La sesión de la comisión política de la Asamblea duró poco más de 20 minutos, y, sin discutirla, fue dictaminada la ratificación de la reforma al artículo 210 de la Constitución que elimina la deuda política.
La comisión política de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para la ratificación de la reforma constitucional que elimina la deuda política, establecida en el artículo 210 de la Constitución de la República. La sesión, que duró poco más de 20 minutos, aprobó sin discusión el dictamen que será sometido a votación en el pleno legislativo.
El presidente de la Asamblea Legislativa y de la comisión política, Ernesto Castro, reiteró la postura oficialista sobre la reforma y justificó la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos. “Consideramos que por justicia social, cada partido político debe financiar sus campañas electorales sin esperar una retribución por parte del Estado por los votos obtenidos”, afirmó.
El expediente, presentado por diputados de Nuevas Ideas, busca ratificar el acuerdo de reforma constitucional emitido el 12 de febrero de 2025. Según el procedimiento establecido en el artículo 248 de la Constitución, la reforma puede ser ratificada por una nueva legislatura con dos tercios de los votos o por la misma legislatura con el respaldo de tres cuartas partes de los diputados electos, es decir, 45 votos.
Durante la sesión, la diputada Alexia Rivas, de Nuevas Ideas, enfatizó que la eliminación de la deuda política responde a una demanda de la población y a un compromiso del oficialismo.
“Esto es un trámite básicamente que se está haciendo dentro de la comisión, tal cual ya lo establece la Constitución. Es parte de esta misma reforma iniciada por los diferentes diputados de la Asamblea Legislativa para dar pie a la eliminación de la deuda política que todos los salvadoreños han estado esperando por muchísimos años”, afirmó la diputada.
Rivas sostuvo que esta reforma permitirá que los partidos políticos no dependan de fondos estatales. “Vamos a estar nuevamente en la historia de los salvadoreños como esos diputados que escucharon a la población, que atendieron ese llamado y que continúan apoyando al presidente Nayib Bukele en todas las iniciativas que vienen a esta Asamblea Legislativa”, agregó.
La comisión política aprobó la ratificación sin cuestionamientos ni deliberaciones sobre el impacto de la medida. Según el procedimiento, el dictamen favorable será sometido a votación en la próxima sesión plenaria, y de obtener el respaldo necesario, la reforma será publicada en el Diario Oficial. Ocho días después, entrará en vigor.
La eliminación del financiamiento público a los partidos políticos se produce en el contexto de una serie de reformas constitucionales impulsadas por el oficialismo, que han modificado el proceso de cambios a la Carta Magna. Con la reciente reforma al artículo 248, que permite a una misma legislatura aprobar y ratificar reformas constitucionales, se ha reducido la rigidez del sistema constitucional y se ha eliminado el filtro que permitía a la ciudadanía pronunciarse sobre los cambios a través de elecciones legislativas.
Organizaciones civiles y abogados constitucionalistas han advertido que la eliminación de la deuda política podría aumentar la dependencia de los partidos en el financiamiento privado, generando desigualdades en la contienda electoral y riesgos de financiamiento ilícito. “El financiamiento público evitaba que los partidos dependieran totalmente de intereses privados. Ahora, quedan todos a expensas de los financistas, lo que puede comprometer su independencia”, señaló Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana.
El abogado constitucionalista Enrique Anaya ha subrayado que la derogación del artículo 210 de la Constitución no elimina automáticamente la deuda política, ya que esta sigue regulada en leyes secundarias como la Ley de Partidos Políticos y el Código Electoral. “Si esas disposiciones no han sido derogadas, la deuda política todavía existe”, explicó.
Además, Anaya advirtió sobre el impacto de las recientes reformas en la estabilidad del sistema político. “El riesgo de inseguridad jurídica es gravísimo porque ahora pueden modificar absolutamente todo el día que quieran, de acuerdo con la necesidad o capricho del presidente Bukele. Materialmente, podrán restringir o eliminar derechos constitucionales ya conquistados”, afirmó.
El nuevo procedimiento de reformas constitucionales ha permitido que cambios como la eliminación de la deuda política se realicen en cuestión de días. Ernesto Castro afirmó que, tras la aprobación en la comisión política, la ratificación en el pleno y su publicación en el Diario Oficial ocurrirán de manera inmediata. “Si hay un acuerdo favorable el día de mañana, se manda a publicar al Diario Oficial después de cerrar la plenaria y, ocho días después, esto ya va a ser un hecho, ya va a ser una realidad”, aseguró.
Rivas coincidió en que el proceso será expedito. “Estamos todos de acuerdo. El presidente de la República fue claro, el pueblo salvadoreño fue claro. Entonces, nosotros como diputados tenemos la obligación y la responsabilidad de hacer lo que estamos haciendo. Ya los partidos políticos no van a ser mantenidos del bolsillo de los salvadoreños”, expresó.
La rapidez con la que se están realizando estas reformas ha sido señalada como un factor que debilita la deliberación democrática y la estabilidad jurídica. “Nos han privado a los ciudadanos de participar en las decisiones políticas sobre la Constitución”, ha señalado Anaya en ocasiones anteriores.
Con la inminente ratificación de la reforma, la eliminación de la deuda política se sumará a los cambios constitucionales realizados por la actual legislatura, marcando un precedente sobre la velocidad con la que pueden alterarse las normas fundamentales del país.
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