El equipo técnico de la comisión de tecnología, turismo e inversión de la Asamblea Legislativa rechazó este día recibir un escrito en que la diputada Claudia Ortiz (Vamos) solicitó le fuera entregada la agenda a desarrollar en la reunión de la respectiva comisión convocada para este martes, argumentando que “no estaban autorizados para recibir documentos”.

Ortiz solicitó la agenda una hora y media antes de la convocatoria de la comisión. Indicó que esto es para tener conocimiento de los temas que se había dispuesto discutir, así como para prepararse mejor de cara a los expedientes que la comisión tuviera a bien ver. Esto, tomando en cuenta que la comisión tiene 22 expedientes pendientes de estudio, según el último informe trimestral de su trabajo, correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2024.

“Hemos enviado una nota a la presidencia de la comisión y el equipo de asesoría técnica para solicitar la agenda. La sorpresa que nos hemos llevado es que la asesora técnica nos ha mencionado que no están autorizados a recibir ninguna correspondencia en la comisión. Tener la agenda es parte de mis derechos establecidos en el reglamento de la Asamblea de poder contar con toda la información que me permita ilustrarme sobre las iniciativas de ley que se discuten y conocer la agenda de hoy en la que supuestamente se va a discutir una ley, me ayuda a prepararme para hacer un análisis de la ley y conocer la información sobre la que quiero indagar”, explicó Ortiz.

Este medio consultó con una fuente de la Asamblea que tiene conocimiento del funcionamiento administrativo de la misma, y esta dijo desconocer que hubiera alguna orden emanada desde junta directiva o desde la Gerencia de Operaciones Legislativa (GOL) para que se prohíba a las comisiones recibir documentos o correspondencia, por lo que la decisión de no admitir la petición de la diputada Ortiz y no entregarle la agenda del día antes de la reunión de la comisión no tendría respaldo en una orden directiva.

Sin embargo, pese a ello, Ortiz vio con recelo el rechazo de los equipos técnicos de las comisiones a recibir documentos, sobre todo porque eso implicaría la posibilidad de que correspondencias elaboradas por la ciudadanía también sean rechazadas y la Asamblea se niegue a recibirlas. Esto último, en un contexto en que actualmente se lleva a cabo a nivel nacional una recolección de firmas para pedir a la Asamblea la derogatoria de la Ley de Minería.

“Se está violentando el derecho constitucional de petición y respuesta que está en el Art. 18 de la Constitución, que todo ciudadano tiene derecho a dirigirse de forma respetuosa y por escrito a autoridades y de recibir una respuesta de lo que está pidiendo por escrito. Yo pido una agenda, pero lo mismo le han hecho a otras personas que vienen a la Asamblea a pedir audiencia a la comisión por un tema que se está discutiendo, o que le quieren pedir a una comisión que reactive un proyecto de ley. Estamos pasando a un nivel más grave de falta de procesos democráticos en este órgano de Estado”, lamentó Ortiz.