La Asamblea Legislativa aprobó disposiciones transitorias para que personas que hayan obtenido armas y no hayan efectuado su proceso de inscripción acorde a la ley, puedan hacerlo sin incurrir en ningún tipo de responsabilidad penal.

Las disposiciones, cuestionadas incluso por un asesor del Ministerio de Seguridad, fueron propuestas por Nuevas Ideas, bajo el argumento que la población se armó para ejercer su derecho de legítima defensa ante la situación de criminalidad que se vivía en el país.

Sin embargo, pese a lo anterior, la normativa no tuvo ninguna discusión técnica dentro de la comisión de seguridad, en la que únicamente hay representación del partido Nuevas Ideas.
Lo anterior, debido a que, aunque la comisión acordó que citaría a representantes del gabinete de seguridad, ninguno se presentó a la comisión.

La iniciativa fue recibida por el pleno legislativo el 12 de junio. Un día después, la  comisión acordó citar al fiscal general de la República, al director de la PNC, así como a los ministros de Defensa y de Seguridad, para recabar insumos.

Pese a lo anterior, hasta esta fecha, cuatro meses después, ninguno de los funcionarios asistió a la comisión y tampoco se envió ninguna opinión que fuera hecha pública por los legisladores cian.

 “Si se supone que estamos en un ambiente de seguridad, la gente no tendría por qué tener armas. Lo que debería hacerse es entregar las armas y destruirlas, ¿para qué una población armada?”. Marcela Villatoro, diputada de ARENA.

Por el lado del Ejecutivo, la única opinión pública conocida fue la que emitió el asesor del Ministerio de Seguridad Ricardo Sosa, quien, el 24 de septiembre, criticó las disposiciones e inclusive dijo que eran “contrarias” al espíritu y al trabajo del Plan Control Territorial.

“En qué abona a El Salvador que la Comisión de Seguridad y Justicia de la Asamblea pretende emitir decreto transitorio para legalizar armas irregulares, que los ciudadanos tienen en su poder ocultas, que han sido adquiridas en condiciones sin cumplir la Ley? No se necesitan más armas de fuego en poder de la población. Es una clara contradicción a la estrategia del Plan Control Territorial y un mal ejemplo de legislaturas anteriores”, tuiteó Sosa, en septiembre.

Pese a lo anterior, los diputados de Nuevas Ideas insistieron en las disposiciones y únicamente le hicieron una modificación a la versión original de estas. Esa modificación consiste en que las personas deben portar una declaración jurada ante notario en la que expresen que harán uso de las disposiciones. Esto, para que en caso de ser detenidos por la PNC mientras portan las armas ilegales, sean llevados por la misma autoridad hacia el lugar donde se realiza el trámite.

Las disposiciones tendrán una duración de 90 días. Para inscribir el armamento, las personas tendrán que cumplir con los requisitos contemplados en la ley de control y regulación de armas de fuego, exceptuando únicamente la presentación de la factura de pago del arma.

Los diputados Caleb Navarro y Alexia Rivas (ambos de Nuevas Ideas) señalaron la necesidad de la inscripción de estas armas para que el Estado tenga control de las armas en circulación.

Mientras, la diputada Marcela Villatoro (ARENA) cuestionó la iniciativa al considerar que debería apostarse por un desarme, debido a que si el gobierno asegura que hay un ambiente de seguridad, la circulación de armas es un riesgo.