 niños, con cupos reservados para la comunidad y empresas privadas.
Sin embargo, otras municipalidades presentan un panorama de mayor incertidumbre.
En Zacatecoluca, trabajadores de la comuna aseguran no haber recibido información sobre los CAPI ni sobre sus beneficios. “Aquí no nos han informado de ese beneficio, ni siquiera sabíamos que ya estaba vigente”, afirmó una empleada municipal bajo anonimato.
En Usulután Este, algunos empleados han recibido información parcial sobre la ley, pero sin claridad sobre la apertura de un CAPI. Un trabajador mencionó que el año pasado su hijo asistió a la parvularia municipal, pero este año tuvo que ser trasladado a una escuela pública debido a la remodelación del Centro de Bienestar Infantil donde funcionaba esta.
En Ahuachapán, la respuesta de los funcionarios ha sido limitada. El alcalde de Ahuachapán Sur, Hugo Torrento, respondió: “Esa información no la tenemos por el momento”, y colgó la llamada.
Mientras tanto, en Santa Ana Oeste, la alcaldía anunció que destinará $55,000 para adecuar un espacio en el distrito de Chalchuapa, pero aún no se define una fecha exacta para su funcionamiento.
Cayetano Cruz, concejal de San Salvador Este, afirmó que el tema de CAPI es algo que no se ha abordado dentro de las reuniones de concejo municipal.
“Lamentablemente, nunca se ha llevado un punto relacionado con los CAPI al concejo. Pensé que en alguna sesión se iba a abordar el tema, pero oficialmente no se ha discutido nada al respecto”, afirmó.
A pesar que la Ley Crecer Juntos establece la obligatoriedad de los CAPI en las alcaldías, la normativa también permite que los gobiernos locales implementen otras modalidades para apoyar a los empleados con hijos en primera infancia. En este sentido, algunas municipalidades han optado por alternativas como los Centros de Bienestar Infantil (CBI), que cumplen con ciertos estándares de atención para la niñez. Entre las alcaldías que han mencionado contar con estos espacios están Santa Ana Centro, la cual asegura que sus CBI ya cumplen con los requisitos de la ley y cuentan con certificaciones de Crecer Juntos y CONAPINA.
La alcaldía de Sonsonate Centro dijo que cuentan con dos CBI disponibles en los distritos de Sonsonate y Santo Domingo de Guzmán y que estos cumplen con los requisitos de los CAPI y con las certificaciones de Crecer Juntos y CONAPINA.
Uno de las municipalidades que en el pasado había implementado con éxito programas para la primera infancia es Santa Tecla, pero en la actualidad estos han sido desmantelados.
La concejal Beatriz Harrison, quien fue jefa de Niñez y Adolescencia en el municipio entre 2015 y 2021, explicó que durante su gestión se crearon siete centros de primera infancia, con apoyo de Plan Internacional y otras organizaciones.
“Teníamos centros con médicos, enfermeras, alimentación y estimulación temprana, pero la administración actual los cerró”, afirmó.
Harrison detalló que estos centros funcionaban con un enfoque integral, ofreciendo desde lactarios hasta programas de estimulación sensorial y transporte para niños de familias trabajadoras. “Nosotros teníamos una estructura bien organizada, con seguimiento a los niños desde los primeros meses hasta su ingreso a la primaria”, explicó.
Sin embargo, tras el cambio de administración en 2021, los centros fueron cerrados y convertidos en bodegas o utilizados para otros fines.
“La guardería del mercado Dueñas ahora es una bodega. La del Mercado Central fue usada un tiempo como área de odontología y luego quedó abandonada. La biblioteca infantil fue cerrada y los libros fueron empaquetados y trasladados al Palacio Tecleño”, lamentó la concejal.
Para Harrison, la implementación de la Ley Crecer Juntos podría haber servido para recuperar estos proyectos municipales en beneficio de la niñez, pero considera que no hay voluntad política.
“Ahora lo que quieren hacer es una guardería solo para empleados municipales, pero el servicio a la comunidad se ha abandonado por completo”, criticó.
El incumplimiento de la Ley Crecer Juntos por parte de las municipalidades no solo representa una omisión de sus responsabilidades legales, sino que también deja en desprotección a miles de familias trabajadoras que dependen de estos servicios para poder mantener sus empleos.
Este medio buscó a la alcaldía de San Salvador Centro y de La Libertad Sur para conocer su situación actual respecto al tema, pero no hubo respuesta.
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