La Secretaría de Prensa de la Presidencia, a cargo de Ernesto Sanabria, pagó los salarios de decenas de sus comunicadores usando recursos de ministerios, autónomas y alcaldías gobernadas por Nuevas Ideas. Audios filtrados, cheques y facturas revelan que los empleados incluso recibieron sus pagos a través de empresas privadas contratistas del Estado.
El 2 de mayo de 2023, la Secretaría de Prensa notificó el cese de sus servicios a unos 150 empleados porque la dependencia de Casa Presidencial de El Salvador se quedó sin fondos para mantener salarios que iban entre los $800 y $2,000 mensuales. Muchos de estos trabajadores, sin embargo, no tenían siquiera contratos formales con la Presidencia de la República.
Aunque el número de empleados adscritos a la Secretaría de Prensa y a la Secretaría de Comunicaciones superó los 300 en 2022, según la Ley de Salarios y las remuneraciones por contrato reportadas por la Presidencia; estos se redujeron drásticamente en los últimos dos años, sobre todo en el caso de la Secretaría de Prensa, a cargo de Ernesto Sanabria.
El audio de una reunión privada en la que fueron despedidos decenas de empleados así como entrevistas realizadas por LA PRENSA GRÁFICA a empleados y exempleados de Capres, revelan la supuesta falta de fondos dentro de la Secretaría de Prensa; así como un mecanismo irregular de contratación, con pagos en efectivo y cheques expedidos por ministerios, instituciones autónomas, alcaldías e incluso empresas privadas que han sido contratistas del Estado. Este periódico consiguió copias de cheques y facturas que confirman estos movimientos desde Casa Presidencial.
“No hay cómo pagar sus salarios, esa es la cuestión. Mi jefe me explicó un par de cosas: que la situación se ha complicado a tal punto que —perdónenme, pero no sé cómo decirles esto— pero llegarían hasta el día de hoy”, dijo uno de los gerentes de la Secretaría de Prensa a un grupo de empleados de Capres que fueron despedidos el 2 de mayo de 2023.
El jefe al que se refiere es Ernesto Sanabria, un reconocido operador político de Bukele desde su época como alcalde de San Salvador, entre 2015 y 2018. Sanabria se dedicó a asesorar la campaña presidencial de Nayib Bukele entre 2018 y 2019; pero una década atrás, también lideró la campaña que llevó a la presidencia a Antonio Saca, quien cumple una condena por desfalcar al Estado en $300 millones.
Este periódico buscó en varias ocasiones hablar con el secretario de Prensa, Ernesto Sanabria, sobre el tema. La primera vez fue el 21 de agosto pasado a través de mensajes de texto a su celular; pero no hubo respuesta. Seis días después, el 27 de agosto, también se intentó comunicar por medio de la aplicación WhatsApp y por llamadas a su teléfono móvil; pero tampoco atendió las llamadas ni respondió los mensajes. Lo mismo ocurrió el viernes 30 de agosto pasado, en un nuevo intento de este periódico por obtener la postura del secretario Sanabria sobre la forma irregular de contratar a sus empleados.
“No hay cómo pagar sus salarios, esa es la cuestión. Mi jefe me explicó un par de cosas: que la situación se ha complicado a tal punto que —perdónenme, pero no sé cómo decirles esto— pero llegarían hasta el día de hoy”, dijo uno de los gerentes de la Secretaría de Prensa.
El gerente continúa. “Se ha buscado de todas las maneras posibles mantenerlos acá; desde septiembre (de 2022) hemos buscado la forma de cómo sostenerlos. Ustedes iban a entrar a una planilla que iba a crearse en Bomberos, que ahora será una autónoma; pero no sé qué ha pasado”, explica a sus empleados.
Los trabajadores a los que se dirige forman parte de un grupo de más de 100 comunicadores de Casa Presidencial, el Ministerio de Gobernación y otras instituciones del Estado que fueron cesados ese mismo día, según revela él mismo en el audio.
Reconoce, además, que hasta ahora este grupo de empleados no ha logrado una plaza fija en Capres y, aunque trabajan para Sanabria, han tenido que justificar sus salarios con la venta de servicios profesionales a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). Admite que los contratos de este equipo están valorados en unos $30,000 al mes.
“Ustedes iban a entrar en una planilla que Bomberos se va a convertir en una autónoma, es decir, ya no iba a depender de Gobernación (...) ¿qué ha pasado? No sé, porque iban a integrar esa planilla y siempre iban a quedar destacados en Capres. En reuniones nos habían dicho que iban a estar muchísimo mejor de como habían estado en ANDA, ustedes saben que prestaciones tenían”, dijo.
El gerente, que no ha sido identificado por motivos de seguridad, dijo con angustia que en dos ocasiones el mismo Sanabria ha pagado a los empleados “de su propio bolsillo” por esta falta de fondos en la Presidencia. “Pero se ha complicado la cuestión, y ha llegado un punto en que es insostenible”, aclaró.
Los testimonios de cinco exempleados de la Secretaría de Prensa que bajo la condición de anonimato hablaron con este periódico, confirman que sus salarios fueron financiados en más de una ocasión por instituciones del Estado totalmente diferentes para la que laboraban.
Uno de los empleados, que habló con LA PRENSA GRÁFICA en condición de anonimato, explicó que él tuvo contratos con dos instituciones diferentes, e incluso recibió gafetes de las mismas; sin embargo, se presentaba a trabajar diariamente a la Secretaría de Prensa. Decenas pasaron por lo mismo, asegura.
“Tuvimos contratos con estas instituciones, y cuando se terminaron esos contratos nos pagaban en efectivo nuestro sueldo”, dijo la fuente. Esta modalidad de contratación y pago también fue confirmada por otros cuatro empleados más.
Entre las instituciones donde fueron contratados estos trabajadores están la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, y la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, en Casa Presidencial; así como las alcaldías de Chinameca y Zaragoza, gobernadas hasta abril de 2024 por Nuevas Ideas.
De aquella reunión del 2 de mayo de 2023, varios empleados cesados salieron con un cheque en sus manos. Uno de ellos fue emitido ese mismo día por el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, por un total de $837.05 con fondos de la cuenta 5900557787 del Ministerio, en el Banco Agrícola.
El receptor de este cheque, sin embargo, no laboró para la institución. “Nos habían dicho que nos iban a dar contratos, pero con otros ministerios, aunque siempre íbamos a trabajar para Capres”, aseguró la fuente.
El trabajo de los empleados que estaban en el área de comunicaciones consistía principalmente en dar seguimiento de las publicaciones de los medios, así como alimentar las redes sociales de la Secretaría de Prensa y editar videos que se colgarían en los sitios web de Capres.
Sin embargo, en ocasiones, estos trabajadores debían acudir a cubrir actividades de la institución que financiaba su salario. Mientras desempeñaban esta labor, tenían prohibido portar algún tipo de identificación que los vinculara con Casa Presidencial.
Así lo recuerda uno de los empleados de Capres contratado por ANDA. Recuerda que trabajó para dicha institución hasta que un empleado administrativo de ANDA ordenó que se dejaran de pagar salarios externos. La explicación que recibió fue simple: podían enfrentar reparos de la Corte de Cuentas de la República (CCR).
La evidencia de estos pagos, sin embargo, ha sido resguardada con precaución. Según los empleados consultados, la secretaria encargada de entregar el dinero o cheques pedía su firma en un recibo del que nunca obtuvieron una copia. Todos quedaban en poder de la institución.
El exalcalde de Chinameca por el partido Nuevas Ideas, José Dolores Mejicanos, negó que su administración financiara salarios del personal de la Secretaría de Prensa de la Presidencia. "Nunca se pagó salarios a personal de la Secretaría ni con fondos de la alcaldía, ni con otros fondos. Cuando nos apoyaban era como apoyo sin paga alguna, ya que la alcaldía tenía dos comunicadores de planta", dijo.
A través de personal de comunicaciones del partido Nuevas Ideas se intentó obtener declaraciones sobre el tema del exalcalde de Zaragoza, César Godoy, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
Este periódico también buscó a los titulares de ministerios y autónomas involucradas para consultar por qué se contrató a empleados para que trabajaran en otra institución; pero no hubo respuesta a la solicitud.
Los exempleados de Casa Presidencial afirman que, al terminar sus contratos en autónomas y ministerios, la Secretaría de Prensa comenzó a pagarles su remuneración a través de cheques extendidos por empresas privadas que tienen contratos con diferentes dependencias del Estado.
Hay una empresa que se repiten en estos testimonios compilados: MEC SERVICE S.A de C.V. , que aparece como titular en una serie de cheques en poder de LA PRENSA GRÁFICA, emitidos a nombre de empleados de Capres por servicios prestados a la misma. Sin embargo, según confirmaron los comunicadores, nunca trabajaron directamente para esta empresa, si no para la Secretaría de Prensa.
Los pagos a los empleados, de acuerdo con los cheques analizados por este periódico, oscilaban entre los $800 y los $1,000. A través de aplicaciones bancarias se comprobó que las cuentas pertenecen, en efecto, a esa empresa.
“A mí me llevaron, pero no tuve un contrato en Casa Presidencial. Solo me dijeron que yo estaba subcontratado y que le iba a trabajar a Capres, pero que a mí me iban a pagar de una planilla externa, en realidad nunca me dijeron de dónde”, asegura uno de los empleados en condición de anonimato.
Recuerda, sin embargo, que recibió fondos de una gama de empresas. “Me pagaban por mis servicios en la Secretaría, pero al final del mes el cheque venía desde la empresa, nunca pregunté por qué”, dijo.
Este mecanismo se repitió con la empresa MEC SERVICE. Una factura en poder de este periódico muestra la entrega de $1,000 a nombre de esta compañía para el “pago de servicios profesionales como supervisor de campo del proyecto privado ‘Dos Pinos’, para el mes de septiembre”. Esta fue emitida el 29 de septiembre de 2022, con un descuento del 10 % para el pago de renta.
Otro pago se realizó el 20 de diciembre de 2022, a través de la empresa MEC SERVICE , que extendió un cheque por $900 a uno de los empleados, a través de la cuenta bancaria número 346-301-000000116, del Banco Cuscatlán.
MEC SERVICE fue registrada como sociedad anónima ante el Centro Nacional de Registros (CNR) el 10 de octubre de 2019, con domicilio en San Salvador y un capital de apenas $2,000. Según documentos del CNR revisados por este medio, su actividad principal es la prestación de servicios mecánicos en general, de enderezado y pintura, pero también la adquisición, producción y venta de “todo tipo de bienes muebles e inmuebles, de productos incluyendo bebidas de todo tipo”.
Esta versatilidad le ha valido a MEC SERVICE ganar varios contratos con el Estado salvadoreño. En 2021, la empresa se encargó de brindar el servicio de “asistencia vial por medio de grúa” para el Viceministerio de Transporte (VMT), las 24 horas y con cobertura nacional durante 15 días, en el periodo vacacional del 16 al 31 de diciembre, por un costo de $48,916.29.
También se encargó de la venta de líquido para máquinas de humo "a utilizarse en evento ferial" con el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) por sólo $766.70, en agosto de 2023; y del “servicio de grúa para agilizar el tráfico vehicular y descongestionar las principales vías del país” con el Ministerio de Obras Públicas (MOP), un servicio adquirido por $299,947.20 el 21 de marzo de 2023.
Este periódico llamó al número de teléfono que aparece publicado en Internet adscrito a la compañía, sin embargo, nadie contestó las llamadas. Además, se intentó entrevistar a algún personero de la empresa en la dirección física que también aparece en los documentos registrados en el Centro Nacional de Registros, pero no fue posible por no encontrarse ningún representante. Este periódico dejó constancia en una carta de las intenciones de hablar con la empresa sobre el caso; pero hasta la fecha no hay respuesta positiva a esa petición.
Las instituciones públicas y empresas privadas que pagaron a los empleados de la Presidencia de la República no tienen un asidero legal para justificar la erogación de fondos para la contratación de estos. Así lo considera el abogado José Marinero, especialista en derecho administrativo y políticas públicas.
De acuerdo con Marinero, ni las alcaldías ni las instituciones autónomas como ANDA pueden asumir el sueldo de un servidor público que está trabajando para una institución del Gobierno central. Las alcaldías, explicó, deben aprobar sus propios presupuestos y contratación de empleados públicos a través del concejo municipal, específicamente para asuntos del municipio.
Según explicó Marinero, hay casos específicos en los que podría estar permitido que empleados de un ministerio diferente preste servicios a Casa Presidencial, durante un período determinado de tiempo, “el cual debería estar descrito en un convenio de cooperación entre ambas instituciones”, advirtió. Esto, por ejemplo, cuando se requiera de técnicos especializados o servicios avanzados.
“Podemos pensar en un técnico cuyos conocimientos son necesarios para alguna institución, algo que sólo este empleado puede hacer. Hubo técnicos que se pasaban de un ministerio a otro temporalmente porque reúnen habilidades especiales que el otro ministerio necesitaba, como un especialista en datos; pero difícilmente puede explicarse si es una práctica recurrente”, explica.
En lo que corresponde a quién paga los servicios, según el abogado, “tendría que haber una razón de ley para hacer ‘préstamo’ de un servidor público, sobre todo cuando se trata de servicios permanentes”, pero “esto evidentemente es el pago de un salario de un servidor público cuya función está destacada en otra institución”, dijo.
En el caso de las empresas que han pagado salarios para Capres, Marinero aseguró que podría tratarse de un “donativo” al Estado salvadoreño, pero estas deberían hacerse públicas y ser reportadas al Ministerio de Hacienda. “En todo caso, un donativo no llega a través de cheques entregados directamente a los empleados”, agregó.
Desde junio de 2019, al asumir la presidencia Nayib Bukele, la Secretaría de Prensa contrató a cientos de trabajadores para las áreas de limpieza, comunicaciones y motoristas para laborar en dichas oficinas bajo la modalidad de “servicios profesionales”, un mecanismo de contratación que no obliga al empleador a pagar prestaciones de ley.
Esta modalidad de contratación tiene menos controles, debido a que no se reporta en la Ley de Salarios presentada por cada institución del Estado ante la Asamblea Legislativa, que debe aprobar cada año las contrataciones que harán las entidades públicas, junto al Presupuesto General de la Nación.
Uno de los exempleados entrevistados por este medio explicó que este tipo de contratación era común entre los empleados de la Secretaría de Prensa de la Presidencia, sobre todo al ingresar a la institución. “Uno aspiraba a que con el tiempo le saliera la plaza, a varios les salió pero no a la mayoría”, dice.
En los años 2020, 2021 y 2022, la Secretaría de Prensa no fue incluida en la Ley de Salarios de la Presidencia, y documentos publicados en el Portal de Transparencia dan cuenta de la adquisición de servicios por contrato de más de un centenar de empleados.
En 2020, las contrataciones por esta modalidad eran 105, en 2021 subieron a 113, y en 2022 disminuyeron levemente a 109. Para 2023 y 2024, la institución no ha actualizado su información pública.
La Secretaría de Comunicaciones, en cambio, reporta contrataciones tanto en planilla como por servicios profesionales. En 2020, se contrataron 232 personas, 96 de estas por ley de salario; en 2021 fueron 245, 71 vía salarios; y en 2022, los contratos subieron hasta 260, de los cuales 41 fueron incluidas en la planilla.
En 2023 y 2024, la Secretaría de Comunicaciones no reportó contrataciones por servicios profesionales, pero la Ley de Salarios detalló la contratación de 26 y 25 personas cada año, respectivamente.
De los 150 empleados despedidos el 2 de mayo de 2023, no todos recibieron indemnización debido a esta modalidad de contrato, que consiste en una venta de servicios. Quienes sí estaban en la planilla de Casa Presidencial, además, se quejan del impago de salarios y prestaciones de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y Seguro Social.
“Primero no nos pagaban al día, no habíamos firmado contrato de nada. Luego nos empezaron a dar contratos que duraban dos o tres meses, sin prestaciones y sin nada”, aseguró a sus empleados uno de los gerentes de la Secretaría de Prensa, en el audio filtrado a este medio. “Gracias a Dios ahora se ha ido normalizando, y se ha buscado cómo pagarles, como sea… lástima que ya no se pueda”, remató.
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