Desde marzo de 2017, en El Salvador está prohibida la minería metálica tanto en el suelo como en el subsuelo del país, gracias a la aprobación de la ley en la materia, en una votación que contó con el respaldo de varios partidos, incluyendo a ARENA, FMLN, GANA, PCN y PDC.

La iniciativa se aprobó con 69 votos a favor y ninguno en contra. A favor de ella votaron legisladores que hoy simpatizan con Nayib Bukele, como Guillermo Gallegos (GANA) o Reynaldo Cardoza (PCN). Y como firmante de la iniciativa también aparece el nombre de Serafín Orantes (PCN) junto a otros como el del mismo Gallegos, y legisladores del FMLN como Lorena Peña, Medardo González, Karina Sosa, Manuel Flores, entre otros.

La normativa cuenta con 11 artículos. Y once fueron también los años que el tema pasó en discusión luego que la primera propuesta de ley del tema fuera introducida en la Asamblea en 2006, y que tenía por objetivo derogar la Ley de Minería vigente desde 1995.

Luego, en 2011, en la gestión de Mauricio Funes, los ministerios de Economía y de Medio Ambiente presentaron una propuesta para suspender procedimientos administrativos relacionados con la minería, y organizaciones de la sociedad presentaron un nuevo proyecto en que se pedía suspender la minería metálica.

La discusión del tema demoró hasta la legislatura 2015-2018, que fue la que emitió el dictamen favorable para la aprobación de la ley. En los considerandos de la misma se enumeraban cuatro grandes justificantes para aprobar la normativa:

• Que El Salvador es firmante de una serie de Tratados e Instrumentos Internacionales relativos a la protección de la salud y el medio ambiente
   
• Que en el año 2010, el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, clasificó a El Salvador como el segundo país de mayor deterioro ambiental en Las Américas después de Haití. Por lo que la minería metálica, debido a su impacto ambiental en el recurso agua, se convierte en una amenaza para el desarrollo sostenible y bienestar de la familia salvadoreña
   
• Que las actividades de exploración y explotación de minería metálica, constituyen un atentado a la salud de los habitantes del país, acarrea severos riesgos para el ambiente, caracterizándose por poner en peligro bosques, suelos y recursos hídricos, por el drenaje ácido, metales pesados y desechos altamente tóxicos, como mercurio, cianuro y otros; y por consumir cantidades importantes de agua en todas sus fases de operación, con la probabilidad de destruir paisajes, contaminar el aire y generar conflicto social, y…
   
• Que la Evaluación Ambiental Estratégica del Sector Minero Metálico, realizada en 2011, por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, concluyó que las condiciones de vulnerabilidad en El Salvador, suponen una barrera importante a la posibilidad que el país pueda garantizar una minería metálica eficaz en el control de sus riesgos e impactos ambientales y sociales, y lograr una contribución positiva al desarrollo social y económico del país.

La ley contiene 11 artículos, en los cuales se regulan detalles como:

• Prohibir la exploración, extracción, explotación y procesamiento, ya sea, a cielo abierto o subterráneo.
   
• Prohibir el uso de químicos tóxicos, como cianuro, mercurio y otros, en cualquier proceso de minería metálica
   
• Prohibición a todas las instituciones del país para que ninguna institución, norma, acto administrativo o resolución pudiera autorizar la exploración, explotación, extracción o procesamiento de minerales metálicos en El Salvador u otorgar licencias, permisos, contratos o concesiones para esos mismos fines
   
• Suspensión de procedimientos de licencia o de concesiones que estuvieran en proceso al momento de la aprobación de la ley
   
• Cierre de minas metálicas y remediación de daños ambientales 
   
• Derogatoria de la Ley de Minería

Asimismo, la ley establecía solo una excepción en su aplicación. Esta era “El trabajo artesanal de fabricación, reparación o comercialización de joyas o productos de metales preciosos”.

Además, la normativa derogó la Ley de Minería vigente desde 1995 en el país.