Un día después de conocerse la decisión de repetir el juicio contra los líderes ambientalistas de Santa Marta, organizaciones de sociedad civil que apoyan a los acusados salieron al paso para analizar la resolución de la Cámara de Cojutepeque y aseguran que hay una criminalización de quienes se oponen a la minería en la zona norte de Cabañas.

En un comunicado leído en conferencia de prensa este miércoles 27 de noviembre, sostiene que "la Cámara no actuó de manera independiente y resolvió cumpliendo los deseos de la Fiscalía".

Añaden que los magistrados Santiago Alvarado Ponce y José María Zepeda Grande, de la Cámara de Cojutepeque, utilizaron un formalismo "como pretexto para anular el fallo absolutorio".

Saúl Rivas, uno de los líderes acusados y quien también es abogado, expuso que los magistrados alegan que las juezas de Sentencia de Sensuntepeque, que dieron la absolución el 18 de octubre, "no conocieron el fondo de las pruebas presentadas para determinar o no la existencia del delito", sino que sólo resolvieron el caso alegando la prescripción del presunto crimen.

Ovidio Mauricio, de Tutela Legal "María Julia Hernández", consideró que los magistrados incluso pudieron cometer el delito de prevaricato con esta decisión, al considerar que es una decisión injusta. "Ellos no están exentos de una denuncia", expuso.

El nuevo juicio se realiza en el Tribunal de Sentencia de San Vicente y los cinco líderes acusados deberán ir a firmar a esa instancia cada mes, hasta que se programe la audiencia de vista pública.